Líos de platas: Urbanismo Social arremete contra gobernadora del Maule y asegura que frenó convenio por negativa a contratar a concejal de su partido

Decenas son los documentos que acumulan las diferentes fiscalías y unidades de Contraloría en prácticamente todas las regiones del país en razón de indagaciones o auditorías vinculadas al denominado caso líos de platas. Con diferentes grados de avance y de complejidad, analistas auditan millonarios traspasos realizados desde organismos estatales a más de 50 ONG y corporaciones.

Se persiguen delitos y también errores administrativos, e inicialmente todos los ojos estaban puestos en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Sin embargo, a poco andar comenzaron a surgir “aristas” en diferentes zonas como la referente al Maule. Y precisamente frente a ese caso el organismo encabezado por Jorge Bermúdez está pronto a emitir un pronunciamiento específicamente en lo referente a tratos suscritos por la Gobernación Regional encabezada por la DC Cristina Bravo.

Entre otros elementos, Contraloría indaga un convenio suscrito por la entidad y la fundación Urbanismo Social, a fines de diciembre de 2022, por un monto total de $264.950.000 y cuyo fin era la implementación del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”.

Y es que a pesar de que el convenio en cuestión fue aprobado conforme a la Resolución n° 8463 del 22 de diciembre y a que los fondos fueron transferidos en su totalidad, el avance del proyecto ha sido cero. Por lo mismo, como han sostenido desde la gobernación, determinaron poner término anticipado a los contratos, pues además ya había una querella presentada por esta situación, la interpuesta por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Pese a dichos reproches, como pudo constatar La Tercera, Urbanismo Social ha hecho llegar tanto al Ministerio Público como a Contraloría antecedentes que dan cuenta de que los responsables del nulo avance del programa -según ellos- son precisamente las autoridades del Gobierno Regional. A través de documentos, presentados ante la entidad fiscalizadora, manifestaron que en reiteradas ocasiones se les negó información necesaria para comenzar la intervención de barrios. De hecho, como se desprende de los mismos archivos, nunca se les detalló cuáles eran las zonas donde debían realizar los servicios.

Como dan a entender mediante una serie de correos adjuntados como “material de prueba”, eso ocurrió porque se negaron a contratar a una de las tres personas que la administración de Bravo les exigía para la ejecución del convenio, al concejal de Curicó Javier Ahumada (DC).

Como aseguraron desde Urbanismo Social a Contraloría, la directora ejecutiva Camila Ramírez “se comunica con Jorge Fajardo, jefe de la División de Planificación Regional, vía telefónica, en el mes de enero de 2023, solicitando confirmación de los cinco barrios a intervenir. En dicha llamada, Fajardo indicó que antes de entregar esa información la fundación debía contratar a personas de confianza de la gobernación -y, en particular, de la gobernadora Cristina Bravo- para la conformación del equipo que ejecutaría el programa”.

En marzo, según detallaron, Mario Ramírez, jefe de la División de Fomento e Industria, les señaló que debían contratar a seis profesionales en total. Y nuevamente se les recordó, indicaron, que ese “requerimiento sería una condición para la entrega de información de los cinco barrios a intervenir”.

Ante ello, de acuerdo con lo expresado por la fundación, “los representantes señalaron que toda contratación debía cumplir con los requisitos establecidos y las etapas de los procesos de selección de la organización que busca garantizar mínimos de transparencia y equidad interna, así como cumplir con los estándares de calidad en cada uno de sus proyectos”.

Luego de varios intercambios, el 16 de mayo le indican a la administración que no habría forma de que contrataran a un concejal en ejercicio y le enviaron carta a la gobernadora detallando las razones. No tuvieron respuesta y, según explicaron ante Contraloría, eso los llevó a ingresar una segunda misiva el 30 de junio pidiendo, otra vez, el detalle de los barrios.

El 30 de junio, cuando ya había estallado el caso de los millonarios convenios cuestionados, desde la fundación aseguraron haber recibido un correo firmado por Leandra Urzúa, administradora regional del Maule, donde finalmente se les pidió la resciliación o mutuo disenso del convenio en cuestión. Eso llevó a que el 6 de julio la directora pidiera que se les fundaran las razones del término del trato, aunque no tuvieron respuestas. Luego Eduardo Segura, coordinador jurídico del Gobierno Regional, les responde uno de los mensajes enviados y descarta tener antecedentes sobre las contrataciones solicitadas.

De todas formas, Urbanismo Social dijo haber pedido nuevamente todos los detalles por escrito y, además, envió una solicitud a Contraloría para saber sobre el correcto proceso para dar fin al convenio.

Consultados sobre la situación que enfrentan, desde Urbanismo Social indicaron que siempre han “demostrado apego a sus políticas de probidad y transparencia. Por lo mismo, fue la propia fundación la que alertó sobre esta situación que se presentaba -a lo menos- como irregular en materia de contratación de personas.

“Para la fundación, el proceso de selección de profesionales siempre ha sido abierto, riguroso y transparente en cualquier convenio suscrito, tanto con entidades públicas como privadas. Más aun en un tema tan importante y sensible para los habitantes de la Región del Maule, como lo era un proyecto sobre seguridad comunitaria. Pese a nuestro genuino interés de concretar el convenio, y dada la situación mencionada, fue imposible lograr avances”, agregaron.

Por su parte, la gobernadora Cristina Bravo indicó que jamás habló con ellos de contratar personal: “La única vez que conversé con ellos (con Urbanismo Social) fue a través de ley de lobby donde me hicieron una presentación de su fundación y sus áreas de trabajo”.

Y con respecto de las comunas que según la fundación no se habrían precisado, aclaró que “todas las iniciativas aprobadas por el Gobierno Regional del Maule tienen identificadas en su formulación y posterior aprobación los beneficiarios, objetivos, la metodología y las comunas a intervenir”.

Pese a ello, en documentos referentes al proyecto no se entrega el detalle de los barrios en cuestión. De hecho, se señala que eso será definido con la contraparte.

Cabe mencionar que, al margen de este caso en particular, Urbanismo Social también está siendo indagada por los eventuales conflictos de interés de Rodrigo Hernández (RD), quien hasta abril de 2022 fue director jurídico de la fundación y luego seremi de Vivienda del Maule, entidad que realizó 4 transferencias por un total de $109 millones a sus exempleadores.