Como el “caballito de batalla” ha sido calificado por la oposición el capítulo VI de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que apunta al incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en los programas de “Alimentación Escolar” y de “Alimentación Parvularia”.

Precisamente, es en la Junaeb donde está instalada una nueva pugna por las millonarias licitaciones de raciones de alimentación y que se suma a la polémica en que el exdirector Cristóbal Acevedo denunció al organismo público de haber gastado $ 3.500 millones en 30 colaciones, lo que ha sido disputado por la misma Junaeb y por el presidente de Nutre Chile, el abogado Darío Calderón.

“Es una institución muy vulnerable al manejo arbitrario de los recursos públicos. Por lo mismo, tuve que intervenir la institución en el año 2015 frente a graves hechos de corrupción. En esa época fue por el pago de sobreprecios en las licitaciones. Al parecer, ahora estamos frente a otro mecanismo de manejo arbitrario de recursos públicos, más sutil y sofisticado (...) Sería lamentable que estemos frente a otro caso como el de Democracia Viva, donde por razones políticas se asignan recursos a dedo”, señaló Acevedo a La Tercera.

Hoy la polémica sobre el organismo estatal cambia de foco y se centra en una acción de impugnación que presentó la empresa Salud y Vida S.A. (Savisa) ante el Tribunal de Contratación Pública para que la Junaeb retrotraiga el procedimiento de adjudicación de la licitación pública, cuyo monto total es de US$ 170 millones.

“La Junaeb adjudicó -infringiendo abiertamente las bases de la licitación y sus actos propios- la licitación pública ID 85-39-LR22 convocada para contratar el servicio de suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y Programa de Alimentación de Párvulos (PAP) para los años 2023, 2024, 2025 y hasta febrero de 2026″.

En lo central, lo que reclama Savisa -perteneciente al Grupo de Empresas Abumohor- es que las bases de la licitación imponen que si un oferente pertenece a un grupo empresarial que a través de distintas sociedades mantiene contratos vigentes con Junaeb por una cantidad total, igual o superior de 650.000 raciones vigentes, por aplicación, no podía adjudicarse ninguna de las Unidades Territoriales licitadas en este proceso.

Según Savisa, el grupo empresarial conformado por Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A. y Distribuidora Las Lagunas SpA (que según Savisa responden a un mismo beneficiario final, con la información proporcionada por la Junaeb en el informe evacuado en Rol Nº259-2022), a la fecha de la licitación mantenían vigentes con la Junaeb contratos por 1.081.124 raciones diarias, excediendo largamente el límite establecido por las bases. En la misma hipótesis, según Savisa, se encuentra el grupo empresarial compuesto por las Sociedades Consorcio Merkén SpA, UTP Nutrisalud (conformada por Fedir Chile SpA y Alimentaciones Internacionales S.A) y Saludable SpA, con 1.622.259 raciones diarias vigentes al año 2022.

Según explica el abogado de Savisa, Samuel Donoso, “grande fue nuestra sorpresa al observar que la resolución de adjudicación seleccionó a oferentes -grupos empresariales al final del día- que excedían largamente estas limitaciones y que, peor aún, la cantidad de participantes del mercado de suministros de alimentos se redujo dramáticamente, generando un efecto contrario a los fines previstos por Junaeb en este proceso”.

Junaeb precisamente incorporó una serie de modificaciones respecto de los procesos anteriores, con miras a asegurar la calidad del servicio de alimentos ofrecido a los alumnos beneficiarios de los programas PAE y PAP. Entre ellas, se buscaba evitar la concentración de las raciones de alimentos en pocas empresas.

“Lo más grave de esta situación es que uno de los oferentes beneficiados, antes de la adjudicación viciada, demandó en dos ocasiones a Junaeb ante el Tribunal de Contratación Pública, reclamando que las limitaciones establecidas en las bases, reiteradas por el servicio en la fase de preguntas y respuestas, le impedirían participar de este proceso y adjudicarse los contratos de suministro licitados”, Donoso.

Consultado respecto de la posibilidad de que el organismo público haya actuado de buena fe en la licitación, Donoso sostuvo que “Junaeb conocía de estas demandas e incluso solicitó su rechazo, reiterando la necesidad de aumentar la competencia en el mercado y de enfrentar la situación de concentración, pero finalmente, en una voltereta inexplicable, optó por contradecir sus actos propios y adjudicar los contratos a estas empresas”.

Donoso agrega: “Es más, es la propia Junaeb quien expone con gráficos y datos estadísticos la situación de concentración de mercado y los problemas que este ha generado en la calidad del servicio, explicando que mediante este proceso se buscaba una mayor transparencia del sistema, competencia y participación de oferentes. Es muy difícil, al tenor de la conducta sostenida por Junaeb ante los tribunales de justicia, afirmar que fueron engañados o que no tenían conocimiento de estos antecedentes”.

Una de las empresas aludidas por Savisa es Aliservice. Según la impugnación, Aliservice y Las Lagunas responden al mismo beneficiario final, Luis Alberto Yapur Nicholls, y en conjunto mantenían el 28% del mercado, excediendo las raciones diarias que la última licitación exigía para volver a obtener el negocio.

Según datos obtenidos por La Tercera, Luis Alberto Yapur Nicholls realizó, antes del 19 de enero de 2023, fecha tope para la presentación de ofertas a licitación pública de la Junaeb, esfuerzos para contar con el control de menos de 650.000 raciones diarias, para lo cual habría resuelto desprenderse de Distribuidora Las Lagunas Limitada, empresa del grupo que a la fecha era la que más raciones del PAE detentaba (a través del contrato 85-50-LR16 con vigencia 2020-2023).

De esta manera, los accionistas de Distribuidora Las Lagunas (ahora transformada en SpA) vendieron, cedieron y transfirieron el 95% de sus acciones a la sociedad Box Inversiones Limitada, controlada por Jorge Felipe Conn Irigoyen.

Así, según personas conocedoras de las tratativas, “estas acciones fueron íntegramente pensadas y ejecutadas para burlar la restricción impuesta por Junaeb”.

Consultado respecto de estas supuestas acciones que habría realizado Yapur para conseguir nuevamente una tajada del negocio, el gerente general de Aliservice, Reinaldo Oliva, explica que “la pregunta no tiene fuente y bordea en la injuria. Las Lagunas no participó en la licitación mencionada, fue vendida el 2022 y es una compañía administrada por su nuevo controlador”.

Oliva recalca que “las licitaciones se realizan en forma escalonada en plazo y ubicación geográfica, lo que significa que hay contratos que pueden estar en el año 3 (último) y otros en el año 1. Las bases de la licitación y la comisión evaluadora fueron muy claras y establecieron que el límite de 650 mil raciones era por oferente de manera individual y en esta licitación participó Aliservice, no la empresa que se vendió (Las Lagunas), por lo que no pudo existir ningún efecto. Tanto las bases como el contrato de adjudicación fueron oportunamente aprobados por la Contraloría General de la República”.

Frente a los cuestionamientos por la concentración del mercado de las raciones de alimentos de la Junaeb, el gerente general de la firma dice que “Aliservice tiene 650 mil servicios adjudicados, lo que representa menos del 16% del total de servicios de alimentación. Somos la principal empresa chilena de servicios alimenticios, nuestros procesos están certificados y siempre brindamos la propuesta de mejor calidad y menor precio por ración alimenticia”.

El tema de las licitaciones se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la Junaeb y no solo bajo la administración de Gabriel Boric. En gobiernos anteriores ya se hablaba de concentración de mercado, los multirut y sobreprecios en el pago de las raciones de alimentos. Por esa razón el organismo público había intentado evitar este tipo de situaciones con nuevas bases administrativas, técnicas y operativas, además de anexos en la licitación pública. Pero a pesar de estas medida, una vez más, los cuestionamientos se volvieron a instalar.

Por el lado de Junaeb descartan cualquier ilegalidad en la licitación antes mencionada. El jefe del Departamento Jurídico Nacional del organismo público, Rodrigo Lara, dice que “no estamos de acuerdo con la posición que toma la empresa (Savisa) en la demanda. Conforme a los antecedentes que tenemos como institución pública, ambas empresas (Aliservice y Merkén) no se presentaron con una cantidad de raciones que no les permitiera participar en la misma y adjudicarse ese mismo proceso”.

Lara agrega que fue la propia Contraloría General la que tomó razón de los resultados de la licitación, que los equipos de la Junaeb y externos que trabajan con ellos no encontraron impedimentos a las empresas que se quedaron con las entregas de alimentos y que, además, el organismo público ha presentado todos los antecedentes necesarios ante el Tribunal de Contratación Pública, para dar cuenta de que no se incumplieron las bases de la licitación.

“La demandante (Savisa), que tiene el impulso del proceso, no se ha notificado, por ende, nos impide avanzar en tener una sentencia. Estamos acá esperando que el proceso avance, esperando tener una sentencia ojalá favorable. Estamos seguros y confiados de la información que hemos presentado y estamos seguros de la legalidad de nuestros procesos. Esto lo hemos trabajado de manera institucional con los equipos históricos de Junaeb y con los equipos técnicos de Junaeb, y en esto hay un respeto férreo a la norma”, recalcó Lara.

Respecto del capítulo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila y que apunta a la Junaeb, Lara dice que “entiendo que el capítulo que corresponde a Junaeb dice relación con la falta de supervigilancia del ministerio a los actos de Junaeb (...) Nosotros hemos tenido todos los controles necesarios, presupuestarios, financieros y legales para que los procesos sigan su curso de la manera adecuada. No tenemos ningún antecedente de irregularidad que podamos responder concretamente”.