La "guerra" comunicacional por las 40 horas

"El proyecto de Camila Vallejo tiene dos artículos, tres palabras. El nuestro tiene más de 80 artículos". Esas fueron algunas de las declaraciones que dio el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para desacreditar la moción de la oposición que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, que fue aprobada ayer en la mayoría de sus artículos y hoy despachada a la sala de la Cámara de Diputados.

A primera hora, Monckeberg señaló en entrevista con radio Duna que "es un mal proyecto", que es su obligación "decir la verdad" sobre una iniciativa "ilegal" que terminará "afectando a los trabajadores". De esta manera, el secretario de Estado -y el gobierno en general endureció el tono contra iniciativa, reforzando el argumento de que corresponde a una medida inconstitucional porque irroga gasto fiscal y que va a repercutir en los empleos. De hecho, para sustentar la postura del gobierno se elaboraron una serie de minutas en Trabajo y también hoy se difundió un informe de contingencia de la Segpres.

En este escenario, Monckeberg insistió hoy en que recurrirán al TC "para que sean ellos quienes determinen con claridad que ningún Presidente de la República, que ningún parlamentario del partido que sea puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da". Luego, se trasladó al Congreso en Valparaíso, donde lamentó el despacho de la iniciativa a la sala de la Cámara.

Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera intervino en el debate en el marco de una actividad, dejando abierta la puerta, incluso, a utilizar el veto presidencial con el objetivo de frenar la moción de la oposición. "No me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos que estén a mi alcance para que se respete la Constitución", aseguró.

Casi a la misma hora -desatándose, en la práctica, una "guerra" comunicacional- la diputada Vallejo realizó dos entrevistas radiales y, posteriormente, un punto de prensa, mientras que su par Karol Cariola hizo lo propio en radio Infinita. "No nos extraña, no nos sorprende. Esa ha sido la actitud autoritaria y obstinada del poder Ejecutivo, en este caso el gobierno de Chile Vamos y el Presidente Piñera, y lo lamentamos profundamente", dijo Vallejo sobre la idea del gobierno de acudir al TC y la posibilidad de que se utilice el veto presidencial.

Además, manifestó que "han actuado con amenazas, prepotencia, irrespeto" y con argumentos que "rayan en el absurdo".

En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos también se desplegaron en el Congreso y en medios de comunicación criticando la iniciativa. "Cuando las cosas son sólo populares, pero irresponsables y quien toma la decisión no asume los costos, eso es populismo", dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a T13 Radio, mientras que su par de RN, Mario Desbordes, indicó en radio Universo que "no recuerdo en la democracia reciente momentos donde se haya abusado de las mayorías circunstanciales de la manera en que se está haciendo ahora".

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (Convergencia Social), celebraba el despacho a la sala de la iniciativa y defendía que no se haya enviado previamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara. "Esta es una moción parlamentaria, por lo que no requiere informe financiero", dijo, agregando que recurrirá ante la Comisión de Ética por las "faltas de respeto" que -dice- enfrentó ayer durante la sesión de parte del diputado UDI Patricio Melero.

En medio de este escenario de enfrentamientos entre ambos sectores, La Moneda alista el escrito que presentará al TC con el que busca frenar la iniciativa, una ofensiva que está coordinando en conjunto con Chile Vamos y, según dijo el diputado Francisco Eguiguren, lo concretarán la próxima semana, al menos por el lado de los partidos.

El Ejecutivo ha tenido que rediseñar en tres oportunidades su estrategia para enfrentar el proyecto opositor. Primero, encendieron las alarmas cuando la encuesta Cadem arrojó, hace casi un mes, un amplio respaldo ciudadano a la medida, por lo cual decidieron anunciar una indicación a su proyecto -que se encuentra en el Senado- para reducir la jornada laboral a 41 horas promedio.

Luego, decidieron -en medio de las críticas del propio oficialismo, donde algunos se plegaron, incluso, al proyecto de Vallejo- intentar postergar la discusión y enfocarse en la agenda económica para elaborar en conjunto con Chile Vamos las indicaciones, las que aún no dan a conocer. Y, finalmente, ante la determinación de la oposición de poner en tabla el proyecto para esta semana tuvieron que salir a contrarrestarla públicamente con una serie de argumentos que concluyen en que recurrirán al TC.

"¿Quiere que haga otra autocrítica? El Ejecutivo se equivocó hace dos semanas al escuchar a algunos de los partidos de Chile Vamos que le pidió frenar el proyecto nuestro, y esto por presión también de algunos empresarios grandotes", reconoció hoy Desbordes en la entrevista radial, añadiendo que "lo dije en el diario, esto un error, es una estrategia del avestruz (…) y escuché que me dijeron, a lo menos, tonto. Y la semana pasada se declaran en shock, sorprendidos, anonadados porque se pone en votación el proyecto de las 40 horas; ¿En qué planeta están?".

"Se debe rebatir esta iniciativa considerando al menos tres puntos fundamentales", es una de las frases incluidas hoy en el informe de contingencia que envía diariamente la Segpres a autoridades y parlamentarios de Chile Vamos.

Así, en ese escrito se señala que "es inconstitucional, ya que la reducción de la jornada laboral implica gasto público impactando directa e indirectamente las arcas fiscales, atribución exclusiva del Ejecutivo"; y que "indirectamente por daño colateral en la recaudación de impuestos de las empresas, por el aumento del costo laboral que implica la medida. Ascendería hasta en US$2.400 millones".

Además, se sostiene que "se atenta contra múltiples normas reglamentarias de la Cámara en tanto incumplimiento de las urgencias legislativas y citación de ayer a sesión especial de la Comisión de Trabajo, para tramitar una moción sin urgencia por sobre dos mensajes del Ejecutivo con suma y cuyo plazo de despacho de la Cámara vence el 04.09". Asimismo, se asegura que el proyecto de la oposición es "irresponsable con la economía del país, ya que impacta negativamente en el empleo. La reducción de la jornada laboral tiene un costo laboral. Eso, sumado a la escasa gradualidad y nula flexibilidad de la moción, eleva fuerte y rápidamente dichos costos afectando negativamente en hasta 300 mil empleos".

Los argumentos del informe de la Segpres van en línea con la minuta que elaboró Trabajo y con la exposición que hizo ayer Monckeberg en el marco de la discusión del proyecto. En el documento que realizó el ministerio se recalca que el proyecto fue declarado inconstitucional en 2017 por la mesa de la Cámara de Diputados y en 2013 declarada inadmisible. También se asegura que "Chile establece una jornada más corta que la mayoría de los países de Latino América" y que "en la mayoría de los países de la Ocde, incluyendo Chile, se trabajan menos horas efectivas que las reguladas".

Junto con esos argumentos, ayer el titular del Trabajo esgrimió que "hasta Chile podría verse impedido de jugar una Copa América" con el proyecto de las 40 horas de la oposición, intervención que no fue bien evaluada por el Ejecutivo, aunque algunos lo atribuyen al tenso debate que se generó.