Solo en avalúo fiscal: las 26 propiedades por casi $634 millones de la hija del supremo Sergio Muñoz

La primera vez que el nombre de la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz (quien el viernes cumplirá 45 años), salió a la luz pública no fue por su labor jurisdiccional sino que por un escándalo inmobiliario: el denominado caso Fundamenta.

La historia se remonta al año 2020, cuando la hija del influyente ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema Sergio Muñoz firmó una promesa de compra de dos departamentos en el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, de la Inmobiliaria Fundamenta.

El problema estalló después, cuando una trabajadora de la constructora denunció -según su testimonio- que la magistrada Muñoz llamó por teléfono para pedir una modificación de último minuto. Esto debido a que el proyecto Egaña Comunidad Sustentable estaba paralizado producto de la calificación desfavorable que recibió de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y, de acuerdo a la declaración de la funcionaria de la empresa, la jueza comentó que su papá le había recomendado “mover sus platas del proyecto”.

El consejo habría llegado justo cuando el proyecto no podía seguir avanzando y la situación llegaría a los ojos de la sala que preside el padre de la magistrada a través de un recurso de casación que debía resolver el máximo tribunal. De hecho, su papá integró la sala cuando se llegó a un acuerdo en el recurso que afectaba el mismo proyecto donde su hija tenía intereses patrimoniales. Tiempo después, con el caso en la prensa, el acuerdo se dejó sin efecto, la inmobiliaria inhabilitó a Muñoz, el magistrado aceptó la recusación y la causa se tuvo que volver a alegar.

El escándalo no solo afectó a la jueza, sino que ahora arrastró a su padre a una acusación constitucional en la Cámara y que lo tiene con riesgo de ser destituido del máximo tribunal. Los parlamentarios de RN y la UDI se basaron en estos hechos para sustentar uno de los dos capítulos del libelo que redactaron en su contra, en el cual lo acusan de haber filtrado información a su hija, de manera que ella no viera afectado su patrimonio debido a la decisión que tomaría él mismo junto a su sala en un recurso.

El caso he remecido al Poder Judicial no solo porque afecta a uno de los ministros más poderosos del máximo tribunal sino que también porque ha puesto sobre la mesa el patrimonio que posee la jueza Muñoz. Según sus propias declaraciones de patrimonio -y revisiones realizadas por La Tercera en otras fuentes abiertas-, la magistrada del tribunal de garantía tiene un total de 26 propiedades -al sumar sus departamentos, bodegas y estacionamientos-, las cuales suman, solo considerando el avalúo fiscal, un total de $633.153.969.

Ninguno de esos departamentos, según ella misma declara, es su actual domicilio. De hecho, al menos durante la pandemia, ella -cuyo estado civil es soltera- declaró estar viviendo en la casa de sus padres en la comuna de Las Condes.

Los primeros inmuebles fueron comprados cuando Graciel Muñoz era una joven abogada de 29 años, quien egresó de la Universidad Andrés Bello y se tituló en junio de 2005. Era el año 2008 y estaba recién egresando del Programa de Formación Nº 46 de la Academia Judicial. Había entrado a estudiar para ser jueza en julio de 2007 y egresó en enero de 2008. Los inmuebles que compró fueron un departamento, bodega y estacionamiento del edificio Apoquindo Prados, en la comuna de Las Condes, que compró por $50.350.146 a la Constructora e Inmobiliaria Prado Limitada.

Fue recién en el año 2009 cuando partió su carrera judicial. En esa época asumió como magistrada titular del Juzgado de Letras del Trabajo en Puente Alto.

Un año después, en 2010, sumó otras dos propiedades más. Se trata de un departamento y una bodega de un edificio de Viña del Mar que, sumados, están avaluados fiscalmente en casi $80 millones. Tres años después sumó dos propiedades más en la misma comuna, cuyo avalúo fiscal es de poco más de $50 millones. En 2014 sumó otro bien inmueble más, esta vez en el mismo edificio de Las Condes.

A esa altura ya contaba con siete propiedades. Entre medio, en 2016, tuvo el primer cambio en su carrera judicial. El 29 de enero de ese año fue nombrada jueza titular del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal en el que se mantiene hasta el día de hoy y por el cual cual gana un sueldo bruto mensual de $7.651.825. Juró en el cargo en febrero de ese mismo año ante el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el actual supremo Diego Simpértigue.

Dos años después de asumir su cargo como jueza de garantía, en 2018, se pegó otro salto patrimonial. Ese año compró seis propiedades más, tres en Las Condes y otros tres en Viña del Mar. El avalúo fiscal de esas propiedades es de $124.866.989.

Ya al año 2019 siguió aumentando su patrimonio y sumó otras tres propiedades más, entre un departamento, una bodega y un box. Los tres inmuebles están avaluados fiscalmente en $76.101.636.

A esa altura su patrimonio constaba de 16 propiedades, que en total tenían un avalúo fiscal de $412.387.854. Pero la jueza continuó su expansión. Entre los años 2022 y 2024 sumó nueve inmuebles más: tres en 2022, cinco en 2023 y uno más en 2024. Esos últimos inmuebles están evaluados fiscalmente en $220.766.124.

Tres de las cuatro propiedades que compró en 2023 son las que se vinculan con el caso Fundamenta. Inicialmente Graciel Muñoz tenía una promesa de venta en el proyecto Egaña Comunidad Sustentable. Según la declaración de la funcionaria de la inmobiliaria, la magistrada manifestó su deseo de “bajarse del proyecto” debido a que las obras estaban paralizadas. Junto con eso pedía utilizar los fondos destinados para la compra del departamento de Eco Egaña en otro proyecto de la misma inmobiliaria: Eco Irarrázaval.

Finalmente así fue. Ese año concretó la compra de un departamento, un estacionamiento y una bodega, pagando un total de $138.097.857 a la inmobiliaria Fundamenta en ese mismo edificio, un proyecto distinto respecto a su promesa inicial.

En su declaración de patrimonio -cuya última actualización fue el 4 de septiembre de este año- no solo figuran sus propiedades sino también sus deudas, en las cuales están registrados los créditos hipotecarios que, de forma simultánea, ha ido adquiriendo para comprar todos sus inmuebles.

En total, la juez acumula pasivos por $590.133.148. Dentro de estas deudas hay ocho créditos hipotecarios: cuatro con el Banco Scotiabank, tres con el Banco de Chile y uno con el Banco Santander. Todos los créditos hipotecarios suman un total de $557.242.349.

Sobre el caso Fundamenta, el supremo Muñoz ya entregó su versión al respecto. Lo hizo en un informe que envió a la Corte de Santiago a inicios del año pasado. Ahí dijo que desconocía de la promesa de compra de su hija: “No comento al interior de mi familia los procesos particulares en que participo como ministro”. Dijo que solo se enteró de esto cuando una nota de Pulso reveló el escándalo.

“Mi hija Graciel Alejandra Muñoz Tapia tiene una vida propia, tomando autónomamente sus propias determinaciones”, agregó en su escrito el supremo. Luego añadió: “Si alguna recomendación le he expresado es que no adquiera departamentos por cuanto es una eventualidad su arriendo. Ante mi parecer contrario a estas operaciones, mi hija no me ha participado de estos últimos contratos”.

Por este mismo hecho, Muñoz se tuvo que someter a la Comisión de Ética de la Suprema, en donde está siendo indagado por sus propios pares. En esta reservada investigación ya declaró y se espera que la instancia redacte un informe, aplique algún reproche ético y eventualmente ordene la apertura de un sumario en su contra.

En la declaración del supremo Muñoz también hay registros de su patrimonio. El supremo declara 11 propiedades que suman en avalúo fiscal $719 millones. Todos ya estarían pagados ya que no registra hipotecas ni gravámenes. De hecho, uno de esos inmuebles, de la calle Álvarez en la comuna de Viña del Mar, está ubicado en el mismo edificio donde su hija compró uno de sus departamentos en 2010.