Dos sendas demandas de indemnización de perjuicios presentaron por separado víctimas de abusos sexuales en contra de la Congregación de Sagrados Corazones (SS.CC) y Sociedad Educativa Patris SpA, sostenedor responsable del Colegio Monte Tabor y Nazaret, que pertenece al Instituto Secular de los Padres de Schönstatt.

En las acciones judiciales, declaradas admisibles recientemente, los demandantes exigen ser indemnizados por un total de $896 millones. Ambas demandas actualmente se encuentran en trámite de contestación y se gestionaron a través de la Fundación para la Confianza, que dirigen José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton, víctimas del sacerdote Fernando Karadima.

El 5 de julio de 2021, P.A.A.R (45), R.A.U.G (48) y F.A.R.V (37) presentaron una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Congregación de Sagrados Corazones (SS.CC), acusando al sacerdote Juan Andrés Peretiatkowicz Valdés de sufrir una serie de vejaciones de índole sexual durante los años 1994 a 2001.

La acción civil se produce luego que en 2018, se presentaran once denuncias con las que se abrió un proceso de investigación canónica en contra del clérigo. Ésta se resolvió en 2020 y su veredicto ordenó que el sacerdote permaneciera en la residencia de los SS.CC. de Santiago, considerando su estado de salud: padecía parkinson y demencia. Murió finalmente en marzo de 2021.

Esto luego de que en el año 2019, se presentara una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por parte de las víctimas de abuso sexual en contra de Juan Andrés Peretiatkowicz, Gerardo Joannon y Cristián Precht, además de los ya fallecidos Jorge Prieto Vial y Miguel Ortega.

Los tres denunciantes del sacerdote participaban de la Parroquia de la Anunciación, ubicada en la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia. Hoy cada uno exige ser indemnizado en $100 millones.

Según el escrito, “en nuestros casos, las demandadas a través de sus representantes y órganos decisorios no sólo no tomaron las medidas necesarias y exigibles para evitar los abusos, sino que infringieron su deber de cuidado al seleccionar a sus sacerdotes y docentes; infringieron el deber de cuidado al no supervisar y vigilar sus actuaciones tanto pastorales como formativas. Si estas medidas hubiesen sido tomadas a tiempo, mis representados no hubiesen sido víctima de las graves vulneraciones en la esfera de su sexualidad”.

Sin embargo, “por razones que ignoramos, la Congregación de los SS.CC decidió actuar con una deliberada ceguera, evitando ver la contundente evidencia que existía al respecto”, acotó la demanda patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien es también director de Fundación para la Confianza.

La Coordinadora de Prevención y Reparación de los SS.CC, Javiera Albornoz, explicó a La Tercera PM que “nos enteramos por la prensa que seríamos demandados”. “Hasta el día de hoy no hemos sido notificados y nos enteramos extraoficialmente que la demanda fue notificada a otra congregación con nombre similar pero con otro rut y otro representante legal, incluso se trataría de una congregación de religiosas”.

“Tras leer la copia de la demanda enviada, de los 5 sacerdotes demandados, solo 3 pertenecen a nuestra congregación, los otros dos son sacerdotes diocesanos, son pertenecientes al clero del arzobispado de Santiago. Los diocesanos serían: Cristian Precht y Miguel Ortega, este último ya fallecido. Respecto de los demandados pertenecientes a los SS.CC, dos de ellos se encuentran fallecidos: Juan Andrés Peretiatkowicz y Jorge Prieto.

“Como lo comunicamos públicamente en su momento, realizamos investigaciones previas a cargo de abogados externos a la congregación, cuyos resultados fueron enviados a Roma a la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien ratificó lo concluido en las investigaciones. Reafirmar que las víctimas tiene el derecho de presentar sus demandas a los tribunales chilenos”, dijo Albornoz.

El 29 de julio, en tanto, M.M.V.A (25) presentó una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la Sociedad Educativa Patris SpA (Colegio Monte Tabor y Nazaret).

En la acción exige ser indemnizada en $596.535.385, luego de acusar que sufrió violencia sexual durante su infancia en el recinto educacional ubicado en la comuna Lo Barnechea.

En su presentación la joven explicó que sus padres pertenecen al Movimiento Apostólico Schönstatt desde 1983, por lo que decidieron que sus hermanos y ella estudiaran en esos establecimientos.

El caso es que -según la demanda- en 2005, cuando cursaba cuarto básico y tenía nueve años, sufrió “violencia sexual” por parte de dos profesores de la orquesta de música que integraban estudiantes del colegio.

“Cuando terminó ese 2005, yo no quise seguir participando de la orquesta, ni volver a tocar el violín. Él se fue del Colegio y yo bloqueé la experiencia totalmente. Los años siguientes, recuerdo que mi ánimo, mi comportamiento y yo en general, cambiaron bastante. Me volví cada vez más retraída, me sentía triste y deprimida. Entre los años 2008 y 2009, recuerdo llorar mucho en el Colegio. Mis amigas y compañeras estaban cansadas de mí, por lo que se distanciaron”, afirma en el escrito.

“El Colegio no implementó las medidas adecuadas y efectivas para investigar y determinar la existencia de los hechos denunciados, y de ser el caso, sancionar a los responsables junto con remediar el daño sufrido por la víctima. Ello, a pesar de que, incluso, inicié un proceso penal, del cual tuvieron conocimiento y que terminó con un sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal”, acota en su demanda.

A través de una declaración por escrito, la rectoría de Colegios Monte Tabor y Nazaret explicó que “hemos sido notificados de la demanda civil interpuesta por una exalumna por una situación de abuso sexual ocurrida el año 2005 en nuestro colegio, cuando la víctima era menor de edad, por parte de un instructor externo del programa instrumental. En 2018, en el contexto de la querella presentada por la exalumna, colaboramos activamente con la investigación penal realizada por la Fiscalía Oriente”.

La indagatoria en cuestión no prosperó pues los hechos estaban prescritos.

“En su reciente demanda civil, la exalumna incorpora nuevos antecedentes respecto a lo ocurrido en 2005, que hasta ahora eran desconocidos para nosotros, y nos encontramos analizando los caminos a seguir, movidos con un sentido de urgencia y preocupación por el cuidado de las personas, siempre buscando la verdad y la protección de la víctima y su familia, así como del resto de la comunidad escolar”, explicó la entidad educacional.

“Nos parece relevante recordar que en 2012 entraron en vigencia nuestros actuales protocolos de prevención de abusos y periódicamente actualizamos sus contenidos. De hecho, hoy nos encontramos en proceso de acreditación ante una entidad externa, para certificarnos como institución de ambientes seguros, acorde a lo que nos exige el tiempo actual para el cuidado de toda la comunidad”, remató.