A días de que se inicie el proceso de elecciones internas en el partido Comunes, la “bomba” detonada por Karina Oliva encendió las alertas en la colectividad y en el gobierno que, hasta ahora, mira con atención las declaraciones con que la excandidata a la Gobernación de la RM y al Senado se defendió ante el tribunal supremo de su partido en el proceso por supuestas irregularidades en la rendición de gastos de su campaña.

Este lunes, La Tercera dio a conocer los descargos presentados por Oliva tras la expulsión del partido. En el documento de 10 páginas, la exdirigenta acusó una operación política en su contra y apuntó directamente a las diputadas de su excolectividad Claudia Mix y Camila Rojas.

Oliva afirma que la única testigo que declara en su contra -presentada como prueba por la diputada Rojas en el proceso interno en Comunes- habría entregado información falsa, y sin pruebas y “omitiendo interesadamente que fue ella quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente (...) Quienes promueven la denuncia en mi contra recibieron financiamiento irregular en sus campañas”.

Las declaraciones de Oliva tienen en vilo al oficialismo que lee que en su defensa ante el Tribunal Supremo hay un intento por involucrar a la candidatura de Gabriel Boric y al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, que comandaba la campaña presidencial. Sin embargo, desde el gobierno han transmitido que los gastos de la presidencial están en orden.

Desde Argentina, fue el mismo Presidente Gabriel Boric quien ayer salió al paso del asunto y aseguró que su administración está disponible para cualquier investigación.

“Siempre he sido muy claro que el financiamiento de las campañas siempre tiene que ser transparente. Es lo que sostuve durante la campaña y lo que voy a sostener ahora. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para cualquier investigación. Acá no hay nada que esconder, si alguien cometió alguna irregularidad, tendrá que hacerse cargo de cualquier sanción administrativa, política o penal”, replicó.

En la Segpres, en tanto, han estado monitoreando el alcance de los dichos de Oliva. Y durante esta jornada, el ministro Jackson aseveró desde Valparaíso que “nosotros no tenemos mucho más que remitir que todo gasto por parte de la campaña del actual Presidente -y entonces candidato tanto a primarias como a primera y segunda vuelta- fue puesto a disposición en nuestras rendiciones al Servel, las que están siendo revisadas, algunas fueron aprobadas, otras siguen en revisión por los plazos que determina el Servel. Y cualquier duda que se tenga por parte del Servel respecto a algunos de los aspectos de la rendición, nosotros estamos plenamente disponibles para poder responderlo a tiempo, como corresponde”.

En la misma línea de Jackson, la vocera Camila Vallejo también salió a reforzar que los gastos de la campaña del Presidente Gabriel Boric están en orden. “Toda la campaña fue rendida ante el Servel. Ante cualquier otro antecedente hay un proceso investigativo que se tiene que cursar con total y absoluta transparencia como lo ha señalado el Presidente Boric y como lo ha señalado también el ministro (Jackson)”, dijo.

Aunque el gobierno públicamente le ha bajado el perfil a las insinuaciones de Oliva, sí ha tomado contacto con el sector de Comunes ligado a la antigua Izquierda Autónoma, más afín al Presidente y que hoy en el gabinete está representado en figuras como la ministra Javiera Toro y el subsecretario Giorgio Boccardo. En esos intercambios los emisarios de La Moneda han preguntado a los dirigentes del partido qué alcances creen que tengan las afirmaciones de Oliva. Al mismo tiempo, le han pedido a la colectividad que haya una pronta aclaración para no afectar la fe pública.

Y es que en La Moneda también se entiende que uno de los activos del nuevo gobierno y del Presidente Boric lo constituye la probidad y que cualquier denuncia -por real o no que sea- en esa dirección, empaña la gestión.

¿Puede escalar el conflicto? Depende. Algunos militantes de Comunes manifiestan que en medio de la elección de nueva dirección nacional, el sector ligado a Oliva “quiere recuperar el partido y están dispuestos a ‘quemarlo todo’ por hacerlo, incluso si eso perjudica al gobierno”.

En las dirigencias del pacto de gobierno -tanto en Apruebo Dignidad como en Socialismo Democrático- el llamado es a que se aclaren los aspectos deslizados por la exdirigenta de Comunes en su réplica. Sin embargo, y ante la información referida a la excandidata al Senado, algunos dirigentes del comité político ampliado han tomado contacto con el gobierno para aclarar dudas o inquietudes frente al tema.

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez -y parte de la dirección nacional transitoria- asevera que si existe una mínima sospecha, debe existir disposición a que se investigue. “La transparencia y la probidad en el uso de recursos públicos es y será un pilar central en la identidad de nuestro proyecto político. Por eso si es que hay sospechas, aunque sean mínimas, la disposición para que se investigue siempre deberá será absoluta”, afirma.

Desde el Socialismo Democrático, el presidente (S) del PS, Andrés Santander, recalca en que en los hechos conocidos hasta ahora, la investigada es Oliva y es la justicia quien debe investigar las dudas que existen. “El Presidente Boric ya abordó el tema y fue muy claro. Lo concreto es que hoy la investigada es Karina Oliva y militantes o exmilitantes del Partido Comunes. Si existen nuevos antecedentes sobre irregularidades en la campaña de Oliva, son los tribunales competentes los encargados de investigar”, detalla.

La timonel del PPD, Natalia Piergentili hace un llamado a que “se esclarezca lo que se ha replicado en medios de comunicación, por el bien de la democracia, partidos y fe pública”.

El lunes, la presidenta de Comunes, Ka Quiroz, afirmó que “se hagan estas acusaciones sin fundamentos ni evidencia, en un contexto de elecciones internas, es una muestra clara de oportunismo electoral por parte del sector que busca dar continuidad a la cuestionada gestión de Jorge Ramírez, expulsado también por los mismos hechos”.

Sin embargo, en las últimas jornadas han optado por no hacerlo y menos ahora que la fiscalía solicitó al partido que remita el expediente del tribunal supremo sobre la investigación en que se expulsó a Karina Oliva, donde están contenidas las declaraciones donde alude a las facturas de campaña y a un eventual financiamiento irregular.

Así, y a días de que comience formalmente el proceso de elecciones internas, el sector de Mix y Rojas y la actual timonel están representados por la candidatura a la presidencia del sociólogo Marco Velarde, quien se enfrenta a los antiguos “Poder Ciudadano”, lote ligado a la exdirigenta del partido y al expresidente de la colectividad Jorge Ramírez bajo la candidatura del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

En el partido, y desde el sector de la continuidad a la actual directiva, plantean que si bien han resentido que se diera a conocer la declaración de la exdirigenta ad portas del proceso interno, los planteamientos de Oliva “son solo trascendidos y la militancia sabe que tienen un objetivo electoral”.

“Si (Karina Oliva) quiere enlodar gente en su caída es cosa de ella. Pero si quiere hacer una acusación de ese tamaño, tiene que presentar pruebas”, afirma un dirigente de la colectividad.

Requerida por la prensa en el Congreso, la diputada Mix -aludida por la excandidata en su escrito- afirmó que “estoy tranquila y el Presidente hoy (ayer) salió a aclarar (...) Todo está en regla. Fui una de las personas que en el partido Comunes denunció irregularidades en el manejo de los recursos del partido en su momento, que terminaron cayendo en una práctica similar en los recursos de las candidaturas de la excandidata a senadora y gobernadora”.

La diputada Rojas, en tanto, no ha sido vista en la Cámara, pues por estos días goza de permiso prenatal.

Entre los diputados oficialistas el tema ha sido comentario obligado. Y es que al igual que los militantes de Comunes o el mismo gobierno, no han quedado indiferentes de un eventual flanco que podría perjudicar al gobierno. Algunos, en privado, transmiten que hay preocupación y están pendientes a los próximos movimientos de Oliva.

Sin embargo, entre los parlamentarios coinciden en que es ella quien debe afirmar sus dichos con pruebas concretas. Tomás Hirsch, de Acción Humanista, afirma que “creo que el gobierno no tiene nada que ver en una investigación que se pueda estar realizando con relación a un partido político en particular. Creo que el gobierno y su instalación han sido absolutamente óptimas y no hay ninguna sombra ni duda en ninguna de las actuaciones ni previas ni actuales del Presidente ni del gobierno”.

Su par del PC, Luis Cuello, asevera que “si bien no conozco mayores antecedentes, esto debe ser precisado. Yo creo que cada persona que hace acusaciones debe hacerse cargo de ellas”. Mientras que el diputado Juan Santana (PS) añade que “cuando uno emite un juicio de ese tipo debe justificarlo y argumentarlo. De lo contrario, puedes ser objeto de una querella por la gravedad de las acusaciones. En ese sentido, lo que espero y que todos esperamos, es que la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, se haga cargo de forma responsable de sus juicios. Ninguno de nosotros va a apoyar a alguien que vulnere los estándares de probidad”.

*La información fue actualizada el lunes 11 de abril, corrigiendo que en su escrito Oliva no apunta a la diputada Camila Rojas como quien le habría requerido emitir facturas, sino que la exsecretaria general del Partido Comunes.