La trama político-judicial que cruza la decisión de ME-O de subirse a la carrera presidencial

Con los ojos puestos en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Así están el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami y el PRO para definir si buscarán impulsar una nueva aventura a La Moneda.

La decisión del exdiputado corre a contrarreloj. Este lunes 23 de agosto expirará el plazo para la inscripción de las candidaturas a la primera vuelta presidencial, pero, más allá de eso, también tendrá que resolver su compleja situación judicial en el marco del caso SQM que lo mantiene sin derecho a votar ni inscribirse como candidato.

Hasta hoy, sin embargo, los tiempos están en su contra. Si bien desde el círculo de ME-O habían transmitido que, según sus cálculos, el exabanderado lograría formar parte de la nómina, el entramado que se abrió entre el Servel y el Tribunal Constitucional aún mantiene en vilo su opción.

El excandidato se anotó una victoria en este último organismo luego de que el TC acogiera de manera unánime el requerimiento de inaplicablidad por inconstitucionalidad presentado por su exasesor Cristián Warner, quien, al igual que ME-O, buscaba recuperar sus derechos políticos. Sin embargo, el Servel respondió que no podía aplicar el fallo e incluir a ambos en el padrón electoral, debido a que la ley los obliga a tenerlo cerrado 140 días antes de los comicios. Tras eso, el TC envió un “ultimátum” a la institución presidida por Andrés Tagle.

Asimismo, el excandidato -según aseguran algunos de sus cercanos- también tenía en consideración otros tiempos para resolver su situación en el marco del caso OAS. De acuerdo a las mismas fuentes, el plan era lograr salir absuelto el mismo día lunes. Sin embargo, contrario a sus pronósticos, esa jornada serían las réplicas de los acusadores de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado y el martes sería el turno de la defensa, por tanto, no habría un veredicto hasta, al menos, 24 horas después. Es decir, el miércoles 25 recién se resolvería, en primera instancia, si se le condenaba o no.

No obstante, los tiempos judiciales no son el único entramado que complica al excandidato. Tras conocerse el dictamen del TC, en Unidad Constituyente se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que el PRO inscribiera una candidatura adicional a quienes este sábado se medirán en la consulta ciudadana del pacto: Carlos Maldonado (PR), Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC).

La amenaza de sus socios fue clara: de inscribirse los dejarían fuera de la lista parlamentaria. Un problema no menor, considerando que el PRO en las últimas elecciones disminuyó su votación y solo logró que entrara la diputada Marisela Santibáñez, quien renunció poco tiempo después a la colectividad. Hoy solo tienen a los senadores Alejandro Navarro y Alejandro Guillier.

Además, en el sector aseguran que el PRO tomará su decisión final -si el Servel se lo permite- una vez conocidos los resultados de la consulta ciudadana de UC. De hecho, según fuentes de ese pacto, desde la colectividad de ME-O les han transmitido que el domingo les podrían tener una respuesta. “Ha sido elusivo sobre responder si será candidato o no”, repiten en Unidad Constituyente.

En ese sentido, en el bloque creen que el excandidato podría convencerse de ir a la carrera en el caso de que la consulta tenga una muy baja participación y se transforme en un “fracaso” para el sector.

Desde el PRO, no obstante, aseguran que estarán “por la unidad y por el objetivo de derrotar a la derecha”. “El único cálculo político que estamos haciendo es la defensa de los derechos políticos de Marco”, dice un dirigente de esa colectividad.