Líos de platas: Contraloría dicta normas anticorrupción y enfatiza que no debe haber vínculos familiares en los contratos del Estado

Más de un mes ha pasado desde que estallara el caso de Democracia Viva, y consigo se conocieran una serie de cuestionamientos a las transferencias de parte del Estado a diferentes fundaciones privadas, las cuales actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. La Contraloría, por su parte, que anteriormente anunció el congelamiento en la toma de razón de convenios público-privados, ahora ha emitido un dictamen en el cual establece una serie de normas para evitar actos de corrupción en las compras del Fisco.

El documento del órgano dirigido por Jorge Bermúdez sostiene que la Contraloría “ha estimado necesario emitir un pronunciamiento respecto de diversas medidas tendientes a disminuir los riesgos de corrupción en los procesos de compras públicas de bienes y servicios regulados por la ley N° 19.886, que llevan a cabo los organismos de la Administración del Estado”.

A grandes rasgos, el dictamen de Contraloría detalla cuatro medidas generales que deben considerar los organismos públicos a la hora de realizar compras y contratación de servicios. Para detallar aquello, se citan las leyes y reglamentos que actualmente rigen las adquisiciones que realizan las instituciones, además de las normas de transparencia de las gestiones.

La publicación de la institución contralora se da en medio de la investigación sobre la presunta ocurrencia de delitos en las transferencias de dineros desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la organización liderada por la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade. A lo que se suman las indagatorias que abrió el Ministerio Público en nueve regiones a lo largo del país tras los cuestionamientos de los pagos desde instituciones estatales a organizaciones privadas ligadas, de una u otra forma, a quienes dirigen las seremis o gobiernos regionales.

Es en este contexto que una de las medidas dictadas por Contraloría es sobre la “obligatoriedad de programas de integridad y compliance por parte de los proveedores”. En ese sentido, el órgano contralor parte recordando que las instituciones no pueden tener contratos con empresas las cuales hayan sido condenadas por prácticas sindicales o infracciones a los derechos de los trabajadores.

Pero no sólo eso, el dictamen de Contraloría agrega que ningún órgano del Estado y empresas o corporaciones de este “podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”.

A estas, detalla, que no pueden existir vínculos con empresas en las cuales los directivos del Estado formen parte, ni con sociedades en las que tengan acciones o vínculos con “los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades”.

Según señala el dictamen, las normas que citan “buscan que quienes contraten con la administración del Estado demuestren que han tenido un comportamiento íntegro, lo que se traduce en que las personas que trabajen para esos proveedores y participen en las actuaciones que deben llevarse a cabo durante la etapa concursal y luego en la ejecución del contrato, procedan con la debida integridad”.

Junto con eso, Contraloría ordena que si bien algunos organismos incluyen normas de integridad en los contratos, no queda certeza de que esas estipulaciones “sean conocidas y cumplidas por los trabajadores de los respectivos proveedores”, por lo cual solicita que se fijen en las bases de licitaciones. En el caso de las adquisiciones por trato directo, ordena que sean incluidos en las cláusulas de los contratos.

Pero no sólo los vínculos familiares es algo recientemente dictaminado. La primera de las medidas establecidas por el órgano dirigido por Bermúdez es respecto a las gestiones de los contratos. En este apartado, se establece que los procesos de adquisición de bienes y servicios se debe realizar a través de los sistemas electrónicos establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

En esa línea, establece que no se debe duplicar la publicación de dicha información en los sitios institucionales y los de la DCCP, lo que permitirá “simplificar la labor de verificación que debe efectuar esta última y detectar los casos de omisión de información relacionada con los pagos, medidas aplicadas en caso de incumplimientos, vigencia de las garantías, término normal o anticipado del contrato, entre otros”. Por lo mismo, agrega que deberán publicar la información básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento. Además, agrega que se deben adoptar las “medidas tendientes a verificar que los órganos de la administración del Estado, den estricto cumplimiento a la exigencia de publicar las materias relativas a sus contrataciones”.

Otra de las medidas establecidas es sobre el “comportamiento contractual de los proveedores”, sosteniendo que deberá crear un manual sobre los procedimientos de adquisiciones. Además, se debe formar un plan anual de compras, el cual contendrá un listado con los bienes y servicios a contratar por cada mes del año, especificando el valor estimado y las fechas establecidas para la aplicación de este. Ambas medidas deberán monitorearse posteriormente.

Finalmente, el dictamen de Contraloría establece que deberán formularse unas “bases tipo y formularios de bases”, las cuales deben ofrecer certeza en las exigencias para participar en las licitaciones del Estado.