Martes 13 legislativo: Cámara define supersticiosa fecha para capítulo (¿final?) de reforma electoral

“No te cases ni te embarques”, dice el refrán popular respecto de los martes 13.

Sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados, desoyendo cualquier tipo de recomendación supersticiosa, ya definió que el próximo martes 13 de agosto votará las observaciones (vetos o veto) que presentó el Presidente Gabriel Boric al Congreso, en un último esfuerzo para corregir y destrabar la accidentada tramitación de la reforma electoral.

Si bien la votación pudo haberse puesto en tabla el próximo lunes 11, una de las razones para no zanjar ese día la reforma era el riesgo de la alta inasistencia que tienen los inicios de semana en la Cámara. De hecho, el lunes pasado, hubo 34 ausencias, en su mayoría justificadas.

El problema es que el proyecto requiere de un quórum especial (al menos 78 votos). Incluso, para no tener complicaciones en el Tribunal Constitucional, en vista de que el Senado fijó un piso de aprobación más alto, la idea es que la reforma y su respectivo veto sean validados por un mínimo de 89 legisladores (cuatro séptimos de la sala).

Ante los eventuales augurios por la fecha escogida por las bancadas, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), sugiere a los otros diputados no tentar a la mala suerte: “no se casen ni se embarquen, pero voten (ese día)”.

Esta iniciativa, una de las más conflictivas de los últimos años, surgió a petición del propio Servicio Electoral (Servel) que, ante el estreno del voto obligatorio, propuso extender a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre con el fin de evitar un colapso en los locales de votación ante el flujo masivo de electores.

Adicionalmente, también a sugerencia del Servel, al proyecto de se le agregaron otras medidas electorales, algunas sencillas como consagrar el uso de lápiz de pasta azul y otras más complicadas como la multa a quienes no concurrieran a las urnas o el recorte del financiamiento fiscal a las campañas (disposición solicitada por el Ministerio de Hacienda).

Algunas normas clave de la reforma se habían caído en la tramitación ordinaria del proyecto, por lo que fue necesario que el Presidente recurriera a una facultad de “última ratio”, como el veto, para reponer la multa a todos los electores, chilenos y extranjeros, en caso de que no sufraguen. Si bien en el oficialismo había dudas en establecer una sanción monetaria a los inmigrantes habilitados para votar, finalmente La Moneda cedió a la presión de la derecha, que amenazó con romper relaciones con el Ejecutivo, e incluyó una multa sin distinción de nacionalidad.

El veto también repuso el recorte del financiamiento que entrega el Fisco a candidatos y partidos, a modo de reembolso por cada voto obtenido, que podía dispararse en vista del sufragio obligatorio y la mayor concurrencia a las urnas.

Adicionalmente, las observaciones restituyen el feriado irrenunciable para el comercio el día domingo de elecciones y regulan la propaganda electoral en medios regionales y redes sociales.

El veto, que ya fue aprobado por el Senado, fue analizado el pasado martes por la Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el diputado Rubén Oyarzo (independiente). En esta instancia, las enmiendas fueron apoyadas en forma unánime.

Luego, la propuesta presidencial fue revisada el miércoles por la Comisión de Hacienda, que encabeza el diputado Carlos Bianchi (Ind. asociado al grupo PPD). Si bien el legislador magallánico es un declarado detractor del voto obligatorio, el texto ya fue despachado a la sala.

Con ello, las observaciones quedaron en condiciones de ser discutidas en la sala de la Cámara. Este será el último paso legislativo. Si los vetos se aprueban por los diputados, se enviaría ese mismo martes un oficio al Senado, que recién en horas de la tarde podría estar remitiéndolo al Tribunal Constitucional (TC).

Esta corte inevitablemente debe revisar el texto, ya que modifica cinco leyes orgánicas constitucionales. Esa etapa de control preventivo podría demorar dos o tres días más.

En caso de que el TC valide la norma (etapa que en ningún caso será sencilla, porque hay puntos jurídicamente complejos), esa resolución tendría que darse cuenta en el Senado. Finalmente, la misma Cámara Alta remitiría un oficio al Presidente de la República para que proceda a su promulgación. Esta última fase culminaría con la toma de razón de Contraloría y la posterior publicación en Diario Oficial.

Todo ese paso administrativo podría postergar la entrada en vigencia de la nueva ley electoral hasta la semana del lunes 19 al sábado 24 de agosto, ya que la próxima semana hay un feriado que podría alargar aún más los plazos.

En el mejor escenario, la ley estaría viendo luz 70 o 67 días antes de las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

En todo caso, el retraso en la puesta en marcha de la reforma, que aún tiene en vilo cuál será el marco jurídico de las próximas elecciones, ya es un elemento secundario para el gobierno y los parlamentarios en vista de la complicada tramitación.

De hecho, antes de la presentación del proyecto, la sola idea de extender los comicios a dos días generó una ola de sospechas de parte de sectores de derecha que acusaban el riesgo de un fraude electoral.

No obstante, dado que la iniciativa tocaba distintos temas sensibles, desde asuntos de financiamiento electoral al voto de los extranjeros, la discusión derivó en otros conflictos.

El debate estuvo marcado por sucesivos giros, incluso de parte del gobierno. Además, el proyecto no generó el tradicional alineamiento de fuerzas, oposición versus oficialismo. En la tramitación, La Moneda sufrió de desmarques inesperados tanto en el Senado como en la Cámara, pero también contó con el apoyo sorpresivo de legisladores que suelen ser críticos o adversarios.