¿La tercera es la vencida? Quién es la nueva integrante que se suma a la carrera por liderar la Fiscalía Nacional

Este martes el pleno de la Corte Suprema volvió a pronunciarse respecto de los aspirante a fiscal nacional. En esta ocasión, para completar la quina de postulantes para dirigir el Ministerio Público, desde donde el Presidente Gabriel Boric deberá escoger, por tercera vez, un nombre para proponérselo al Senado, tras el rechazo de los nombres de José Morales y Marta Herrera.

Así, con el apoyo de 10 ministros el máximo tribunal sumó a la quina a la actual gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Maira (46), dejando atrás al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y a la abogada Nelly Salvo, quienes obtuvieron seis y dos votos, respectivamente.

Como dan cuenta los antecedentes que Maira expuso al formalizar su postulación para suceder a Jorge Abbott, el 7 de noviembre, ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desempeñó durante diez años como fiscal adjunta y tres como asistente de fiscal. Ella destaca su especialización en delitos violentos, sexuales y violencia intrafamiliar.

Al argumentar respecto de las características que podrían promover su selección, la profesional también hizo presente que ha encabezado iniciativas de carácter nacional y de alto impacto para el acceso a la justicia y la protección de las víctimas, como la implementación de la Ley 21.057 de entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes; la creación de la herramienta de inteligencia artificial “Algoritmo de Sugerencia de Riesgo de mujeres víctimas de violencia”, y la instalación del Sistema de Medición de Satisfacción de Usuarios del Ministerio Público.

En su ponencia ante la Suprema, puso énfasis en la necesidad de implementar un plan integral contra el crimen organizado, y en la designación de fiscales coordinadores especializados para las respectivas macrozonas del país. Según dijo en esa oportunidad, en la zona norte hay que poner especial atención en lo referente al tráfico de drogas y en trata de personas, en la zona centro, en el tráfico de drogas y en el robo violento de vehículos, y en el sur, en tanto, en torno al robo de madera.

Pese a que Erika Maira generó apoyos necesarios en la Corte, hay dos aspectos de su carrera en la fiscalía que generan ruido en los pasillos del Ministerio Público. Y por lo mismo, comentan fuentes del organismo, no goza de la mejor valoración entre los fiscales regionales. Según sostuvieron los mismos personeros, su trabajo es ponderado como “regular”.

El primero antecedente dice relación con un sumario a su respecto que le significó recibir la sanción de amonestación privada, por haber infringido la obligación de “obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico”.

Como dan cuenta los documentos que recopiló La Tercera PM, esto ocurrió cuando dejó su antiguo puesto en la Fiscalía Metropolitana Sur, y no hizo entrega del informe que debía proporcionar respecto del estado de las causas que llevaba ni tampoco del material recopilado, pese a que en reiteradas ocasiones se le solicitó. Además, durante la revisión de los antecedentes -como se estableció en medio de la investigación interna- no se encontraron las carpetas de cinco de las causas.

En la misma línea, fuentes conocedoras de su trayectoria aseguran que ha sido comentario obligado el hecho de que en 2018, cuando una denunciante de violencia psicológica reiterada declaró ante ella en contra de su pareja, la entonces fiscal optó por desestimar el testimonio y declinó iniciar una investigación.

En ese momento Maira estaba en la Fiscalía Metropolitana Sur, y su decisión fue aceptada por el 11 juzgado de garantía, sin embargo, la denunciante fue asesinada nueve meses más tarde por el mismo hombre que en su momento acusó.

Por ambas situaciones, aseguran fuentes consultadas, en la interna se estima que Abbott la nombró en su actual cargo en medio de una “negociación” con la asociación de fiscales, ya que por lo demás, fue integrante del directorio nacional de la asociación entre 2011 y 2013, y entre 2017 y 2018.

Con todo, el exfiscal Pedro Orthusteguy, quien fue jefe de la abogada en la Fiscalía Sur en 2009, señaló: “Tengo buena impresión de ella, creo que es una buena candidata a liderar la Fiscalía Nacional. Trabajó primero como abogada asistente, luego como fiscal y ahora último en la unidad de atención a la víctimas. Creo que su experiencia en cada uno de esos trabajos le puede aportar al Ministerio Público”.

Pese a los cuestionamientos que genera internamente, en el gobierno no miran con malos ojos el nombramiento de Maira por parte de la Suprema, pues -hasta el momento- en el Ejecutivo no hay mucho interés en los otros integrantes de la quina, salvo en Juan Agustín Meléndez.

Esta inclinación, sin embargo, es casi por descarte. En La Moneda está tomada la decisión que Ángel Valencia no será su candidato; primero, porque fue abogado de Carolina Tohá -lo que podría reabrir los cuestionamientos a la ministra por su rol en el caso SQM- y, segundo, por su relación de compadrazco con el senador PS, Álvaro Elizande.

A eso se suma la “preocupación” expresada por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre la representación que asumió Valencia en un caso de abuso sexual.

Otro nombre que se descarta en el gobierno es el de Carlos Palma. Aunque el fiscal regional de Aysén tiene algunos votos asegurados en Senado, en el Ejecutivo le bajan el pulgar por tener una investigación en su contra por obstrucción en el denominado caso Huracán, donde el fiscal indagó a funcionarios de Inteligencia de Carabineros por la fabricación de pruebas contra comuneros mapuches.

En el caso de Nayalet Mansilla, si bien no hay ninguna opinión crítica hacia su gestión, tampoco convence mucho en Palacio.

Es por eso que al descartarse tres de los cinco nombres, las opciones para el gobierno se reduciría a dos: Maira y Meléndez. A favor de este último pesa el hecho de que ya está como subrogante como fiscal nacional, tiene experiencia y, algo no menor, es crítico de la gestión Abbott. ¿Y en el caso de Maira? Es mujer, y de ser electa sería la primera en dirigir la Fiscalía Nacional y tiene un rol activo en causas contra de la violencia intrafamiliar y maltrato a la mujer.

De todas maneras, en lo político, a Maira le jugarían en contra sus publicaciones en Twitter donde se mostró crítica de la derecha. De hecho, promovido su nombre por parte de la Suprema, estos comenzaron a reenviarse rápidamente entre los senadores.

En 2013, escribió: “Presidente Piñera en Cena d la Minería habla d la judicialización de los proyectos mineros como algo malo... El poder económico es absoluto?”, (sic). Y más tarde, apuntó contra la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “#alianza por favor, no hagan el loco con #Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso”, (sic) publicó el 17 de julio de 2013.

Con la decisión en manos de La Moneda, en la Corte Suprema volvieron a entregar una señal al gobierno. Para nadie en tribunales es un secreto que la nominación del fiscal nacional se ha transformado en un tema incómodo, más cuando el propio Presidente Gabriel Boric se comunicó con el titular del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, para llamar un nuevo concurso y así tener una nueva quina en el proceso.

La llamada del Presidente fue estéril, no logrando convencer a Fuentes y a la totalidad de los supremos. De todas maneras, hubo cuatro ministros que sí estuvieron por llamar a un nuevo concurso en el último pleno del lunes 26 de diciembre: Andrea Muñoz, quien estuvo por reiniciar las postulaciones, solo para llenar el cupo restante; Leopoldo Llanos, Mario Carroza y Mauricio Silva, quienes estaban por un completo nuevo proceso.

El resto, explican quienes conocen del proceso, estuvo en contra, porque entienden que, en este momento, dicha fórmula no se justifica y debe respetarse el “derecho adquirido” que alcanzaron los cuatro postulantes que se mantenían en la mencionada quina. En este caso: Nayalet Mansilla, Ángel Valencia, Carlos Palma y Juan Agustín Meléndez. La Moneda y el Senado tienen, por tercera vez, la decisión en sus manos.