La polémica y millonaria campaña de la junta militar de Myanmar para “explicar” el golpe de Estado al mundo

A más de un mes desde del golpe de Estado en Myanmar que derrocó al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, el pasado 1 de febrero, desencadenando una serie de protestas que a la fecha han dejado más de 60 fallecidos y casi 2.000 detenidos, documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos dan cuenta de que la junta militar que lidera el país desembolsó US$ 2 millones para contratar a una firma de lobby canadiense-israelí. Su misión: “Explicar la situación real” al mundo tras la toma del poder, en un intento por aliviar la presión internacional.

La firma Dickens & Madson Canadá será la encargada de defender al gobierno de facto de Myanmar en Washington, así como frente a Arabia Saudita, Rusia y Naciones Unidas. La compañía es liderada por Ari Ben-Menashe, un reconocido “consultor de seguridad” que trabajó para la Dirección de Inteligencia Militar de Israel. Extraficante de armas, también ha representado al expresidente de Zimbabwe Robert Mugabe y a la junta militar de Sudán.

La campaña para mejorar la imagen del Ejército de Myanmar llega después de que los militares han sido acusados de crímenes de lesa humanidad, de control ilegal del gobierno y de disparar contra los manifestantes.

Mediante un comunicado dirigido al gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, los lobbistas dieron a conocer que asistirán “en la elaboración y ejecución de políticas para el desarrollo beneficioso de la República de la Unión de Myanmar, y también ayudarán a explicar la situación real en el país”.

El acuerdo entre las partes es para el pago de honorarios y gastos por la cantidad de US$ 2 millones a ser cancelados cuando sea legalmente permitido por las jurisdicciones de control”.

Documento presentado ante el Departamento de Justicia de EE.UU.

Además del contrato millonario pactado entre ambas partes, la firma -que también llevará adelante las relaciones públicas del gobierno de facto de Myanmar- recibirá una “bonificación” extra si se levantan las sanciones contra los líderes militares.

Según la agencia Reuters, el sábado, Ari Ben-Menashe aseguró que los generales de Myanmar están “ansiosos” por mejorar las relaciones con la Casa Blanca y tomar distancia de China. A su vez, el director de la firma de lobby con sede en Montreal sostiene que el gobierno de facto quiere repatriar a los musulmanes de la minoría rohingya que huyeron a Bangladesh tras la persecución del Ejército birmano.

La decisión de la junta militar se produce cuando las manifestaciones se han intensificado en los últimos días, desafiando el toque de queda impuesto, especialmente durante la jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y tras resistir lo que la comunidad internacional catalogó como una “brutal represión” de las fuerzas de seguridad.

La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos advirtió que más de 1.900 civiles han sido detenidos desde el golpe. Entre ellos se encontraba Zaw Myat Lin, un director de escuela primaria y miembro de la Liga Nacional para la Democracia, que murió bajo custodia policial.

De acuerdo con The Associated Press, en las últimas semanas los manifestantes han salido a las calles con escudos caseros para enfrentar a los carros lanzagua, gases lacrimógenos, balas de goma y munición real, que han sido utilizados para dispersar las protestas. Los medios de comunicación estatales, por su parte, han advertido que los “detractores” serán perseguidos y castigados.

En un intento por evidenciar la oposición a la junta militar que gobierna Myanmar, diversos gremios de profesionales -profesores, médicos, abogados y otros- se han sumado a una paralización de actividades. Ante esto, los generales informaron que han tomado el control de hospitales y universidades, y que todos los trabajadores que no retomen esta semana sus labores serán despedidos.

A pesar de las “sanciones selectivas” impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró un consenso general para emitir una declaración conjunta sobre la situación en Myanmar y continuarán sesionando durante esta semana.

Durante las primeras intervenciones de la firma Dickens & Madson Canadá en defensa de la junta militar de Myanmar, los lobbistas tildaron la molestia internacional por el golpe de Estado como una “incomprensión” y culparon a Aung San Suu Kyi, gobernante de facto desde 2016 y detenida tras el golpe, de acercarse “demasiado a China”.