Las gestiones transversales por Katty Hurtado que envalentonan al gobierno para volver a hablar de indultos

Este lunes, la imagen de funcionarios de Carabineros deteniendo a personas de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres que pedían en la Plaza de la Ciudadanía un indulto para Katty Hurtado generó revuelo, no solo entre los partidos del gobierno, sino también dentro de la oposición y en figuras del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

“A un grupo de mujeres que no estaban interrumpiendo el tránsito, que se estaban manifestando pacíficamente, se les aplicó la fuerza, por lo cual ya hemos hecho nuestro reclamo como ministerio a las autoridades correspondientes y vamos a oficiar para poder saber cuáles fueron los procedimientos que se ocuparon para determinar esa acción”, dijo esa jornada, por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, integrante del comité político del Mandatario, que se trasladó hasta la 1° Comisaría de Santiago para ahondar en el caso.

El caso de Katty Hurtado, mujer condenada a 20 años de cárcel por cometer parricidio en 2018 -tras defenderse de una agresión-, ha aunado de forma transversal a distintas fuerzas políticas en el Congreso. Estas se plegaron a la petición de un indulto presidencial particular en su caso.

“Excarcelar a Katty Hurtado nos parece necesario y justo, es por ello que solicitamos su consideración y gestiones”, dice una carta firmada en enero por 33 parlamentarias, entre ellas autoridades como Paulina Núñez (RN), Isabel Allende (PS), Claudia Pascual (PC) o Ximena Rincón y Joanna Pérez (Demócratas).

En el mismo documento plantearon también que “mientras estaba en prisión preventiva en Calama, Katty fue violada por dos funcionarios de Gendarmería, lo que le implicó un traslado a la cárcel de Tocopilla, el aislamiento de las demás reclusas y la lejanía con su familia”. Además citaron casos similares, con indultos que fueron concedidos en los gobiernos de Eduardo Frei (Juana Candia) y Sebastián Piñera (Ercira Soto).

El tema de los indultos vuelve a estar en la agenda ad portas de la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. Desde el Ejecutivo ya han informado que la solicitud de indulto se encuentra en evaluación. En particular, dicho caso está siendo tramitado por Gendarmería y la ministra Orellana ha sido una de las integrantes del gobierno que han estado encima del tema y se ha mostrado en favor de aprobar la excarcelación.

Por ejemplo, el jefe del comité parlamentario del PPD, Jaime Araya, visitó a Katty Hurtado en la cárcel durante marzo, lo que fue informado posteriormente a la ministra de la Mujer.

Orellana no ha sido la única autoridad del gobierno que ha estado conversando con parlamentarios sobre la situación de Katty Hurtado. Lo mismo ha hecho el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

El propio Gajardo recibió en las dependencias de su ministerio a representantes de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Al encuentro, que se extendió por una hora el 18 de enero, según Lobby, asistieron Priscila González, Macarena Asenjo y Camila Sánchez, quienes “entregaron información sobre la situación de Katty Hurtado”.

El fantasma de los indultos

En el gobierno entienden que el término “indulto” puede generar ruido en la antesala de la cuenta pública, en consideración a las críticas que persisten hasta hoy por la decisión del Presidente de entregar 13 beneficios a fines de 2022, varios de los cuales tenían procesos por delitos graves, entre ellos Luis Castillo, que hoy está nuevamente condenado por robo con intimidación y violencia y manejo bajo la influencia de estupefacientes..

La decisión del Mandatario de cumplir con el compromiso que hizo con las familias de condenados en el marco del estallido social implicó un punto de inflexión en la agenda de seguridad que comenzaba a tramitar la ministra del Interior, Carolina Tohá (Interior).

Dicho procedimiento, además, se hizo con “desprolijidades” que le costaron el cargo al entonces jefe gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía (CS), y a la exministra de Justicia Marcela Ríos (CS).

Desde el Ejecutivo, sin embargo, enfatizan que el caso que ahora está en estudio es distinto. De hecho, así lo planteó en la habitual vocería de los lunes en Palacio la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC). “No hay ninguna vinculación entre los indultos anteriores y un caso de esta naturaleza, que es el que se está presentando hoy día precisamente en la discusión. (...) Por tanto, cada caso debe ser analizado en su mérito”, dijo la secretaria de Estado, quien reemplazó a su par de la Segegob, Camila Vallejo (PC).