En el Ejecutivo existe la conciencia que el Día del Joven Combatiente será un importante test que medirá la capacidad del gobierno de Gabriel Boric para controlar el orden público. Por ello, en el despliegue -detallado por la ministra del Interior Izkia Siches en el comité político de este lunes- hay puntos donde la nueva administración quiere marcar diferencias con sus antecesores.

El gobierno debutante de Gabriel Boric tiene por un lado la responsabilidad de demostrar que es capaz de mantener bajo control la seguridad, pero también tiene trazado el objetivo de mostrar que apoya la protesta social que promueven los sectores de izquierda que apoyaron su candidatura La Moneda.

En vista de este último hecho, ya entrada la tercera semana de la instalación del gobierno no han sido pocos los gestos del Ejecutivo a la izquierda que representan los movimientos sociales. Un camino que no ha estado exento de críticas al interior del oficialismo, particularmente, de parte de los representantes del Socialismo Democrático.

Horas antes de asumir el gobierno, vino la primera señal desde los ministerios del Interior, Justicia y Economía cuando se anunció el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), la conformación de una mesa de reparación para víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del Estallido Social, además del apoyo económico a las pymes afectadas por las manifestaciones.

Si bien el retiro de las querellas no liberó a ningún imputado -según una revisión a las 139 causas hecha por La Tercera-, desde el gobierno la vocera Camila Vallejo defendió la medida, señalando que la Ley de Seguridad del Estado “se ha aplicado de manera desproporcionada para casos que no están realmente afectando la seguridad de la nación”

En su discurso al asumir en La Moneda el 11 de marzo, el presidente Boric hizo también un guiño a las fuerzas de izquierda.

El simbolismo con la estatua de Salvador Allende y el parafraseo de su alocución del 11 de septiembre de 1973, enmarcaron el mensaje que transmitió ese día, en el que enumeró una seria de causas sociales que hoy movilizan a la izquierda como el feminismo, los pueblos originarios, la clase media, las disidencias sexuales, los familiares de detenidos desaparecidos, entre otros. “Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo.

Para la ceremonia de investidura, también se consideró que víctimas de la violencia policial tras el estallido de 2019 estuvieran representadas. Si bien la senadora Fabiola Campillai tenía un asiento asegurado como parlamentaria, también se incluyó a Gustavo Gatica.

La consideración a la senadora Campillai se transformaría, en ese sentido, en un símbolo del trato que el gobierno quiere mantener con los sectores a los que ella representa.

Uno de los gestos de la coalición oficialista fue invitarla a ser parte de la bancada de Apruebo Dignidad, para mantenerla informada de acuerdos políticos y administrativos del Senado, pero con la garantía de que se le respetaría su autonomía y no habría reproches por su forma de votar.

La Moneda además, accedió a la petición de Campillai de ponerle suma urgencia al proyecto de ley que concede una amnistía a varios detenidos o procesados por delitos menos graves relacionados con las manifestaciones. El anuncio lo realizó el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, el lunes de la semana pasada, junto a la senadora, con quien se había reunido días atrás.

También el mismo Mandatario invitó a la senadora liderar una mesa de reparación por violaciones a los DD.HH., tarea que ella aceptó y que se materializará con un equipo del Ministerio de Justicia.

Campillai, pese a los intentos de acercamientos del gobierno, ha sido crítica de varias decisiones de la nueva administración y ha hecho ver que el Ejecutivo no contará con su voto necesariamente. Prueba de ello es que se desmarcó del proyecto estado emergencia del norte, solicitado por el Presidente Boric. También se abstuvo de votar a favor de Álvaro Elizalde (PS) para presidir la mesa de la Cámara.

Otro gesto importante para las fuerzas de izquierda fue mantener la decisión de no prorrogar el estado de emergencia en La Araucanía y el Biobío, a pesar de la presión social para que se mantuvieran a las FF.AA. en labores de seguridad y orden público.

Igualmente, aunque el caso del norte era distinto y se mantuvo por todo marzo, La Moneda se comprometió a que no volvería a extender la excepción constitucional.

De cara a la jornada de hoy del Día del Joven Combatiente, el gobierno instauró un amplio plan de monitoreo para evitar desmanes. El plan - que busca sobretodo evitar conflictos entre manifestantes y carabineros- lo sigue de cerca la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez; y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien regresó el lunes por la noche de su visita a la Macrozona Sur para encargarse de la jornada.

La estrategia que busca esta vez el personal de Control de Orden Público (COP) es contraria al copamiento policial que se vio en los últimos meses en Plaza Italia. La idea es que los carabineros estén “a distancia” de los manifestantes con la finalidad de no generar conflictos, ni transformarse en un objetivo para quienes delinquen y atacan a la policía.

Desde el gobierno, se ha transmitido a las coaliciones que buscan evitar que se repitan hechos violentos como los del viernes, donde un joven terminó baleado por un funcionario policial que en esos momentos era agredido por manifestantes.

Por lo mismo, además de este plan de “repliegue”, se va a privilegiar el uso de drones y cámaras para grabar a quienes protagonicen los desórdenes, daños y saqueos. Con esta información se buscará recabar antecedentes y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes. Desde Interior, comentan que esta modalidad ya fue utilizada el viernes pasado en las manifestaciones usuales en la zona cero. Adicionalmente, seguirá operando la instrucción que restringe el uso de balines como arma disuasiva.