A través de un contacto telemático se realizó el martes pasado la comparecencia del convencional Rodrigo Rojas Vade ante el Comité de Ética de la Convención Constitucional, quien fue denunciado el 9 de septiembre del año pasado por la antigua mesa directiva de la asamblea ante las instancias disciplinarias internas.

La audiencia fue solo el primer paso del proceso que el comité -que coordina la psicóloga externa Elizabeth Lira- recién pudo iniciar este martes.

Así, en una resolución que se filtró a la prensa, el comité decretó un plazo de ocho días para que los denunciantes -es decir, la antigua mesa que presidía Elisa Loncon junto a sus ocho vicepresidentes- hagan llegar a la instancia disciplinaria los elementos probatorios y testimonios en contra de Rojas Vade, quien el 4 de septiembre de 2021 reveló a La Tercera que no padecía cáncer.

¿Por qué recién ahora se inicia el proceso? Hay dos factores que explican la tardanza. Cuando la mesa de Loncon presentó el caso, aún no había un Comité de Ética (integrado por profesionales externos). Solo existía la Comisión de Ética, que estaba conformada por convencionales y que tenía un carácter transitorio, con el fin de elaborar un reglamento disciplinario y de probidad para todos los constituyentes.

Sin embargo, según una fuente ligada al actual Comité de Ética, que comenzó a trabajar desde diciembre, no fue fácil notificar a Rojas Vade, quien además debía comparecer ante la instancia para iniciar el proceso.

Si bien desde el Comité de Ética no quisieron dar detalles de la audiencia con Rojas Vade, en la resolución que se filtró a la prensa se dan algunas pistas. De hecho, el procedimiento se inició cuando aún no existía el actual reglamento de ética y se aplicó en subsidio la normativa interna de la Cámara de Diputados.

Y a pesar de que hoy ya existe un estatuto para regular el comportamiento de los convencionales, el comité resolvió mantener como base el reglamento de la Cámara que dice en su artículo 353 que “si citado legalmente un parlamentario (en este caso un convencional) continuare en su negativa a comparecer ante la comisión, se podrá proceder en su rebeldía y se considerará como agravante su falta de cooperación”.

Dado que al menos se completó el trámite de la comparecencia inicial, el comité procedió según dispone el artículo 354 de la normativa interna de los diputados y fijó ocho días para las pruebas. Luego de ello, el comité tiene un plazo de hasta dos sesiones seguidas para resolver.

Se estima que la resolución por el caso de Rojas Vade (que solo establecería multas en dinero, ya que la Constitución no permite una sanción mayor, como la pérdida del cargo, salvo por una sentencia judicial que amerite pena aflictiva), podría conocerse el 4 de marzo, es decir, a siete meses de que el mismo denunciado admitiera que mintió sobre su enfermedad.

La demora del proceso también queda graficada en comparación con otros casos que ha resuelto el Comité de Ética. Por ejemplo, el martes pasado la convencional Marcela Cubillos fue multada por haber cuestionado en redes sociales, el 25 de noviembre de 2021, dichos de la machi Francisco Linconao respecto de la cueca.

En todo caso, los problemas para notificar y lograr la comparecencia de Rojas Vade no han sido solo un problema de la Convención. Anteriormente el banco Scotiabank también tuvo inconvenientes para tratar de notificarlo de una demanda ejecutiva en su contra por una deuda de $ 27 millones.

Durante el 2018 los ejecutivos acudieron tres veces hasta el domicilio del constituyente para darle aviso, sin éxito. En julio del 2019 también hubo problemas para embargar sus bienes para pagar la deuda, pues la casa de Rojas se encontraba con la puerta cerrada y sin nadie que abriera, lo que impedía hacer las diligencias.

En conversación con La Tercera, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), explicó que el Comité de Ética de la Convención es un órgano autónomo. Por esa razón, sus integrantes deciden a quiénes citan y no tienen que comunicar a la mesa sobre ninguno de sus procedimientos, salvo la resolución a la que lleguen.

Quinteros, que los primeros días de esta semana estuvo en el norte del país para desarrollar la Consulta Indígena, aseguró que se enteró por la prensa de la resolución emitida por el comité y criticó que se haya filtrado el documento. “Son procedimientos reservados. Todos los constituyentes, asesores y toda la gente que trabaja en la Convención debiesen velar por el resguardo de la información (...). Es lo mismo que una investigación de fiscalía o cualquier otro tipo de investigación”, aseveró.

Debido a la autonomía del comité, Quinteros señaló que ella no participó de la declaración. De hecho, ni siquiera sabe si ésta se hizo por Zoom o de forma presencial. “Hay que dejar que el comité resuelva por sí solo, sin ningún tipo de injerencia desde la mesa directiva o desde cualquier persona de la Convención”, afirmó. Los convencionales podrían participar de estas instancias solo si el comité los hubiese citado, pero eso también es reservado.

Frente a la dificultad para notificar a Rodrigo Rojas Vade, y la posibilidad de que pudiese estar fuera de Chile, Quinteros afirmó: “No tengo antecedentes (de que esté fuera de Chile), pero imagino que dado lo mediático y lo difícil del caso, seguramente ha tenido dificultades de enfrentar también a sus electores y a su familia, porque el caso es bien complejo”.

Además, la presidenta de la Convención aprovechó de reafirmar que espera que el caso de Rojas Vade sea resuelto lo antes posible y enfatizó en que su desenlace no depende de la mesa directiva ni de la Convención.