Los filosos oficios de Ximena Rincón a la Suprema y la fiscalía, en que presiona por revisar cautelares a presos del estallido

En un incipiente problema político -tanto para el actual y el futuro gobierno- se está transformando el tema del proyecto de indulto para quienes están detenidos por delitos cometidos durante el estallido social.

Mientras La Moneda mira el tema con preocupación, dado que de aprobarse podría ser un último revés para el gobierno del Presidente Piñera, en el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, quieren una pronta definición del Congreso para que el problema no les estalle durante su futura administración.

Ayer, Boric emplazó a los parlamentarios para apurar la tramitación y señaló que “hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva en el mes de enero, esto no puede seguir esperando. Nosotros como gobierno nos comprometemos a abrir un diálogo que sea amplio para que esto no se trate ni de vencedores contra vencidos, ni de un sector contra otro, sino que para generar la unidad tras un periodo de tanta tensión y división”.

La necesidad de dar solución a estas personas encontró otra voz desde la autoridad política. La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), remitió el 9 de diciembre una serie de oficios a distintas autoridades para conocer más sobre el estado de las prisiones preventivas de quienes están condenados o imputados en casos de delincuencia vinculados al estallido social y presionar respecto de una pronta salida a estos.

Rincón sostuvo que Gendarmería le informó de 144 casos de prisiones preventivas, entre el 19 de octubre de 2019 y noviembre de 2021. Las fechas de corte de quiénes podrían ser beneficiados es algo que nunca ha quedado claro, lo que genera inquietud tanto en el Poder Judicial como en el gobierno, dado que en un comienzo se tomó hasta marzo de 2020, y luego hasta diciembre de ese año, que fue cuando ingresó el proyecto de ley a la Cámara Alta.

En un mismo documento que la senadora y exprecandidata presidencial remitió a la Corte Suprema y la Fiscalía Nacional, pide la “adopción de las medidas que, en uso de sus facultades exclusivas, estime pertinentes para asegurar el pleno respeto de los derechos que pudiesen estar comprometidos y que, en consecuencia, pudiesen redundar en el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado”.

En el oficio de seis carillas, la presidenta del Senado expone que el 80% de las personas que están en prisión preventiva carecen de ingresos anteriores al sistema, y sólo 21 de ellos registran experiencia carcelaria previa. “Cabe reflexionar acerca de los imputados que se encuentran privados de libertad sin sentencia previa, y no tienen antecedentes penales anteriores. Ellos, en el peor de los casos, si hubiesen sido sometidas a juicio y condenadas, tendrían derecho a cumplir sus condenas mediante aplicación de medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad: remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada según los casos”, dice.

Agrega: “Y por ese hecho ya podrían haber sido liberadas. En su calidad de imputados, en cambio, se encuentran aún más afectados en su libertad que un primerizo condenado, impedidos de acceder a penas alternativas, que existen en nuestro sistema procesal precisamente para evitar su encierro en un recinto carcelario”.

Una de las personas recluidas desde febrero del 2020, relata Rincón, lleva un año y 11 meses de privación de libertad, imputada por “desórdenes públicos, tenencia ilegal de armas prohibidas, tenencia o porte de armas, municiones y otros”, pero su ingreso está categorizado como “atropello a carabinero”. Aquí, la presidenta del Senado le pregunta a Abbott y a la Corte Suprema: “¿Después de un año y 11 meses, el Ministerio Público no ha podido esclarecer estos hechos?”.

Finalmente, manifiesta que “de todos los datos anteriormente descritos, se desprende la imprescindible necesidad de decretar los cierres de las investigaciones y, en definitiva, la determinación de los cargos por los que, en definitiva, se acusará a estas personas, o se les declarará inocentes. Y, como resulta evidente, urgen también nuevas revisiones judiciales de las medidas cautelares que se han extendido desde nueve meses y hasta dos años y dos meses”.

Rincón le pide, tanto a Abbott como al máximo tribunal, que informe respecto de cinco puntos: el estado de las investigaciones con vistas al cierre de estas; el tiempo de duración de las prisiones preventivas de quienes permanezcan en tal condición, a la fecha de corte de su informe; las medidas alternativas consideradas en cada caso; las revisiones de las cautelares realizadas hasta igual fecha, y los fundamentos concretos que, en cada caso, se han dado para decretar y mantener esas medidas.

El subsecretario del Interior, en tanto, Juan Francisco Galli, pidió esclarecer las cifras. “Considero graves estos antecedentes: gran parte de los detenidos cometió estos delitos durante el 2021 y que podrían ser sujetos del proyecto de indulto. Me pregunto, entonces, ¿hasta dónde se va a extender la impunidad que se pretende con este proyecto?”.

Gendarmería le remitió a la presidenta del Senado el informe de quienes estaban presos por situaciones vinculadas a orden público al 18 de noviembre de 2021. Así, la entidad penitenciaria le informó que 144 personas estaban recluidas en calidad de imputados sujetos a prisión preventiva, entre el 18 de octubre de 2019 y 11 de noviembre de 2021.

Sin embargo, para acotar la información a cierto periodo, le remitió el listado de 69 personas con esta medida cautelar, al 31 de marzo de 2021. De este total de imputados, no obstante, solo 10 están presos por delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, en pleno estallido social.

Los delitos por los cuales están presos son variados: el primero, catalogado como un saqueo, donde el imputado “atropelló a personal de la PDI, en saqueo de supermercado Mayorista 10″, el 21 de octubre de 2019.

Hay otros dos casos de saqueo y siete por lanzamiento de bombas molotov, uno de esos por lanzar artefactos explosivos “con riesgo de propagación a personas”, en la Estación San Pablo, y otro por atacar con elementos incendiarios a personal de la 12 Comisaría de Santiago.

Estos casos, de ser comprobados por el Poder Judicial, para el presidente electo, no podrían ser objeto de indulto, según dijo el 23 de noviembre de 2021, en La Red: “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”.

Enseguida, hay 32 personas que ingresaron a unidades penales en 2020, año en que entre enero y febrero se registraron la mayor cantidad de delitos de este tipo, dado que en marzo la pandemia prácticamente frenó las manifestaciones y desmanes más graves, principalmente en la Región Metropolitana.

Para 2021, Gendarmería informó a la presidenta del Senado que 27 personas ingresaron a cumplir la medida cautelar más gravosa, entre ellos, un imputado que habría saqueado un local de carnes, otro por robar en una bencinera y un sospechoso de lanzar bombas molotov al monumento de los mártires de Carabineros.