Manuel Cruzat sufre revés en disputa contra magnate de Venezuela por la venta de tren en Bolivia

A sus 79 años, Manuel Cruzat Infante no se cansa. El empresario y ex dueño del Banco de Santiago que en los '80 junto a Fernando Larraín Peña –controlador de Watt's– encabezó uno de los conglomerados económicos más grandes de Chile, como los grupos Angelini o Luksic, vuelve a librar una férrea batalla en tribunales.

Sus cercanos comentan que es un ávido lector de la prensa y no ha perdido su olfato por los negocios. De hecho, regularmente visita la pequeña oficina de CB Inversiones, ubicada en calle Nueva York –en pleno centro de Santiago–, pero hoy no son los movimientos bursátiles ni las oportunidades para invertir las que concentran su atención. Lo es una disputa que lo tiene frente a frente con Carlos Gill Ramírez, uno de mayores magnates de Venezuela, nacido en Paraguay. Dueño del diario paceño La Razón y la empresa que realiza obras civiles sobre el teleférico de La Paz en Bolivia, Gill también es controlador del Grupo Corimón, un consorcio químico que fabrica pinturas y resinas, entre otros productos.

Para entender el conflicto hay que remontarse al año 2000. Manuel Cruzat, a través de una de sus sociedades -CB Inversiones T e I S.A.- vendió su participación en la Empresa Ferroviaria Oriental S.A., en Bolivia, a la sociedad de capitales norteamericanos Genesee & Wyoming Inc. por la suma de US$19,4 millones.

La Empresa Ferroviaria Oriental actualmente conecta la ciudad boliviana de Santa Cruz con el océano Atlántico. Su infraestructura hoy cobra relevancia debido a que el plan del gobierno del país altiplánico la pone como eje central para un acceso al Pacífico, cuya salida sería a través de un puerto en Perú o Chile.

Entre 2009 y 2011, el empresario Carlos Gill adquirió las acciones de las sociedades que controlan Ferroviaria Oriental S.A. por medio de Trenes Continentales S.A., con la cual mantiene a la fecha el 50,00035%. Pero ahí surgió el problema: los bancos que asumieron un rol preponderante en la debacle financiera del grupo Cruzat no habrían exigido al nuevo comprador culminar con los pagos, los que alcanzaban la suma de US$12 millones.

La operación llevó a que el Grupo Cruzat se desprendiera de sus acciones en Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada, la cual hoy es controlada por una sociedad boliviana llamada Trenes Continentales S.A. Sin embargo, la operación involucró una serie de pagos por medio de un periodo de tiempo establecido por las partes que se extendería a lo largo de tres años y los acreedores prendarios serían el Banco de Santiago, Banco Edwards, BBVA Banco Bhif y Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

Frente al incumplimiento, Cruzat -representado por su hijo Gonzalo- presentó una demanda de indemnización de perjuicios en junio del año 2017 en contra de las sociedades GWC Inversiones S.A., e Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada, las cuales son representadas por Claudio Undurraga Abbott, primo del actual fiscal nacional, socio de Prieto y ex abogado de cabecera del grupo Cruzat.

En la acción, Cruzat alegó que no le terminaron de pagar la totalidad de la deuda producto de la venta del tren y exigió que se condenara a dichas sociedades por un total de US$21,5 millones. Según consta en los documentos de la carpeta del caso, la compradora efectuó pagos hasta el año 2015.

Pero el pasado 14 de mayo la justicia en primera instancia desestimó la demanda. La magistrada Patricia Castro Pardo estimó que la prescripción se contabiliza desde el origen del acuerdo de la transacción. Hoy el caso está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En medio del conflicto, el pasado 5 de febrero Cruzat envió una carta al presidente de Trenes Continentales S.A. Carlos Gill. En la misiva, el controlador de CB Inversiones detalló los "infructuosos intentos" por obtener de parte del representante en Chile una respuesta a la demanda por la millonaria deuda.

"He presentado una denuncia criminal en sede chilena por los delitos de apropiación indebida y cohecho internacional en contra de los accionistas y directores de la compañía", sostuvo la carta que menciona al propio Gill. Sin embargo, la acción terminó por ser archivada posteriormente por el fiscal Xavier Armendáriz.