Mandaron carta a Piñera: la salida de la secretaria del Cruch que tensiona la relación entre los rectores y el Mineduc

En tiempos de pandemia las relaciones del gobierno con los rectores se han enfriado. Desde la cartera de Educación han evaluado poca proactividad de las universidades para normalizar las clases, lo que llevó incluso a la superintendencia a forzar el retorno, mientras desde la vereda de las casas de estudio reclaman que se les ha oído poco y nada, primero en lo que refiere a la crisis económica que ha golpeado a las universidades y luego en haber empujado un retorno uniforme -acusan- sin considerar las distintas realidades de las casas de estudio.

Pero en los últimos días la relación entre los rectores y las autoridades de Educación llegó a un punto álgido, luego de que se conociera la decisión del ministerio de no renovar el nombramiento de la secretaria general del Consejo de Rectores, algo que molestó sobremanera en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), “no por la persona, sino por las señales de poca autonomía que se dan con esto”, dicen.

¿Cuál es el cargo que suscita el conflicto? De acuerdo a la ley, al Cruch le corresponde asesorar y formular propuestas al Mineduc en las políticas públicas en materia de educación superior y, para su funcionamiento, los rectores cuentan con una secretaría general que presta apoyo administrativo y técnico. Su nombramiento se realiza mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y, según detallan desde el consejo, es un cargo que requiere de su confianza, puesto que el trabajo responde a sus directrices y voluntad. En pocas palabras, no se manda solo.

Hasta aquí -aseguran en el Cruch-, tanto las evaluaciones de cumplimiento del Convenio de Desempeño hechas por el Mineduc como las de todos los rectores coinciden en que el trabajo de María Elena González, la secretaria general, se ha realizado óptimamente.

María Elena González es psicóloga de profesión, cuenta con un doctorado en Educación realizado en la Universidad Católica y casi toda su vida ha trabajado en universidades públicas: fue vicerrectora en las universidades de la Frontera y de Los Lagos e investigó en la Universidad de Tarapacá, tras lo cual fue nombrada en 2013 para hacerse cargo del Sistema Único de Admisión. Luego, en 2018, postuló y ganó el concurso de Alta Dirección Pública para el cargo que hoy está a punto de dejar. Conocedores del proceso dicen que fue seleccionada entre más de 300 postulantes.

“Es un despropósito, no tiene otro sentido”, asegura tajante Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch, quien añade: “Esto no es un regimiento, se puede decir cuando las cosas no están bien, que es lo que hace el consejo”.

Ignacio Sánchez, rector de la UC y vicepresidente ejecutivo alterno del Cruch, también detalla su visión: “Lo que le hemos planteado al ministerio es que el cargo es muy importante, que trabaja muy directamente con los rectores y que María Elena González se ha desempeñado de manera excelente en estos años, por lo tanto, quisiéramos que ella permanezca en el cargo”.

En tanto, Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señala que la decisión “deja un sabor un poco amargo, debido a que la evaluación que las rectoras y rectores tienen de María Elena González es altamente positiva. Ha sido muy valorado su trabajo, ella es muy proactiva y conocedora del sistema universitario y de las políticas y leyes que rigen a las universidades, por lo que ha sido un gran apoyo”.

Para entender el conflicto hay que retroceder casi un mes en el tiempo: el comité ejecutivo del Cruch, el que conforman ocho rectores, funciona a mediados de cada mes. Fue así como en el de agosto la propia María Elena González recordó que el 8 de noviembre de 2021 vencía su nombramiento. Los presentes se manifestaron de acuerdo en solicitarle al Mineduc que la renombraran, pero para esto le presentarían la moción al pleno del consejo, que se reúne los últimos jueves de cada mes.

En ese intertanto, según cuentan cercanos al proceso, a las oficinas del Cruch llegó un llamado desde el Servicio Civil, donde se daba cuenta que desde la Subsecretaría de Educación Superior les habían informado que el cargo de González no se iba a renovar. Ella misma fue a hablar con el subsecretario Juan Eduardo Vargas, quien, aseguran desde el consejo, le confirmó verbalmente que esto era efectivo.

Así, en la sesión de la instancia de fines de agosto se analizó en profundidad este tema y los rectores, unánimemente, estuvieron contra la medida. Ahí salieron voces que emitían diversas opiniones, como que González es la mejor secretaria general que ha tenido el Cruch o que al menos esperaban que se les consultara la decisión. “Esto atenta contra la autonomía del consejo”, dijo algún rector.

Ahí comenzaron una serie de llamados y cartas de diversos rectores al subsecretario, quien no manifestó algún cambio de parecer. A esa altura, el Cruch ya había adoptado dos decisiones: dejarle en claro al subsecretario Vargas que la voluntad era que se oyera la recomendación para renombrar a González, y escribirle una carta a Raúl Figueroa, ministro de Educación. Incluso, Juan Manuel Zolezzi junto a Ignacio Sánchez hicieron gestiones para solicitar audiencia con el ministro la semana pasada, pero se les dijo que ahí no había agenda, que esta semana podría ser.

“Debido a no tener una respuesta positiva en una primera conversación con el subsecretario Vargas, elevamos la solicitud al ministro para que se pudiera revertir esta situación”, dice al respecto Sánchez. Y añade: “Lo que estamos pidiendo es que ella pueda ser apoyada desde el ministerio para su futura postulación como cargo de Alta Dirección Pública”, para lo cual insiste en su idea de reunirse con Raúl Figueroa para plantear esta propuesta.

Pero las diligencias no quedaron ahí. En el comité ejecutivo siguiente, el del lunes 13 de septiembre, se acordaron dos nuevas medidas ante la falta de respuestas: una declaración pública y escribirle una misiva al Presidente Sebastián Piñera. “Hemos hecho todas las gestiones que dentro de lo legítimo se pueden hacer, estamos jugando todas las cartas que sean posibles”, dice Zolezzi.

El tenor de la carta es similar al del comunicado: “La decisión de no renovar el nombramiento resulta inexplicable, a menos que esta medida sea el resultado de las legítimas discrepancias, tan propias de la democracia y del rol del Consejo de Rectores”, dice el texto.

Las discrepancias a las que hace mención, aunque no lo dice textualmente, son principalmente con el subsecretario Vargas. Y sigue: “Si esta fuere la razón, ella es injusta e inaceptable, más aún considerando que las y los rectoras/es han acordado de manera unánime respaldar la petición de renovar el nombramiento de la actual secretaria general, lo que ha sido solicitado reiteradamente a las autoridades pertinentes”.

“Toda esta situación nos interpela acerca del sentido y la misión del Consejo de Rectores, de la imperiosa necesidad de reconocer la autonomía que requiere su quehacer, de la vigencia de sus principios y valores, y del inherente compromiso con lo público, todo ello por sobre las orientaciones propias de la transitoriedad de los gobiernos. Nada más contradictorio para el país que el Consejo de Rectores sea determinado por condicionantes ideológicas o políticas”, cierra el escrito.

En efecto, hay dos teorías que diversos personeros del Cruch manejan para la decisión adoptada: que se quiera dejar a un operador político en el cargo, considerando que al gobierno le quedan solo meses de gestión, y que la no renovación de María Elena González es un acto de represalia en contra del Cruch por sus reiteradas críticas al Mineduc. “Es como cuando los niños se pican y se llevan la pelota”, cierra un rector que prefiere no dar su nombre.

“Es lo que está ocurriendo”, señala el rector Zolezzi al ser consultado si es que cree que la decisión de no renovarle a González podría apuntar a ciertas represalias: “Se quiere resolver otra cosa tomando una decisión respecto de una persona”. Y argumenta: “Si se piensa que cuando uno está en un cargo como la subsecretaría va a tener al consejo siempre de su lado es imposible, el consejo es autónomo”. Así, enumera ciertas cosas con las que no han estado de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior: el traslado de la PSU, los aranceles regulados, las vacantes, levantamiento de restricciones para la admisión o empujar el retorno presencial, donde, asegura, “nos encontramos con que no todas las universidades tienen los espacios o aforos”.

Por su parte, la rectora Araya dice que el sabor amargo que menciona hace referencia a cuál es el efecto que un grupo de rectores y rectoras puede tener sobre una decisión “que nos parece arbitraria e inconsulta”. Y agrega: “Esto tensiona y cuestiona la supuesta autonomía de las universidades para tomar ciertas decisiones. En este caso, las universidades opinan respecto de un tema que les es sensible, como quién les acompaña en esa secretaría técnica, y su opinión no solo no es considerada, sino que es absolutamente ignorada y se ejecuta una decisión que no tiene el apoyo de ninguna rectora ni rector”.

Es en este contexto de tensión, además, que los miembros del Consejo de Rectores aguardan por los alcances para las universidades que tendrá el Presupuesto 2022, donde, advierten, podría suscitarse otro foco de conflicto.

Desde la subsecretaría responden a los diversos cuestionamientos del Cruch: “Dado que su periodo está a punto de expirar, la Subsecretaría de Educación Superior, de acuerdo a lo que establece la ley, ha decidido hacer un llamado para llenar dicho cargo por medio de un concurso público de Alta Dirección Pública, a través del Servicio Civil”, y añaden que en dicho proceso “podrán participar todas las personas que cumplan con los requisitos específicos del cargo, quienes serán evaluadas según los criterios establecidos”.