Las Condes en la mira del Minsal: ofician a la corporación por denuncia sobre 34 personas que vacunaban sin ser aptas

Este jueves la Fundación América Transparente destapó una nueva arista en el polémico caso de contrataciones irregulares en la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Según la denuncia de la organización, 34 personas contratadas para la campaña de vacunación de 2023 -con Daniela Peñaloza aún como alcaldesa-, en roles clave como vacunadores y supervisores, no contaban con la certificación requerida por la Superintendencia de Salud, pese a que sus contratos indicaban lo contrario. Este descubrimiento ha levantado dudas sobre la gestión de la comuna y ha llevado a otras instituciones a preguntarse si esta práctica incurre en una violación al código sanitario.

Por esta razón, tan pronto como se conoció esta investigación, la Subsecretaría de Salud Pública decidió oficiar a Edna Pizarro, directora de Salud de la Corporación de Educación y Salud, con el fin de recabar más antecedentes y así determinar las acciones a seguir. Durante la jornada del jueves la dirección jurídica de la repartición hizo llegar el texto.

“Junto con saludar, y en atención a los hechos publicados por distintos medios de comunicación, vinculados a la supuesta contratación irregular de 34 personas para ejercer funciones durante la campaña de vacunación correspondiente al periodo 2023, sobre los cuales se tomó conocimiento por parte de esta Subsecretaría de Estado, se solicita informar si las personas involucradas en estos hechos eran efectivamente profesionales y/o técnicos de salud y, de ser así, si estos se encontraban registrados en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud”, inicia el documento al que tuvo acceso La Tercera.

El oficio firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, añade que “en caso de no corresponder a personal con formación en salud, se solicita aclarar documentadamente las labores y funciones que estas personas realizaron durante la vigencia de la correspondiente contratación”.

Y es que el Código Sanitario de Chile establece que para desempeñar funciones relacionadas con la atención de la salud, como vacunar o supervisar procedimientos médicos, se requiere que las personas estén debidamente habilitadas y certificadas, conforme con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Salud y las normativas correspondientes.

En particular, el artículo 122 del Código Sanitario establece que las personas que realicen actividades vinculadas con la salud deben ser profesionales de la salud o personal técnico autorizado: “Los establecimientos asistenciales que realicen acciones de salud a las personas requerirán de autorización expresa de la Secretaría Regional Ministerial del territorio en que se encuentren situados y estarán sujetos a los requisitos de instalación, funcionamiento y dirección técnica”.

Además, determina que cualquier contratación que no cumpla con estas condiciones podría implicar infracciones relacionadas con la seguridad y calidad de los servicios de salud, además de comprometer la legalidad de la operación de la institución.

También está lo establecido en la Ley 20.120 sobre la “habilitación y competencia de los profesionales de la salud”. También especifica que quienes desempeñen funciones en el ámbito de la salud deben contar con la certificación correspondiente por parte de los organismos competentes. En el caso de actividades como la vacunación, esto incluye que el personal esté formado y habilitado según los estándares establecidos por la autoridad sanitaria.

Ahora, desde del municipio aseguran que planean una investigación, ya que el caso ocurrió en la administración anterior.

De acuerdo con América Transparente, el documento de contratación indicaba que las personas estaban habilitadas por la Superintendencia de Salud para desempeñar las funciones para las que fueron contratadas. No obstante, al revisar el registro oficial de la entidad no figuran como habilitados. La mayoría de los contratos no especificaban funciones claras, y se mencionaba simplemente que el personal era “de apoyo”.

También se encontraron casos en los que se contrató a individuos como “vacunadores” o “supervisores de pabellón” sin contar con estudios en el área de la salud.