Con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el Congreso peruano otorgó su voto de confianza al gabinete ministerial que preside Alberto Otárola.

Esto, luego de que en medio de las jornadas de protestas y la ola de violencia que se ha registrado en el departamento de Puno, donde el lunes 17 personas murieron, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, Otárola y los miembros de su gabinete se presentaron el martes ante el pleno del Congreso en busca de este voto.

En su discurso, el jefe de gabinete señaló que el Ejecutivo dará cuenta de quiénes son los responsables del daño económico generado por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte: “El país está exigiendo el establecimiento claro y contundente del cierre de cerca de 200 puntos carreteros que martirizaron a miles de peruanos. El Perú quiere saber quiénes son los responsables de la toma de instituciones públicas”.

La Constitución peruana establece que, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el titular del PCM debe concurrir al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, y los congresistas pueden darle o no la confianza. Para ser aprobado, se requiere de la mayoría simple de votos favorables de los congresistas, es decir, de la mitad más uno del número legal de legisladores: 66 votos.

Otárola recordó a los congresistas que ya se determinó el adelanto de elecciones para el mes de abril del 2024, lo que el gobierno considera “un plazo razonable para su debida organización y desarrollo”. “La mejor garantía de la paz social es que tengamos elecciones libres, y los peruanos vayamos a las urnas, porque al terror, señores, se le vence con más democracia”, indicó.

El premier -quien asumió en diciembre pasado en reemplazo de Pedro Angulo- convocó a la sede de la PCM a los congresistas de las distintas bancadas con el fin de conseguir el respaldo necesario en la votación del martes, que al cierre de esta edición estaba siendo debatida por los diputados. Así, se reunió con legisladores de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Cambio Democrático, entre otros.

Según la prensa peruana, después de las rondas de diálogo, diversas bancadas de derecha se mostraron a favor de darle la confianza al gabinete de Otárola, por lo que se estimaba que recibiría la investidura del pleno con solo la negativa de los grupos de izquierda, como Perú Libre, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario.

Sin embargo, el panorama para el premier es complejo, debido a las protestas que se registran en las provincias del sur del país, donde los manifestantes piden el adelanto de elecciones y la renuncia de la Presidenta constitucional, Dina Boluarte.

De hecho, bancadas de izquierda solicitaron la renuncia de la Presidenta Boluarte y de la mesa directiva del Congreso para convocar a nuevas elecciones de inmediato. Además, criticaron que el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, haya insistido en pedir el voto de confianza horas después de que 17 personas fueran asesinadas en Juliaca, Puno, en medio de las protestas. “No van a tener del pueblo, que ha sido reprimido, ningún voto de confianza de nuestra parte”, aseveraron.

Complicando aún más el panorama para el gobierno, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, indicó que abrirá una nueva carpeta fiscal contra la mandataria a raíz de los 17 muertos registrados el lunes en Juliaca. Esta sería la segunda carpeta fiscal, ya que existe una primera contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y César Cervantes (exministro de Interior).

Los expertos señalaban que de ser ratificado el premier con su gabinete, las regiones del sur pueden profundizar sus protestas, por lo que se augura un complejo panorama en la crisis política que vive Perú.

El periodista del diario El Comercio Fernando Vivas fue consultado por la radio RPP y señaló que “este gobierno ha sido generado por el Congreso. El 7 de diciembre (cuando se vacó al entonces Presidente Pedro Castillo) pasó a ser un velado oficialismo, que es lo que tenemos ahora”.

A su juicio, esta es la razón por la cual el Congreso dará fácilmente la confianza al gabinete liderado por Alberto Otárola. “(Esto) explica que el Congreso, al menos, por mayoría simple, respalda a Dina Boluarte y eso los va a llevar a aprobar la exposición del gabinete de Otárola”, añadió.

Sin embargo, advirtió que un aspecto “más preocupante es la confirmación de la segunda votación del adelanto (de elecciones) que lo que pueda pasar con el gabinete de Otárola”. Esto, porque el pleno del Congreso aprobó el proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024 con 93 votos a favor. Al ser una reforma constitucional, este proyecto debe ser ratificado en segunda votación en la próxima legislatura ordinaria.

“Este gobierno es mucho más íntegro y transparente que el anterior, pero es absolutamente precario y débil. Y al ser más íntegro, estoy hablando del factor corrupción. La diferencia es radical en tanto la desaparición del ‘sistema de cuotas’ (y esto tiene que ver con el Congreso). Pedro Castillo gobernó con esta característica ‘cuotera’, que es un término de la izquierda que quiere decir que cuando un grupo no se ha preparado, reparte el botín. Y lo reparte entre bancadas”, dijo Vivas.

Estas son las diferencias entre un gobierno y otro, de acuerdo con el especialista. “Sin embargo, estas diferencias no lo hacen un gobierno más sólido, sino que desgraciadamente ya está cargando con la acumulación del desprestigio de las instituciones y sufre de una gran precariedad”.

La región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, inició este martes un duelo de tres días por la muerte de 17 personas el lunes, en la jornada más violenta desde que comenzaron en diciembre las protestas contra el gobierno tras la destitución y arresto del mandatario izquierdista Pedro Castillo. A los decesos de civiles se suma el de un policía, que fue quemado vivo dentro de su radiopatrulla, según informó el diario La República.

En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el gobierno informaron, además, de 68 civiles y 75 policías heridos en Puno, muchos de ellos por impactos de bala o perdigones, según las autoridades de salud.

La decisión de duelo regional fue tomada por el gobierno de Puno la noche del lunes, invocando a la fiscalía el inicio de investigaciones contra los responsables de las muertes, que en total suman hasta ahora 45 a nivel nacional tras los violentos disturbios en varias localidades del país, principalmente en el sur andino.

Además, el primer ministro anunció inmovilización social obligatoria por tres días en Puno, desde las 8.00 pm hasta las 4.00 am. El decreto supremo implica que las personas de esa localidad deberán permanecer en sus domicilios en el horario establecido por el gobierno central. También se restringirá el funcionamiento de algunos negocios.

RPP informó del desglose de los fallecidos por regiones desde diciembre: Puno (18), Ayacucho (10), Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3), Arequipa (2).

Los manifestantes exigen la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.

El premier Otárola lamentó el lunes por la noche las muertes, pero dijo que miles de personas quisieron tomar el aeropuerto de Juliaca, de Puno, en un “ataque organizado y sistemático” contra la policía, financiado por dinero “oscuro” de la minería ilegal y narcotráfico.

“Está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país. Hacemos un llamado nuevamente a la fiscalía para que verifiquen en el lugar de los hechos estas lamentables muertes que nos afectan y que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo al país financiados por intereses extranjeros y por dinero oscuro del narcotráfico”, declaró.

Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno, con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino.

Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.

Imágenes de la televisión local mostraron saqueos de negocios en Puno la noche del lunes. El aeropuerto de Juliaca permanecía cerrado este martes. Asimismo, en la región andina de Ayacucho se suspendió también la operación de su aeropuerto por medidas de seguridad, dijo el Ministerio de Transporte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que realizará una visita a Perú del miércoles al viernes de esta semana, recorriendo Lima y otras ciudades, para evaluar la situación en el país sudamericano.