Militares frente a familiares de conscripto fallecido en Putre: así fue la tensa jornada de alegatos en la Suprema por competencia del caso

Casi tres horas debieron esperar la mañana de este lunes las madres de conscriptos que participaron en la fatídica marcha militar en Putre, hasta que el oficial de la Segunda Sala de la Corte Suprema las convocó para que ingresaran al lugar, ubicado en el tercer piso del Palacio de Tribunales.

“Esto tiene que quedar en la justicia ordinaria”, repetían mientras conversaban entre ellas y con abogados que las acompañaban.

Y es que justamente a las 11.15 horas la sala presidida por la ministra Andrea Muñoz comenzó la revisión de la contienda de competencia respecto de la investigación. Porque aunque inicialmente lo ocurrido comenzó a indagarse por la Fiscalía Militar, tras la interposición de una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la Fiscalía Regional de Arica también activó una serie de pericias.

Desde ahí, entonces, los familiares de los soldados afectados comenzaron a señalar enfáticamente que pretendían que la causa quedara radicada en la justicia ordinaria, ya que a la luz de lo ocurrido, todo lo que estuviese vinculado al mundo militar, como han transmitido, les generaba desconfianza.

Los representantes de la justicia militar, en tanto, recalcaban que el caso debía pesquisarse bajo su jurisdicción, pues todos los involucrados tenían condición de militares al momento de los hechos.

Por lo mismo, en la previa al inicio de la audiencia, los dos “bandos” se mantuvieron alejados y evitaron dirigirse miradas. En un extremo del pasillo fuera de la sala estaban las madres, quienes miraban con suspicacia al fiscal general militar, Felipe Véliz, que estaba a unos metros junto al abogado del capitán Michael Fritz, que aparece como imputado.

No hubo contactos. Romy Vargas, madre del fallecido Franco Vargas, evitaba transitar cerca de los otros intervinientes y se mantuvo junto a su abogado, Sebastián Andrade. Pudo conversar, eso sí, con los representantes del INDH que llegaron hasta el lugar, pues ha sido con ellos que se ha mantenido en contacto permanente.

Ya dentro de la sala, y en momentos en que exponían, los representantes del Ejército los miraban con cierto desdén y, a ratos, movían la cabeza en señal de negativa, demostrando que claramente estaban disconformes con los argumentos que expusieron.

Consultada sobre sus expectativas, Vargas manifestó a La Tercera que esperan “una resolución favorable, pues acá claramente tiene que investigar la justicia civil. Lo que queremos es que nos escuchen. Acá hubo una muerte y no puede ser que esto lo investigue una justicia que en casos anteriores no ha hecho nada. Esto tiene que cambiar, y sentar un precedente por si vuelve a ocurrir algo similar”.

Nicole Ortega, madre de otro soldado afectado, por su parte, hizo presente que “está difícil la contienda, pero esto tiene que quedar en la justicia civil. Creemos que vamos bien encaminados aunque esta no es la última instancia. Si acá se inclinan por la justicia militar nos vamos a ir al Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Considerando que en las horas previas a que la sala analizara el caso el fiscal general militar recusó a uno de los abogados integrantes, Juan Carlos Ferrada, pese que ya se habían agotado las opciones para hacerlo, el abogado de Romy Vargas, Sebastián Andrade, manifestó que ciertamente fue intento de dilatar aun más el proceso.

“Ya se habían usado todas las herramientas procesales, que son válidas, pero eso ya estaba agotado. Entonces lo que realmente hizo fue solamente una estrategia dilatoria que alegremente no tuvo resultado, porque necesitamos que esto ya se resuelva hoy”, indicó.

Agregó, en el mismo sentido, que la serie de acciones desplegadas por el fiscal general buscaron mantener “un manto de seguridad para su estrategia procesal, para tener una sala que les acomode y así el resultado que quieren. Era improcedente y del todo ilegal, por ejemplo, que pidiera que esto lo resolviera el pleno”.

“A pesar de eso, nosotros creemos que la Corte tiene que ratificar, más que fallar a nuestro favor, lo que ha dicho de acuerdo a sus mismos precedentes”, subrayó el abogado.

El primero en exponer ante los magistrados fue Pablo Campos, jefe de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia, quien fue tajante en sostener que la justicia militar no es competente en este caso, pues se investigan delitos comunes donde los bienes jurídicos afectados no son propios de la judicatura militar.

“No todos los delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas deben ser juzgados por la justicia militar (...) Ataques a la vida y a la dignidad de las personas en nada tienen que ver con asuntos del mundo militar”, sostuvo.

En el mismo sentido, Ignacio González, abogado del INDH, manifestó que la justicia militar posee una serie de deficiencias, entre las que enumeró: “Es una sistema deficitario, inquisitivo, donde prevalece el secreto y tiene deficiencias en la prueba. No les da cabida a las víctimas, las mujeres que están a mis espaldas no tendrían voz si se traslada esto a la justicia militar”.

Por su parte, el abogado Fernando Leal, que representa a tres conscriptos que participaron en la marcha, advirtió que la justicia militar no da garantías y que dejar radicada ahí la causa “no solo sería una pésima señal, sino que implicaría una responsabilidad para el Estado que luego tendría que ser conocida por la justicia internacional”.

Desde la otra vereda, Felipe Véliz planteó que no corresponde que la justicia ordinaria intervenga, toda vez que todos los involucrados son militares. “No existen civiles en esta causa. Todos eran oficiales, suboficiales o soldados conscriptos, y esto ocurrió durante una instrucción dentro de un recinto militar”, recalcó.

Nicolás Oxman, abogado de Michael Fritz, en tanto, argumentó: “La justicia ordinaria no otorga garantías para el conocimiento del asunto. Entendemos que hay una sobrerrepresentación del querellante que lesiona la igualdad de armas”.