Ley corta: parlamentarios valoran fijación de un tope, pero cuestionan falta de indicaciones que recalculen la deuda

Pasadas las 21 horas de este miércoles, y ad portas de la discusión en particular que comenzará la próxima semana en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el gobierno finalmente ingresó indicaciones al proyecto de ley corta de isapres. Y ahí, como había anunciado, puso límites al alza de los precios de los planes que deberán hacer las aseguradoras para alcanzar el equilibrio financiero, pero con un nuevo mecanismo que hasta ahora no estaba considerado en la ecuación.

El objetivo central de la ley es viabilizar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso. En la práctica esto se traduce en instruir las devoluciones masivas a afiliados y, a raíz de ello, se abrió la discusión sobre dar espacio a algún mecanismo para que las isapres puedan, por otro lado, aumentar sus ingresos y no caer en quiebra.

Las indicaciones apuntan a “una propuesta para incorporar en todos los contratos que administre la institución, una prima extraordinaria correspondiente al monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”. Esto, según conocedores de salud, es para buscar el equilibrio financiero y que las isapres, al mismo tiempo de pagar la deuda, puedan mantener sus coberturas.

Acto seguido, las indicaciones señalan que esa prima no podrá considerar el déficit que pudiese haber presentado la institución con anterioridad al 30 de noviembre de 2022 y que no podrá implicar un alza mayor al 10% respecto de la cotización para salud descontada de la remuneraciones, pensiones y rentas afectas a aquellas, correspondientes al mes de julio de 2023, o a la cotización descontada al momento del alza si el contrato fuese posterior a dicha fecha. Este punto específico ya es analizado por actores del Congreso, donde ya se da por sentado que esta discusión se resolverá en una comisión mixta.

Por ejemplo, el expresidente y actual miembro de la Comisión de Salud del Senado Juan Luis Castro (PS) valora el tope y que sea retroactivo a julio del 2023, “porque esa es la fecha en que se dictó el último falló de la Corte Suprema sobre GES”. Eso sí, sostiene no comprender bien el reajuste en los precios base, distinto a como estaba planteado en su origen. “¿Por qué se transforma un reajuste en una nueva prima? ¿A título de qué? Eso no se sabe qué efecto financiero pueda tener y creo que es bueno que esto se explique de parte de la autoridad”, cuestiona.

Por su parte, el diputado, médico y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Hernán Palma (ind.) cuestiona el tope del 10% respecto de la cotización que los usuarios hayan hecho en julio de 2023, cuando, señala, eran más abultadas. “Eso nos parece del todo improcedente, puesto que de alguna manera ayudaría a que la industria recupere sus pérdidas que tanto ha reclamado”, comenta. Y agrega: “Digámoslo con claridad: los chilenos y chilenas estamos acostumbrados a pagar las deudas y con altos intereses. Las isapres no quieren hacerlo”.

Pero el debate de las indicaciones de la ley corta también se ha centrado en cómo hacer cumplir un fallo sin que esto implique un colapso del sistema de prestadores privados ni un éxodo masivo a la red pública. La mutualización ha sido, por ejemplo, uno de los temas más debatidos, pues se interpretaba que fueran los afectados quienes asumieran los costos de las decisiones de las aseguradoras. Reincorporar este mecanismo fue algo que “nunca consideramos (como Ejecutivo)”, según dijo la mañana de este jueves la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en ADN Hoy.

Además, la secretaria de Estado confirmó las prioridades del Ejecutivo en este proceso: “Lo que nos preocupa es que se cumpla la sentencia y que la gente no tenga interrupciones en sus coberturas; que mantenga los servicios que hoy tenía y que efectivamente exista una industria capaz de dar cumplimiento a esta sentencia”.

Sin embargo, el senador Sergio Gahona (UDI) señala que desde el gobierno “discursean” que su intención es dar viabilidad al sistema y asegurar la continuidad de los tratamientos y coberturas, pero que son necesarias acciones para que eso ocurra. “El Ejecutivo y la Superintendencia han sido incapaces de demostrar con datos que su propuesta logra esos objetivos, y los hemos emplazado en reiteradas ocasiones para que lo hagan. Las indicaciones presentadas no hacen más que distanciarse, en los hechos, de las palabras que escuchamos de la ministra Aguilera”, argumenta.

A su vez, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Salud Daniel Lilayu afirma que en las indicaciones el gobierno “olvidó” que la meta de la ley corta es permitir que las isapres paguen su deuda sin que colapse el sistema de salud. Y explaya su punto: “Ningún paciente recibirá devoluciones si sus aseguradoras quiebran, y por lo mismo nos preocupa que el Ejecutivo haya impugnado la propuesta del Senado en el TC, y no haya hecho propuestas alternativas. Solo incluyeron mecanismos que fijan los precios en el sistema, lo cual sabemos que es la antesala de malas políticas públicas”. Así, cree que “una opción justa y viable es el mecanismo propuesto por académicos de la Universidad de Chile, que busca rectificar el cálculo de la deuda, considerando precios y costos mixtos, de hombres y mujeres”.

Finalmente, para el diputado y también miembro de la comisión Eric Aedo (DC), la ampliación de la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa, el techo al alza de los precios, la modalidad de cobertura y que la propuesta de que el 7% de la cotización sea entendido como seguridad social son parte de las indicaciones del Ejecutivo que hay que rescatar. No obstante, señala que aún hay elementos en donde el gobierno debió ser “más osado” para permitir un acuerdo en la comisión mixta. “Creo que ha faltado más audacia política para resolver este problema por parte del Ministerio de Salud”, cierra.