El último día de agosto, el Servicio Electoral (Servel) anunció, a través del presidente de su Consejo Directivo, Patricio Santamaría, que -por disposición del Minsal- no habrá ninguna legislación especial para asegurar que las personas contagiadas con coronavirus puedan votar el día del plebiscito.

El lunes, en radio Agricultura, Santamaría sentenció: “En el escenario actual, no van a poder votar”. Un día antes de eso, la autoridad del Servel había señalado a Canal 13 que si había voluntad para legislar la materia, “había tiempo”.

Fue la declaración cúlmine luego de semanas de idas y vueltas, dimes y diretes del Servel y el gobierno respecto de si había algún mecanismo para lograr que los contagiados votaran en el referéndum de octubre. Una señal clara había ocurrido el 27 de agosto, cuando el Consejo Directivo del Servel se reunió con el Presidente Sebastián Piñera. Ahí, el Mandatario transmitió que no existía ese tiempo para “improvisar” un sistema que permitiera que las personas contagiadas y las que están cumpliendo una cuarentena obligatoria pudieran votar de forma segura -cumpliendo protocolos sanitarios- de aquí al 25 de octubre.

La semana pasada, de hecho, fue el ministro del Interior, Víctor Pérez quien zanjó el tema al declararlo “inviable” aunque abrió la puerta a que exista un proyecto para las elecciones de abril próximo. “Para la elección del 11 de abril van a estar resueltas esas situaciones porque tenemos un tiempo suficiente para discutir los proyectos de ley, y para que el Congreso y la ciudadanía lo analicen con calma y rigor, para cuando se aplique no exista ninguna dificultad”, señaló Pérez.

Lo cierto es que el tema complicó bastante a las autoridades. Y eso se reflejó en la serie de declaraciones cruzadas que daban a entender, por momentos, que sí se iba a legislar sobre el tema. El dilema terminó abriendo una pugna entre el gobierno y el Servel, en la que ambas partes se endosaban la responsabilidad del referéndum. “El Servel es el dueño del plebiscito”, se le escuchó decir como un mantra a varios ministros. Sin embargo, Santamaría reiteró en varias ocasiones que el Servel no tiene iniciativa legal, a diferencias de otros servicios electorales del mundo, y que la primera responsabilidad era del gobierno.

Incluso, se evidenciaron las posturas que habían al interior del Consejo Directivo del Servel. El sábado, en entrevista con el El Mercurio, el consejero Andrés Tagle se desmarcó de Santamaría al señalar que este último había actuado de motu propio al insistir en el tema y proponer un voto domiciliario postal. Algo que, según Tagle, no contaba con el “beneplácito del Consejo, donde no había una opinión favorable y no se habían encontrado mecanismos que dieran todas las garantías”.

La controversia, además estuvo marcada por la permanente presión de las organizaciones de la sociedad civil para buscar una solución. De hecho, organizaciones como Espacio Público y Ahora Nos Toca Participar plantearon el 22 de junio una serie de propuestas para tener un plebiscito seguro durante la pandemia. Ahí se propuso el voto postal para contagiados, algo que el 8 de julio el Servel descartó de plano.

“En esto hay responsabilidades compartidas desde el gobierno y Congreso, que son los órganos colegisladores, pero el primero tiene el impulso en materias que requieren gasto y dar funciones a órganos del Estado, como sería este caso. Lamentablemente el Servel tampoco llegó a tiempo con propuestas concretas para viabilizar esta materia, de modo que se hubiera incluido en la reforma constitucional en la cual se le dieron facultades para adoptar las medidas de higiene necesarias para un plebiscito seguro”, comentó María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público.

Por su parte, el director de Chile Transparente, Alberto Precht, cree que aquí no hubo “falta de tiempo” sino que faltó voluntad política. “Lamentablemente no hubo voluntad política no solo del gobierno sino que también de la oposición para poder empujar este tema. Y sin dudas tampoco hubo un énfasis mayor del Servel, ya que esto se pudo haber resuelto en el mes de mayo y no quedar en la situación de hoy”, afirmó.

Fue el propio ministro de Salud, Enrique Paris, quien el 4 de agosto pasado aseguró que junto al Servel estaban trabajando para garantizar el derecho a sufragio de las personas con coronavirus. “Estamos diseñando una estrategia para que los pacientes covid se diferencien de los no covid al momento que ingresen al lugar de votación”, afirmó la autoridad sanitaria.

Esa posibilidad, sin embargo, fue perdiendo fuerza durante los días siguientes. El propio Santamaría aseguró luego que podría ser “discriminatorio” identificar, por ejemplo, entradas y salidas especiales para personas contagiadas. De hecho, el Servel refutó la idea que planteó el Minsal de que se armaran mesas con recuperados para tomar el voto a electores covid positivo. “Hay un tema de dignidad”, dijo. En ese momento, el Ejecutivo todavía no definía, como lo hizo después, que los electores contagiados no iban a poder quebrantar sus cuarentenas para ir a sufragar.

Con el paso de las semanas, y mientras el dilema se hacía cada vez más complejo, el Minsal empezó a tomar distancia del asunto y aseguró que “el dueño del plebiscito es el Servel” y que no le “correspondía” a su cartera pronunciarse respecto de si esas personas podrán o no votar y cómo lo harían. Sin embargo, dio una mirada a título personal: “Las personas Covid positivo no deberían ir a votar en el plebiscito”, señaló en Publimetro el 24 de agosto, subrayando que, de hacerlo, “van a producir susto en las demás personas, y eso podría bajar la participación”.

Sus palabras se daban después de que el Congreso aprobara nuevas atribuciones para el Servel y que desde el organismo advirtieran complejidades para encontrar un mecanismo viable para garantizar el derecho a voto de esos electores.

“Se señaló por ahí que el dueño del plebiscito es el Servel. Yo le doy las gracias, pero aquí el dueño del plebiscito es la ciudadanía, somos todas y todos quienes tenemos que hacernos responsables del plebiscito. Cuando se señala que el Servel puede resolver si votan o no los Covid positivo, me recordó el viejo refrán que me enseñó mi abuelo, de que cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía”, dijo el 24 de agosto Santamaría.

Y agregó que tendrán que ser “las autoridades de salud y el Congreso”, quienes debían tomar definiciones en caso de que “se deje sin derecho a sufragio a determinadas personas”.

Ese mismo día, sin embargo, el gobierno fijó una postura sobre la posibilidad de que esas personas concurrieran a votar presencialmente. “No se va a innovar en que las personas que estén con covid positivo tengan que cumplir con cuarentenas”, dijo el vocero Jaime Bellolio durante esa jornada. Y luego sería el Presidente Piñera, quien reforzaría el punto: “El Servel nunca debe olvidar, por supuesto, que la Constitución establece que el voto debe ser secreto y personal, y la ley establece que el voto debe ser presencial”, indicó el 26 de agosto.

Bajo ese nuevo escenario, y si bien ya el 8 de julio Santamaría se había negado a la posibilidad de avanzar en un voto postal o anticipado, con el paso de los días se abrió a proponer un voto domiciliario que, respetando el secreto del sufragio, pudiese ser tomado por Correos de Chile vía carta certificada.

En ese caso, explicó ese mismo día, el Servel podría “armar un padrón, tener un listado y eventualmente estamos conversando a ver si es posible si Correos de Chile puede llevarles el voto a la casa y posteriormente retirarlo (...). Estamos buscando todos los mecanismos posibles porque es una decisión sanitaria. La autoridad sanitaria les impide salir de casa”, dijo a la vez que despejó que “en ningún caso van a concurrir a los locales de votación”.

Con esa incertidumbre, llegó el Consejo Directivo del Servel a reunirse con el Presidente Piñera, el jueves 27, en La Moneda. “Si a mí me preguntan, yo haría el esfuerzo por hacerlo”, había afirmado su presidente en Radio Universo en la antesala del encuentro, recordando que “aquí se ha legislado en 24 horas en algunos temas”.

Y la cita fue crucial. Fue en ese encuentro, dicen quienes participaron, que el Mandatario transmitió que no había tiempo suficiente para legislar para octubre. El acuerdo: hacerlo para los próximos comicios de abril.

Tras la reunión, el jefe de gabinete Víctor Pérez calificó como “inviable” la posibilidad de garantizar el voto para las personas que estén contagiadas. Y adelantó que sería el ministro de Salud quien daría las bajadas de la resolución.

Eso, pese a que el día anterior Paris había señalado que “yo no tengo por qué responder por el voto a domicilio, por el voto secreto, por el levantamiento del secreto de la enfermedad. No me corresponde como autoridad sanitaria (...). El Servel es el dueño del plebiscito. Yo le digo siempre esto a Patricio Santamaría y me retruca con algunos argumentos. Pero nosotros solo contribuimos a fabricar o complementar el protocolo de salud”.

El viernes, en tanto, cuando todos los ojos estaban puestos en que durante el balance del Minsal, Paris entregara detalles de la decisión, solo se limitó a decir: “Los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el Servel”.

En la cartera no cayó nada de bien que, pese a que el Ejecutivo ya había delineado una estrategia comunicacional para enfrentar el asunto, el jefe de gabinete terminara dándole la última palabra al titular de Salud.