Larraín versus Barchiesi: la arremetida final de republicanos para devolver los nombramientos judiciales al Presidente

Larraín y Barchiesi
Foto: www.procesoconstitucional.cl

El consejero del Partido Republicano sigue intentando que las designaciones judiciales vuelvan al Ejecutivo. El modelo del exministro de Justicia, que fue negociado a última hora entre Chile Vamos y el partido fundado por José Antonio Kast, deja este tema en manos de un órgano autónomo con mayoría de jueces. Al cierre de esta edición estaba el compromiso de la oposición por respetar el acuerdo, pero las dudas persisten. El timonel UDI, Javier Macaya, y el líder republicano, Arturo Squella, hacen las últimas gestiones para ordenar al sector.


En un par de horas más, el pleno del Consejo procederá a votar el capítulo del Poder Judicial. Pese a que se suponía que la oposición mantenía en pie el acuerdo que sellaron a última hora la noche del viernes 8 de septiembre, al cierre de esta edición, la derecha está viviendo su último enfrentamiento para saber qué hacer con el acápite que trae consigo un nuevo modelo de gobernanza judicial para la magistratura.

Detrás de esta fuerte pugna entre Chile Vamos y el Partido Republicano hay dos personajes que, durante toda la tramitación de este capítulo, se han enfrentado una y otra vez para promover las normas de la judicatura. Por un lado está el comisionado UDI Hernán Larraín, y por el otro el consejero republicano y presidente de la comisión de Función jurisdiccional, Antonio Barchiesi.

Hasta el momento el exministro Larraín ha ganado todas las batallas. En la fase de la Comisión Experta promovió un diseño de gobernanza judicial que separa las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales y, en vez de concentrar las labores que no se vinculan con fallar las causas en un Consejo para la Magistratura, optó por aprovechar la institucionalidad actual y crear un modelo de órganos autónomos que se haga cargo de todo esto.

El objetivo es que haya un órgano encargado de los nombramientos, otro para el perfeccionamiento de jueces y funcionarios -que tomará la posta de la actual Academia Judicial- y otro órgano encargado de la gestión y administración del Poder Judicial, es decir, el sucesor de la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Consejo
El consejero Antonio Barchiesi (republicano) junto a algunos de los consejeros de derecha de su comisión. Foto: www.procesoconstitucional.cl

Si bien en un inicio eran cuatro órganos coordinados por una quinta instancia, en la última negociación de la derecha, en la cual tuvo que intervenir el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se llegó al acuerdo de dejarlo en solo tres. La instancia encargada de la disciplina no quedó como un órgano y se dejó en manos de los fiscales judiciales. En tanto, la instancia coordinadora se transformó en una facultad de la Corte Suprema.

Todo esto tuvo el constante rechazo de Barchiesi. El consejero incluso escribió un capítulo completo, muy distinto al anteproyecto, y que trató de promover entre los consejeros de Chile Vamos para tantear si flotaba y así ganarle el gallito a Larraín.

Pese a que en algún momento hubo una pequeña puerta -que dependía de la consejera de RN Lorena Gallardo- finalmente esa se cerró. Ese viernes 8 de septiembre en la noche, a horas de tener que despachar el capítulo, la intervención de Squella -secundada por el jefe de asesores republicanos Jorge Barrera- puso fin a la rebelión republicana. Esa vez, a las 6.30 de la mañana del sábado 9 de septiembre, la comisión sesionó y visó el acuerdo de la derecha con los votos en contra de la izquierda.

Las últimas gestiones

El compromiso de la derecha era respetar el acuerdo. Así estuvieron durante varias semanas, hasta que hace unos días, Barchiesi volvió a la carga. Su gran disputa ha sido que los nombramientos judiciales se mantengan en manos del Presidente. El consejero no está de acuerdo con dejarlos a cargo de un órgano autónomo.

El texto despachado por la comisión define que dicha instancia estará integrada por una persona designada por el Presidente previo concurso público, dos personas designadas por el Senado previo concurso público y cuatro jueces designados por sorteo, que durarán dos años y que no podrán ejercer funciones judiciales mientras desempeñen el cargo.

Para su arremetida, Barchiesi hizo gestiones con Amarillos. Sin embargo, las aprensiones de ese partido son otras. El enlace ahí es el exdiputado Zarko Luksic, quien además es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, unidad académica que públicamente ha hecho fuertes críticas al modelo de Larraín.

Sin embargo, los reparos de Luksic no se vinculan con los nombramientos. “La posición de Amarillos respecto del Poder Judicial es que tenemos observaciones a los fundamentos de la jurisdicción que no son propios de un textos constitucional, son más propios de una ley. Además tenemos un reproche del consejo de nombramientos, pero no respecto de que sea esa instancia la que participe en la designación de los jueces y ministros, sino que nuestro reproche es sobre la integración de dicho consejo, pero de ninguna manera nosotros hemos estado pensando en que sea el Presidente de la República que tenga esa potestad de nombramiento”, afirma Luksic quien agrega que le gustaría incorporar abogados externos con dedicación exclusiva -como los cinco jueces de la Corte Suprema- en las cortes de apelaciones.

La idea, además ha recibido el apoyo -con algunos matices- por parte del gremio de los jueces. “Reiteramos la importancia de que estos órganos estén integrados por presencia mayoritaria de jueces elegidos por sus pares. Creemos que la única forma de garantizar la independencia judicial es a través de la separación de funciones y que los órganos tengan presencia mayoritaria de jueces elegidos por sus pares. No debe existir interferencia del poder político al momento del nombramiento de los jueces, esto como garantía de independencia judicial, pero una garantía para todos los ciudadanos, no para los jueces”, comenta la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández.

El gremio defiende que la designación de los jueces que integrarán los órganos sea a través de una elección entre los pares. Ese era el sistema de la Comisión Experta, que luego se combinaba con un sorteo. Sin embargo, en la negociación de la derecha, aquella noche maratónica, fue un punto que Chile Vamos tuvo que ceder al Partido Republicano.

Al cierre de esta edición cuatro fuentes que han estado vinculadas de forma directa con esta negociación afirman que finalmente republicanos desistirá de su pretensión y que se mantendrá lo acordado en la comisión. En este punto podría pasar que la bancada le entregue libertad a Barchiesi para que pueda votar en contra, pero asegurando al menos 30 votos del pleno.

Otras dos fuentes agregan que la pugna no está del todo resuelta. Tanto así que el presidente de la UDI, Javier Macaya, está siguiendo el tema y ayudando a encontrar “a un equilibrio”. Squella, quien se involucró directamente en el asunto, tampoco ha soltado las tratativas.

Pese a que fuentes republicanas comentan que el enredo ya se resolvió, pasadas las 10.00 de la mañana, el líder del Partido Republicano llegó hasta el Congreso en Santiago y subió rápidamente al segundo piso donde está la oficina de su bancada para participar de una reunión. Fuentes del Consejo comentan que “vino a apagar incendios del Poder Judicial” y a asegurarse de que sus consejeros no se desordenen y el acuerdo con Chile Vamos se termine cumpliendo.

Quienes saben de la postura de Squella comentan que su rol ha sido ordenar al sector y evitar que su bancada eche por la borda un acuerdo con Chile Vamos. Pese a que no le convence lo que quedó en el borrador, ha transmitido que su partido no hará lo mismo que RN, UDI y Evópoli, es decir, no harán sorpresas de último minuto para que se caigan normas y que solo en caso de que todo el sector quiera hacer cambios, ellos estarán disponibles.

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