Líos de plata: Fiscalía apela al cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario de concejala Paz Fuica

Fueron exactamente 52 días los que la concejala de Antofagasta Paz Fuica estuvo recluida en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de esa ciudad, en el marco de la investigación del denominado caso líos de platas que indaga presuntas irregularidades en los convenios entre la Seremi -en la cual trabajaba Fuica- y la Fundación Democracia Viva.

El lunes 4 de marzo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de su defensa y cambió esa medida cautelar por una de arresto domiciliario total para la suspendida militante de Revolución Democrática (RD).

Tras la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta el Ministerio Público recurrió ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para solicitar que dicho tribunal de alzada revierta la medida cautelar en favor de Fuica. El argumento esgrimido fue que aún no existen antecedentes suficientes para que la psicóloga deje la cárcel, donde estuvo recluida desde el 12 de enero.

La decisión del tribunal, quien acogió la solicitud de los abogados de la concejala -representada por Jorge Mayne y Rodrigo Lazo-, se dio semanas después de que la justicia también cambiara las medidas cautelares de prisión preventiva del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y el director de la fundación, Daniel Andrade.

En el caso de Fuica, y al igual que los exmilitantes de RD, se decretó el arresto domiciliario total, además de la prohibición de salir del país. Decisión que en 16 páginas la Fiscalía Regional de Antofagasta busca revertir al considerar a la exfuncionaria del Minvu regional “un peligro para la sociedad”.

La defensa de la concejala, por su parte, también recurrió la Corte de Antofagasta para solicitar que las medidas cautelares se reduzcan aun más y se decrete la firma mensual y arraigo nacional.

El escrito ingresado este sábado por el fiscal Cristián Aguilar cuestiona los argumentos esgrimidos por el tribunal durante la audiencia del pasado 4 de marzo en el que se cambió la medida cautelar de Fuica, al considerar que esta era “desproporcionada” considerando la situación del resto de los implicados en la misma investigación, además de apuntar a los fundamentos de la defensa de la concejala, que sostiene que no existían antecedentes para mantener la prisión preventiva.

En esa línea, el Ministerio Público apuntó a que en la audiencia no se argumentaron los parámetros que estipula la ley para ver si es que corresponde o no “la necesidad de cautela”, así como tampoco si es que existían atenuantes para reducir una posible condena y con ello justificar que no debía estar recluida mientras dure la investigación.

La Fiscalía de Antofagasta insistió en que “no se introdujo al debate reproche respecto de la existencia de nuevos antecedentes relacionados con la necesidad de cautela”. Además de eso, agrega que cuando el tribunal resolvió “desde nuestro punto de vista, no proporciona los motivos fundadamente que hacen variar su situación procesal particular, no siendo suficiente para su mutación invocar el principio de proporcionalidad o coherencia”, considerando la actual situación de Contreras y Andrade.

El ente persecutor en su recurso de apelación apunta a que en estos casos el cambio se debió a una decisión de la Corte, la cual estableció que “concurrían nuevos antecedentes que justificaban el cambio de cautelar, especialmente considerando que en el evento de resultar condenados podían ser favorecidos con dos o más atenuantes y por aquello podrían cumplir su condena en libertad, lo que por cierto no acontece con la imputada Fuica y tampoco fue alegado por su defensa”.

Antes de argumentar el recurso de apelación, el fiscal Aguilar en su escrito expone la serie de hechos por los cuales se indaga a la concejala de Antofagasta y cercana al exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade. Según el ente persecutor, la entonces funcionaria “intervino directa y deliberadamente” en lo relacionado al Programa de Asentamientos Precarios, “resolviendo por una parte con Contreras qué fundaciones debían ser favorecidas con convenios de transferencias de fondos”.

Es por eso que la Fiscalía también la relaciona con que el exseremi asistido por Fuica “incumplió gravemente los deberes de su cargo, en lo relativo a la observancia de los principios de eficiencia, eficacia, control y transparencia por los que deben regirse las autoridades y funcionarios”.

Por último, el texto también apunta que tanto Fuica como Contreras se concertaron con Andrade para llevar a cabo los tres convenios por $426 millones, eso pese a que la Fundación Democracia Viva no cumplía los requisitos mínimos para adjudicarse dichas transferencias de dineros. Decisión que tuvo a los tres por más de 50 días tras las rejas.