La jugada de Justicia para destrabar huelga de comuneros mapuches en la cárcel de Angol

Una serie de interrogantes se han instalado los últimos días a raíz del término de la huelga de hambre que, por más de 100 días, mantuvieron comuneros mapuche de la cárcel de Angol. Esto, porque desde la oposición comenzaron a dudar respecto de las reales razones de término de la medida de presión. “Evidentemente hubo un acuerdo irregular con el gobierno”, deslizaban.

Esto, además, se agudizó cuando desde las filas de Gendarmería comenzaron a surgir antecedentes respecto de que sí se había negociado con los presos, sus familiares y con dirigentes.

Extraoficialmente, se indicaba que el pacto implicaba devolverles el derecho a tener 18 horas de visitas a la semana, efectuar traslados paulatinos de los internos que habían sido trasladados a otros penales, adecuar el reglamento para que la huelga no sea constitutiva de falta grave y avanzar en las derivaciones a los Centros de Educación y Trabajo.

Sin embargo, desde el gobierno han sido tajantes en sostener que no se ha firmado ningún acuerdo, que no hubo negociaciones y que la deposición de la medida de presión se dio luego de semanas de diálogo.

Como explicaron desde el Ejecutivo a La Tercera, autoridades de Gendarmería que están a cargo del citado recinto penitenciario estuvieron en diálogo permanente con las familias, explicándoles que mientras no se bajara la huelga, no podían reponer los derechos a visita, los mismos que perdieron cuando se produjo la retención de gendarmes por parte de los internos, el 7 de mayo pasado.

En el mismo tono, desde Justicia detallaron que no se comprometió ningún traslado, pues estos siempre están sujetos al cumplimiento de ciertos criterios. Por lo mismo, insistieron en que derivarlos a CET dependerá de la conducta que mantengan en el penal y de que cumplan con los requisitos.

Respecto de la adecuación al reglamento, comentaron las mismas fuentes, reconocieron que se está trabajando en una adecuación, pero subrayaron que aquello, en ningún caso, implica eliminar el hecho de que la huelga se reconozca como “falta grave”.

Producto de los cuestionamientos, en todo caso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, debió intervenir. “No existe ningún acuerdo político para esto. Para efectos de obtener las visitas que fueron suspendidas después del 7 de mayo (cuando ocurrió el secuestro de gendarmes), la única forma y modo es que se restablezcan en la medida que no exista huelga. En lo demás, el gobierno mantiene su postura”.

“Los hechos ocurridos el 7 de mayo son inadmisibles. Los traslados seguirán siendo una política por parte de Gendarmería para resguardar el adecuado funcionamiento de los recintos y la seguridad de los funcionarios. Los traslados revertidos han sido decisión de la justicia y no de Gendarmería”, complementó el secretario de Estado.

Pese a las explicaciones que se han dado al respecto, desde la oposición recalcan que “hay gato encerrado”.

“Es impresentable que se negocie con presos, que presionan ilegítimamente, por lo que esperamos que se transparente ese acuerdo, ya que no puede ser que el gobierno ceda ante la violencia y el terrorismo. Es una señal de debilidad del Estado que sólo se justifica por razones políticas. Es inexplicable que presos condenados por graves delitos impongan sus condiciones, cuando el deber del gobierno es resguardar que se cumpla la ley. Es una señal de impunidad inaceptable y una invitación para que estos grupos terroristas sigan sembrando el temor en nuestro país”, manifestó al respecto el diputado Andrés Longton (RN).

Por su parte, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, mencionó: “Este acuerdo es una concesión inaceptable ante la violencia de grupos terroristas que han atacado escuelas, iglesias, a funcionarios de la salud apoyando a quienes estaban en huelga de hambre, que es una medida de presión que no puede ser tolerada. Me indigna y molesta. El gobierno no puede ponerse de rodillas frente a la violencia. Es una señal de debilidad y vulnera la igualdad ante la ley, lo que incluso ha sido criticado por la Contraloría General de la República.

Desde el oficialismo, de todas maneras, se cuadraron con el gobierno y, como indicó el diputado Leonardo Soto (PS), consideran que fueron los comuneros los que cedieron.

“Se dieron cuenta que mientas más perseveraban en las huelgas de hambre, más se alejaban de los beneficios penitenciarios que querían, porque la misma huelga de hambre, por reglamento, es una falta grave que impide entregar cualquier beneficio penitenciario”, comentó el parlamentario.