Límite de semanas y acelerar una discusión sucesivamente pausada: las definiciones del gobierno para aborto y eutanasia

Durante el discurso de su tercera cuenta pública de este sábado, el Presidente Gabriel Boric marcó la jornada con anuncios relacionados a salud y reproducción, que provocaron, sin medias tintas, aplausos y molestias. Uno de ellos fue el compromiso sobre la presentación durante el segundo semestre de un proyecto de ley sobre aborto legal que, según el Mandatario, será sometido a la discusión correspondiente, “con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y no retroceder”.

“Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, sentenció el Presidente.

La propuesta generó ronchas dentro de sectores de la oposición, evidenciado por parlamentarios que se retiraron del Salón de Honor durante el anuncio, así como críticas por parte del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien afirmó que las sociedades que promueven el aborto y la eutanasia son “humanamente pobres, frías y muy individualistas”.

Como sea, la idea volvió a estar sobre la mesa de golpe y es el Ministerio de la Mujer el que estará a cargo de sus principales bajadas, aunque la ministra ha señalado que no se darán a conocer sus detalles hasta la presentación de la propuesta a finales de año. “Los detalles los iremos adelantando a partir de avance del diálogo social”, expresó.

De todas formas, conocedores de la iniciativa dentro del ministerio afirman que parte de los lineamientos -al igual que los proyectos en otras partes del mundo- definirá el límite de semanas de interrupción y buscará la despenalización.

Pero antes del proyecto final de ley de aborto se presentará un proyecto prelegislativo a partidos y organizaciones de todo tipo para que conozcan sus características y aporten sus miradas.

Quienes conocen del tenor de esta idea señalan que este es un proyecto que ha venido trabajándose desde 2022 con una amplia variedad de organizaciones y que incluso desde el Ministerio de la Mujer se mantienen relaciones con organizaciones de mujeres del mundo eclesiástico para discutir este tema y otros, como la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

La ministra ya se había referido a este tema en medio de la conmemoración del Día de la Mujer de este año, oportunidad en que adelantó que “hay quienes creen que solo hay que mejorar la implementación de las tres causales, y hay otro polo que cree que hay que ir con una ley a todo evento. Estamos buscando un acuerdo”.

Cabe recordar que en Chile existe una ley de despenalización de la interrupción del embarazado en tres causales, promulgada en 2017, que permite el procedimiento médico en casos de riesgo materno, inviabilidad fetal o violación.

Y que si bien el proyecto anunciado ahora siempre ha sido una de las principales promesas del Ministerio de la Mujer encabezado por la ministra Antonia Orellana, ella misma en marzo había indicado que esta demanda “no está dentro de las prioridades de este año”.

Durante la cuenta pública el Presidente Boric también anunció que pondrá “urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”.

El proyecto de ley de eutanasia fue inicialmente ingresado en 2011 por Gaspar Rivas (RN) y la diputada Adriana Muñoz (PPD), pero estuvo congelado hasta 2014. Para 2021 este fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, entrando al segundo trámite constitucional y a la Comisión de Salud del Senado.

Sin embargo, desde abril de 2021 este proyecto está estancado en la Cámara del Senado. Incluso en la primera cuenta pública de Boric, en junio de 2022, ya se había anunciado el ingreso de urgencia a la discusión.

En ese entonces el proyecto yacía paralizado en el Senado -donde el gobierno es minoría- y a la espera de votación en la Comisión de Salud. Su demora, además, se pospuso por otras prioridades o mera estrategia legislativa. En ese caso en particular, el proyecto aún no contaba con los respaldos suficientes, ya que se requería persuadir por lo menos a un par de senadores de derecha, asentar bien los votos de la DC y de los independientes como Fabiola Campillai y Karim Bianchi, según constató este medio en 2022.

La última actualización del proyecto fue el pasado 19 de octubre de 2022, cuando también se presentó urgencia inmediata. Hoy la propuesta se encuentra en segundo trámite constitucional y de ahí no se ha movido hasta la fecha. Incluso, a finales de diciembre de 2023 el diputado Vlado Mirosevic (PL) solicitó al gobierno poner urgencia al proyecto que “permita a los pacientes, frente a su propia conciencia, tomar una decisión que les permita no seguir sufriendo”.

¿Y qué busca el proyecto? Establecer cambios a la ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en atención en salud, en donde se busca establecer que “solamente la persona a quien se haya diagnosticado un problema de salud grave e irremediable tiene derecho a decidir y solicitar asistencia médica para morir”.

Actualmente esta ley solo establece que “toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud”. Por tanto, sobre el artículo 16 de la ley se solicita la eliminación en el inciso primero la oración: “En ningún caso el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte”.