La resistencia a una solicitud de información por Transparencia que el gobierno escaló hasta el Tribunal Constitucional

El Consejo para la Transparencia (CPLT) y el gobierno están enfrascados en una disputa que llegó al Tribunal Constitucional a mediados de este año. ¿La causa? Una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia, dirigida a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), para acceder a numerosos informes sobre auditorías realizadas en la cartera liderada por Álvaro Elizalde (PS).

La controversia comenzó con el rechazo inicial del Ejecutivo, argumentando “falta de personal” para procesar la solicitud, pero escaló tras la apelación del solicitante y varios fallos judiciales adversos para La Moneda. En un último intento por revertir las decisiones, el Ejecutivo decidió llevar el conflicto al Tribunal Constitucional (TC), sumando así otro episodio a una relación históricamente tensa con el CPLT, no solo en esta administración.

Y es que la relación entre los gobiernos y la Ley de Transparencia no es nueva, con varios hitos que recordar. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el CPLT ordenó revelar correos electrónicos relacionados con el cierre de Punta Peuco y el caso Caval. En ese entonces el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llevó el caso al Tribunal Constitucional, argumentando que clasificar esos correos como información pública vulneraba principios como la vida privada y la igualdad ante la ley.

También hay otros casos, no necesariamente de un gobierno de turno pero que sí involucran solicitudes de información por la mentada ley, que sí han escalado a tribunales como la Corte de Apelaciones de Santiago. Hace poco ocurrió una solicitud de acceso a la información a la Universidad de Santiago, a la que le pedían entregar los antecedentes académicos de Elisa Loncón, lo que inicialmente fue denegado.

Ante el caso central que refiere esta nota, una nueva derrota del Ejecutivo en la Corte de Apelaciones de Santiago llevó al gobierno a escalar nuevamente un caso al TC, utilizando un mecanismo que, en promedio, puede extender la entrega de información por al menos un año.

El conflicto actual comenzó con una solicitud de información pública presentada por el periodista Joaquín Labbé, quien pidió acceder a auditorías internas del Ejecutivo. Representado por el abogado Marcelo Chandía, del CDE, el gobierno alega que la solicitud era inviable debido a la carga laboral que implicaba.

La petición, de noviembre de 2023 y realizada bajo la Ley de Transparencia, requería “el listado de todas las auditorías internas recibidas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, separadas por año, mes, institución emisora, título y un resumen de cada una, desde 2020″. Según la Segpres, responder a la solicitud implicaría procesar 14.555 informes, demandando 28.000 horas-persona y afectando funciones críticas dado que solo cuentan con un personal de 40 individuos.

Ante la negativa inicial, Labbé presentó un amparo al CPLT en diciembre de 2023. En mayo de 2024 el CPLT falló a su favor, argumentando que los informes, financiados con recursos públicos, son de interés público, aunque ordenó resguardar los datos personales mediante tarjado. El fallo mayoritario del CPLT llevó al Ejecutivo a recurrir al Tribunal Constitucional, alegando que la solicitud representaba una carga excesiva para la administración pública.

Y mientras el conflicto escalaba, surgieron críticas desde el oficialismo por quienes pasaron a la primera línea de este conflicto. La diputada frenteamplista Emilia Schneider expresó su descontento por la contratación del exmagistrado del TC Carlos Carmona, en octubre de este año, para que hiciera un informe en derecho sobre el tema. La figura de Carmona generó rechazo en sectores feministas debido a su rol durante el “mayo feminista” de 2018 en universidades.

Carmona, quien también fue subsecretario de la Segpres en el gobierno de Eduardo Frei, comenzó sus actividades en el ministerio el 23 de octubre de 2024. Según el portal de Transparencia Activa, su tarea consiste en elaborar un informe especializado, y según pudo recabar La Tercera se solicitó para fortalecer la postura gubernamental en el TC. Su remuneración, estipulada como “pago contra entrega de informe”, asciende a $3.864.735 brutos.

En su respuesta en la causa, el CPLT solicitó “rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad” presentado por el CDE en representación de la Segpres, señalando que el artículo 28 inciso 2° de la Ley N° 20.285 es perfectamente constitucional y no vulnera la Carta Fundamental. Según el CPLT, la norma invocada garantiza el derecho de acceso a la información pública y no representa ninguna contravención al marco legal establecido.

Como sea, el expresidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia tacha esta situación de “anómala” debido a la evidente dilación de procesos de transparencia por parte del Ejecutivo, señalando que casos como el de la Segpres en el TC “pueden extenderse hasta por un año”. Asimismo, afirma que “cuando el gobierno lleva estos casos al TC se instala un mensaje de opacidad que va en contra del espíritu de la Ley de Transparencia”.