Los descargos del régimen de Maduro en el crítico informe de Bachelet sobre Venezuela

En consonancia con su metodología para la observación de los derechos humanos, el "exhaustivo" informe donde la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, denuncia torturas y tratos "inhumanos" cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, a través de la información recabada en 558 entrevistas "con personas víctimas, testigos y otras fuentes", también incluye los descargos del propio Palacio de Miraflores. Descargos en los que el gobierno chavista procuró entregar sus testimonios, cifras y contenidos sobre la crisis venezolana.

A lo largo del escrito la expresidenta chilena procura desmenuzar distintos aspectos y componentes propios de la problemática que viven los venezolanos. No obstante, tan pronto como aparece el análisis de "los derechos económicos y sociales" el chavismo objeta los datos recabados por Bachelet. "Información verificada por el ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre", afirma la alta comisionada en el documento, añadiendo que "el gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación". Inmediatamente se señala que "el gobierno ha solicitado ayuda", pero que ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

Y es que de manera casi inmediata, al hojear el documento, la exmandataria apunta directamente al manejo de la información por parte de Maduro en Venezuela, explicando que el texto "remite a la información y a los datos oficiales siempre que es posible, pero nota que el acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales, incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos por lo menos desde 2015". Fue a través de un comunicado de la ACNUDH que la propia Bachelet aceptó una invitación realizada por Maduro y su gobierno, una invitación que contó con distintos encuentros con el oficialismo, la oposición, la sociedad civil, familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales.

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(Foto: EFE) La alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, Michelle Bachelet, sale de una reunión con el líder oficialista Diosdado Cabello el 21 de junio, en Caracas. 

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Los números de la discordia

Cuando se trata de cifras aparecen los principales reparos. Y es que, por ejemplo, según el gobierno de Maduro el 13 de mayo de 2016 "declaró un 'estado de excepción y emergencia económica' y creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como parte de la estructura local de los Consejos Comunales". De acuerdo a las cifras del oficialismo, las cajas conocidas como las CLAP "llegan a seis millones de hogares", pero Bachelet señala que a pesar de existir personas que no cuentan con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en la lista de distribución "porque no eran partidarias al gobierno".

El escrito de la oficina de Bachelet destaca que "la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial". No obstante, y tal como lo ha señalado desde que la Casa Blanca comenzó a ejecutar una serie de sanciones contra funcionarios chavistas y la industria venezolana, "el gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al over-compliance, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas", añade el texto.

Además de acusar al régimen de graves violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los venezolanos, Bachelet también apunta contra la violencia y abusos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. De acuerdo a las cifras de Maduro , "en 2017 ocurrieron 12.913 manifestaciones, 7.563 en 2018 y 3.251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019. Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019", aclara el informe.

Una realidad completamente distinta a la que Bachelet denuncia en el texto fue la que presentó el chavismo durante la visita de tres días que realizó la alta comisionada entre el pasado 19 y 21 de junio a Caracas. Tanto así que cuando se trata de defunciones en protestas, según el gobierno "no hubo muertes en manifestaciones en 2018", reportando que 29 personas fallecieron entre enero y mayo de 2019. Desde la otra vereda, el OVCS fue claro en compartir sus datos: registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y 66 entre enero y mayo de este año.

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(Foto: EFE) Familiares de presos políticos protestan fuera de la sede de la PNUD en Venezuela, durante la visita de Bachelet a Caracas, en junio. 

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Lo mismo se repite con las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, porque la ONG Foro Penal señala que "por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019" , la mayoría en un contexto de protestas callejeras. Sin embargo,"según el gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país".

En ese contexto, la ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad del chavismo, algo que en Miraflores las autoridades clasifican como "resultantes de las operaciones de seguridad como 'resistencia a la autoridad'. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría", apunta el informe de la oficina de Bachelet.

De manera casi paralela con la presentación del informe de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., el chavismo difundió uno propio, de 11 páginas, en que a través de 70 objeciones señalan omisión de información por parte de la expresidenta en la elaboración de su reporte. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, también ha rechazado "de manera categórica" el documento elaborado por la ACNUDH.