La trastienda de la polémica por el tesoro de Juan Fernández

El holandés Bernard Kaiser lleva más de 20 años, desde 1998, buscando un tesoro oculto en el archipiélago Juan Fernández. Cuando el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, visitó la isla en junio, el investigador pensó en pedirle ayuda para poder contar con las autorizaciones necesarias para seguir la búsqueda.

Así fue como el 9 de julio de este año, según el registro de audiencias de Ley del lobby, el empresario se reunió con Ward durante una hora, en compañía de José Antonio Urrutia y Norman Hesskamp. Tras esto, el jefe de la cartera sostuvo reuniones para abordar el tema y que culminaron con la firma de un protocolo entre Conaf y Kaiser el pasado 26 de agosto.

¿Cuál sería el área de intervención? De acuerdo a un comunicado emitido por Bienes Nacionales, "el área de búsqueda para el desarrollo de estas actividades, corresponde a 400 metros cuadrados, lo que equivale al 0,0004 por ciento respecto del total de hectáreas del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, el cual comprende 9.571 hectáreas de superficie".

La autorización, sin embargo, ha generado polémica, porque fue vinculada a la salida del cargo del director regional de la Conaf de Valparaíso, Pablo Mira, quien se habría opuesto a entregar el permiso para realizar las obras. La situación durante el fin de semana fue desmentida por Conaf y Bienes Nacionales, pero el exfuncionario de Conaf aún no ha dado su versión de los hechos.

Tanto el Consejo Nacional de Guardaparques de Chile como el Sindicato de Trabajadores Forestales han criticado la decisión. Y los coletazos continúan. El Diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento sobre la legalidad de este protocolo.

En entrevista con CNN, durante esta mañana Ward señaló que "es relevante poder descartar o confirmar la existencia de esos restos históricos. Ha existido esta autorización por 20 años, por eso sorprende un poco la crítica".

La intervención debiese durar seis meses, lo que fue valorado por Ward, quien añadió que "creo que la decisión de Conaf es acertada, creo que lo que ha hecho de acotar a un plazo máximo de seis meses esta búsqueda que lleva 20 años para dar por finalizado este trabajo".

Cualquier proyecto de intervención en áreas silvestres protegidas del Estado está regulado por la Ley 19.300 que obliga a que las iniciativas sean ingresadas al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (y que los servicios públicos los analicen y eventualmente, aprueben).