Las vueltas de la vida: informe en derecho de Cordero calificó en 2016 de inconstitucional la fórmula que ahora impulsa el gobierno para cambiar la Ley de Pesca

Uno de los principales anuncios de la actual administración de gobierno, tras su llegada al poder, era modificar la Ley de Pesca, principalmente porque la calificaban de “corrupta” al haber sido tramitada en épocas donde existía una relación espuria entre algunos parlamentarios y grupos empresariales que luego se develó en el denominado caso “Corpesca”.

La normativa fue finalmente publicada el 2013 y tras lo cual ha sido objeto de cuestionamientos, tanto por su tramitación como por cómo quedó formulada, lo que llevó a la administración del Presidente Gabriel Boric a presentar un nuevo proyecto, el que sigue su tramitación y que será discutido este miércoles en la Comisión de Pesca de la Cámara.

Pero los intentos de modificaciones a la denominada “Ley Longueira” -en alusión que fue aprobada mientras Pablo Longueira encabezaba el Ministerio de Economía- han sido varios. Uno de ellos fue la discusión que se dio durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, donde incluso a nivel legislativo se habló de “anular” la normativa.

En medio de dichos cuestionamientos, el 2016 el Ministerio de Economía solicitó un informe en derecho al experto en materias administrativas Luis Cordero, quien ahora es subsecretario del Interior. El objetivo era conocer posibles inconstitucionalidades que podrían surgir si se buscaba modificar la Ley de Pesca.

En ese contexto, Cordero afirmó que una de las fórmulas para establecer cambios a la cuestionada normativa podría ser inconstitucional. Sin embargo, precisamente uno de esos elementos está contemplado en la propuesta del gobierno del que ahora Luis Cordero es parte.

El texto de Cordero, que por estos días es reflotado y citado por quienes analizan la propuesta a la Ley de Pesca, fue entregado al Ministerio de Economía en abril de 2016. En un informe de 14 páginas, la ahora autoridad de gobierno buscaba resolver tres dudas respecto a posibles cambios a la normativa.

Se trata precisamente de modificaciones a las Licencias Transables de Pesca (LTPs), y que en palabras simples corresponde a los dos tipos de “permisos” que reciben las pesqueras o pescadores para operar.

La cuestionada “Ley Longueira” estableció que estas serían otorgadas por un plazo de 20 años, pero no solo eso, sino que también cambió la calidad que tenían.

A juicio de Cordero, según su informe en derecho, esta ley también reconoció como derechos adquiridos el otorgamiento de las licencias de pesca, por lo que el hecho de que se proponga cambiar, o reducir, generaría un debate respecto a si aquello es constitucional o no y las limitaciones que existen para una nueva normativa.

Para el también exministro de Justicia, y reconocido abogado experto en derecho administrativo, el hecho de que la ley publicada el 2013 haya reconocido esos derechos, quedó en evidencia en tres de las normas establecidas.

Precisamente ese reconocimiento generó, a juicio de Cordero, el efecto de que tras aquello “el legislador tiene ciertas limitaciones al momento de incorporar reformas a la precitada ley”.

A juicio de Cordero, el hecho de que una propuesta de modificación considera “la adopción de una ley en la que se pretenda desconocer la titularidad del derecho que otorga la LTPs tipo A a quienes ya optaron de acuerdo con la regla (...) . En ese caso se produciría un problema indemnizatorio y eventualmente constitucional”.

“Hay antecedentes que permitirían afirmar que existe el riesgo de que se acoja la tesis de que la Ley N° 20.657 reconoce derechos estables que, por una nueva modificación legal, puedan ser alterados y, por esa vía, generar un litigio público de perjuicios contra el Estado", agrega.

El informe en derecho emitido por el ahora subsecretario contempla que dichos cambios generarían que “los derechos estables se verían afectados si mediante una ley posterior se reduce el número de años de vigencia de las LTP”, los que ahora son de 20 años.

“La disminución del plazo de vigencia podría conllevar a que el Estado sea demandado por su responsabilidad, solicitándosele el entero de las indemnizaciones correspondientes; o bien, que los privados impugnen su constitucionalidad argumentando que la medida adoptada no se trata sino de una expropiación regulatoria”, agrega el informe.

En esa línea, sostiene Cordero, “en mi opinión existen buenas razones para que los titulares de LTPs arguyan que la reducción del número de años de vigencia conllevaría una afectación a su derecho de propiedad”.

Fuentes de La Tercera, que han revisado el informe del experto en derecho administrativo, sostienen que precisamente plantea la cuestionada posición que ahora se está dando en medio de la discusión del proyecto de la nueva Ley de Pesca enviado por el Ejecutivo.

Y es que, precisamente, el proyecto ingresado en enero del 2024 plantea cambios a esas licencias, e incluso, precisamente, modificaciones a los plazos que estas tengan. El capítulo A del libelo presentado por el gobierno en la Cámara de Diputados propone -entre otras cosas- aumentar las licencias entregadas, modernización de las subastas.

Pero el punto más cuestionado, considerando la tesis legal de Cordero, es que el proyecto enviado por el Ejecutivo plantea una “modificación en la duración de las licencias”, planteando que estas se reduzcan a 10 años.

Propuesta que ahora debe ser analizada, discutida y votada por el Congreso, con el antecedente -dicen quienes han seguido el proceso- del informe en derecho del actual subsecretario del Interior.