Los cuatro años “judiciales” tras el 18-O: 45 agentes del Estado condenados por violación a los DD. HH. y 3 mil causas archivadas

Más de 8 mil son las causas que fueron las que ingresaron a la Fiscalía por presunta violación a los derechos humanos en el contexto del denominado estallido social. A cuatro años del 18 octubre de 2019, fecha en la que comenzó aquella crisis social, más de 3 mil causas en contra de agentes del Estado se encuentran archivadas, mientras que 45 funcionarios han sido condenados por algún delito de estas características.

Lo anterior, según cifras del Ministerio Público, el que contabilizó las causas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del siguiente año, tiempo del mayor apogeo de las manifestaciones de hace cuatro años. Según la Fiscalía, en aquel periodo ingresaron 8.508 casos por violencia institucional. Desde entonces, y a cuatro años de que se iniciaran las mayores manifestaciones de los últimos años, el 81,6% de las causas ya están terminadas, ya sea con una condena, absolución, suspensión, decisión de no perseverar o en muchos casos archivadas.

Los números de la Fiscalía demuestran además que, por los hechos ocurridos en contexto del estallido social, se formalizó a 157 funcionarios de las policías y Fuerzas Armadas. De estos, 148 corresponden a carabineros, siendo de los más emblemáticos la condena a Patricio Maturana, excarabinero que deberá cumplir 12 años de presidio por dejar ciega a Fabiola Campillai. En los próximos días, además, se cierra otro de los procesos más relevantes del 18-O, el juicio por las lesiones graves gravísimas a Gustavo Gatica, donde está acusado el coronel (R) Claudio Crespo.

Condenas que involucran al Ejército hay siete, mientras que en la Policía de Investigaciones (PDI) se registran solo dos. En cuanto a manifestantes, el 2020 ya se contabilizaban más de 5 mil formalizados por diferentes delitos cometidos ocurridos durante el estallido.

En ese contexto, este 18 de octubre desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Camila de la Maza, jefa (s) de la unidad de Protección de Derechos de dicha institución, sostuvo que “las acciones presentadas por el instituto fueron a favor de 3.777 víctimas y hubo 220 de ellas que fueron víctimas de trauma ocular, eso corresponde alrededor del 5,8% del universo total de las víctimas con alguna lesión sin resultado de muerte. Según las querellas que se han presentado por el INDH, siete personas fallecieron por acciones de agentes del Estado”.

Del total de causas ingresadas ante Fiscalía, según cifras del ente persecutor hasta el 24 de julio, 6.949 de estas se han terminado o tuvieron diferentes salidas procesales. La mayoría de estas, 2.246, se trata de causas se agruparon. Sin embargo, otras 3.729 denuncias se archivaron provisionalmente, lo que corresponde al 43,8% del total de hechos en los cuales se denunció a un agente del Estado. En esa línea, en otros 809 casos la Fiscalía solicitó no perseverar en la persecución, y en otros 60 hechos no se ha iniciado una investigación.

En cuanto al número de causas que finalizaron con una condena, el Ministerio Público ha logrado en 31 causas sentencias definitivas condenatorias. De estas causas, se ha logrado condenar a 45 agentes del Estado por la ocurrencia de diferentes delitos. En detalle de aquello, se contabilizan 26 delitos de apremios ilegítimos, siete por tortura y cinco por falsificación o uso malicioso de documentos públicos. A estos se suman otros cuatro delitos de homicidios cometidos por funcionarios del Estado.

En caso contrario, 11 casos han terminado con los implicados absueltos y 22 más han finalizado con el sobreseimiento definitivo.

En el Senado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que las investigaciones por violación a los derechos humanos “están vigentes porque en algunas de ellas se nos solicita la eventual violación sistemática de derechos humanos. Hemos detectado, por supuesto, que eso es de público conocimiento, hechos que se pueden clasificar como violación a los derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuirle el carácter sistemático, sin perjuicio de que las investigaciones se encuentran todavía abiertas”.

Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile, asegura a La Tercera “que exista un número ínfimo de condenas respecto de todas las denuncias presentadas por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, es el resultado de la falta de debida diligencia del Estado en las investigaciones y de que no ha existido colaboración de las instituciones uniformadas para esclarecer la verdad.

En esa línea, Valencia aseguró que se han tomado tres medidas en estas causas. La primera, asegurarse que estas causas avancen con celeridad, y la segunda es que la unidad de Derechos Humanos se encargue de “supervisar que aquellas causas que estaban cerradas efectivamente estaban bien cerradas y no que quedaran diligencias pendientes que debían realizarse conforme a las instrucciones generales y a nuestros tratados internacionales”. La otra medida es respecto a aquellos casos en los que los carabineros fueron víctimas.

Otra de las cifras entregadas por el Ministerio Público, según su último balance de octubre del 2020, es respecto al número de delitos cometidos por manifestantes. En ese contexto, la Fiscalía confirmó en su informe a un año después del 18 de octubre del 2019, que se formalizó a 5.084 personas por diversos tipos de delitos.

En detalle, según informó el órgano persecutor en aquel entonces, la mayoría de los atentados fueron perpetrados en contra de las estaciones del metro, por incendio, porte o tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional.

Para los ataques al metro, 42 personas fueron formalizadas, de las cuales 29 fueron formalizadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuatro por la Fiscalía Centro Norte, cinco por la Fiscalía Sur y cuatro por la Fiscalía Occidente.

Sin embargo, el delito por el cuál más se formalizó a manifestantes fue por saqueos. Por estos hechos se formalizó a 4.004 personas, de las cuales 1.255 fueron imputadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, 714 en Valparaíso y 483 en la Fiscalía Centro Norte. Por este delito, finalmente, hasta ese año se había condenado a 638 personas.

Respecto a las investigaciones por ataques a los funcionarios policiales, Valencia explicó: “Concentramos las investigaciones pendientes y vigentes por delitos graves que se habían cometido en contra de carabineros, en los cuales fueron víctimas, concentrar la investigación de esas causas en un fiscal regional. Designamos al fiscal Alexis Rogán, quien ha estado trabajando en aquello. Se excluyeron de esos aquellas causas en las que ya había formalizaciones en curso o había acusaciones ya presentadas, siguieron en los fiscales que las tenían a su cargo, pero el fiscal Rogán está a cargo de dirigir estas investigaciones”.

Por delitos como el incendio y el de porte o tenencia de artefactos incendios se formalizó a otras 208 personas, además de 678 por el delito de desórdenes. Muchas de las causas , a cuatro años del 18 de octubre, siguen en investigación.