Los proveedores de la campaña del Apruebo ligados al gobierno que boletearon a Democracia Viva

Un total de $ 51.762.612 fue lo que la cuestionada fundación Democracia Viva informó al Servicio Electoral (Servel) como gastos de campaña en el plebiscito de salida en septiembre del 2022.

Para esos comicios, la ONG de la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) -que está siendo investigada por haber recibido dineros de parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta- operó como una entidad de la sociedad civil habilitada para recibir aportes de campañas, en este caso por la opción Apruebo, los que luego utilizó para pagar a colaboradores de la campaña.

Sin embargo, luego de que se destapara el caso por el que la fundación está siendo indagada por el Ministerio Público, el Servel anunció que investigaría su participación en la campaña para el referéndum y los aportes que recibió. En primer lugar, para escrutar sobre cómo operó la entidad, en circunstancias que hubo traspaso de dinero desde la Corporación Aprueba por Chile a Democracia Viva e investigar si “dicha transferencia tuvo por objeto eludir la fiscalización de este Servicio”. Asimismo, se busca corroborar si los aportes que llegaron a Democracia Viva -y que posteriormente se gastaron en la campaña- tuvieron como fin efectivamente ser donados a dicha entidad o no.

También se generaron cuestionamientos respecto de los montos informados como aportes de campañas. Esto, debido a que, en primer lugar, Democracia Viva reportó al Servel donaciones por un total de $ 31 millones, pese a que en una carta el excoordinador del Apruebo, Felipe Heusser, hablaba de un total de $ 51 millones.

Fue mediante un correo del 18 de octubre del 2022 que el controlador de Democracia Viva, Daniel Andrade, informó al Servel el detalle de en qué se gastaron esas platas. Esto lo realizó de forma voluntaria, debido a que para esa elección, al ser un plebiscito, operó una normativa distinta a la habitual de los comicios en que compiten candidatos. En esa oportunidad, no era obligación para la sociedad civil declarar en qué gastaron los aportes de campaña.

De todas maneras, La Tercera PM accedió vía transparencia al detalle de los $ 51 millones que gastó Democracia Viva en esa campaña. Ahí figuran boletas y facturas que se emitieron por los trabajos que se realizaron durante el periodo electoral. Según comentaron estos excolaboradores, los trabajos efectivamente se hicieron y la boleta se la rindieron a Democracia Viva, por un tema administrativo. Algunos relataron la incomodidad de ser ligados a una fundación cuestionada, en circunstancias que -afirman- solo hicieron trabajos para la campaña, y boletearon a Democracia Viva por un tema administrativo.

El proveedor que más dinero recibió fue la Inmobiliaria e Inversiones Allende y Concha Limitada, por un total de $ 14.073.567 por el concierto del cierre de campaña. Esta es una empresa que cuenta con varios contratos en la administración pública.

En segundo lugar se encuentra la Cooperativa de Trabajo Cuarto de Guerra, a la cual Democracia Viva pagó $ 11.780.055 por asesorías comunicacionales. Esta empresa fue creada en diciembre del 2021 y entre sus socios y fundadores se encuentran dos actuales funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones (Secom): la jefa del departamento de comunicación digital, Nicole Otazo, y el jefe del departamento creativo, Maximiliano Andrade. Según describen en su Linkedin, con esa sociedad trabajaron en las redes sociales cuando Gabriel Boric fue candidato presidencial.

El tercer proveedor al que más dinero se le pagó fue a Multitud Comunicaciones Digitales Spa, un total de $ 5.300.000 por el diseño de estrategia de campaña e “influenciadores en Instagram y Tik Tok”, además de la redacción y diseño de contenidos virales. Esta sociedad fue creada por el militante comunista Ramón Vargas, quien se hizo conocido por colaborar con el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. La empresa también colaboró en la campaña del PC para las elecciones de convencionales constituyentes del 2021, y Vargas actualmente es funcionario del Registro Civil.

También figuran facturas de la empresa WF Producciones Spa, que pertenece a Wanda Flores. Esta sociedad participó como proveedora del gobierno organizando una actividad para Boric en el pasado cambio de mando, y también prestó asesorías en la candidatura del actual Presidente, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021.

De igual manera, hay una boleta de Isabel Orellana Guarello por $ 183.476 por la “producción extras almuerzos y traslados” en el marco de la franja digital. Esta última es hermana de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello.

También rindieron boletas una serie de profesionales que hoy figuran colaborando en el gobierno. Por ejemplo al diseñador gráfico que hoy trabaja en el Ministerio de Minería, Sebastián Bejar, el analista de comunicaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Benjamín Gálvez Cataldo, quien ofició en el equipo de comunicaciones del comando.

Además figuran algunos excolaboradores de partidos del oficialismo. Por ejemplo, el excolaborador de RD, Pablo Schroder, y un excolaborador del PC llamado Juan Manuel González.

En total fueron 39 los proveedores que emitieron boletas y facturas a Democracia Viva durante la campaña.