Monsalve y De la Fuente bajo examen: Contraloría pide informe a subsecretarías del Interior y RR.EE. por legalidad de convenio con Venezuela

El convenio de colaboración en materia de seguridad que suscribieron en enero pasado Chile y Venezuela sigue trayendo repercusiones para la administración del Presidente Gabriel Boric.

Es que a pesar de la defensa que han hecho las autoridades nacionales del mismo y a que este aún no se encuentra activo -puesto que Venezuela aún no nombra el representante que estará a la cabeza de ejecutarlo-, las dudas sobre su legalidad persisten. Sobre todo, indican parlamentarios de oposición, tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

De hecho, recientemente la contralora Dorothy Pérez pidió informe a los subsecretarios del Interior y Relaciones Exteriores, Manuel Monsalve y Gloria de la Fuente, respectivamente, a fin de pronunciarse sobre la materia.

La solicitud en cuestión se da luego de que la diputada Gloria Naveillán (IND) oficiara a Contraloría para que iniciara un procedimiento administrativo a efectos de determinar la legalidad de la medida. Pidió, en ese sentido, que se revisaran las temáticas que el acuerdo aborda, su amplitud, plazos de aplicación, y si la autoridad se encuentra facultada para su suscripción.

Lo anterior, de acuerdo con lo expresado por la parlamentaria, está dado “por las legítimas dudas que se presentan en esta Cámara de Diputados respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo para la suscripción de dicho acuerdo sin la ratificación de otro poder del Estado, tal como ocurre con la suscripción y ratificación de Tratados Internacionales”.

Así, Contraloría decidió ahondar en el asunto. “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, sirva informar a este Organismo Contralor al tenor de lo expuesto por el recurrente, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”, se lee en el oficio enviado por Pérez tanto a Monsalve como a De la Fuente.

Agrega, en la misma línea, que dicho informe “debe ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Consultados sobre la petición, desde la Subsecretaría del Interior indicaron que la respuesta ya fue remida a la entidad. Desde la Cancillería, en tanto, manifestaron que “se está preparando una respuesta, la que se entregará dentro de los plazos establecidos”.

Sobre las motivaciones que guiaron su petición, la diputada Gloria Naveillán manifestó que el objetivo de obtener un pronunciamiento de Contraloría es obtener “transparencia y claridad, porque Monsalve fue a Venezuela y han habido muchos rumores respecto del resultado y de qué es lo que conversó allá y qué ofreció a cambio”.

Como indicó, la gran interrogante que mantiene es qué ofreció el Estado, a través del subsecretario del Interior, para que Venezuela accediera a colaborar en la entrega de antecedentes.

“Estoy segura de que aún hay elementos que se desconocen de esas negociaciones. Estoy segura y es muy probable que nunca sepamos todo lo que ocurrió. Y eso es lo grave de la situación. Porque cuando tú no tienes claridad, cuando tú no sabes, cuando las autoridades no son 100% transparentes respecto de temas tan relevantes como este, se presta para que la imaginación vuele”, complementó la parlamentaria.

Por lo mismo, celebró que Contraloría accediera a analizar la materia. “Dicha entidad nos ha demostrado que puede hacer un muy buen trabajo, y de hecho desde hace unos meses a esta parte, está haciendo un muy buen trabajo. Por eso mismo es que yo ahora me siento muy tranquila, porque sé que van a hacer la pega”, esbozó.

De acuerdo con los antecedentes que Monsalve compartió el día en que se suscribió el ahora polémico convenio, este tenía como objetivo “proteger a nuestros pueblos de una amenaza común que afecta a nuestros países, a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para lo cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos”.

Detallaba, en esa línea, que el acuerdo permitiría que las policías nacionales pudieran contar con mecanismos de colaboración, para compartir información necesaria para realizar investigaciones de manera más eficaz.

Se contemplaba el traspaso de antecedentes respecto de investigaciones vinculadas a delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones de la criminalidad organizada. Para ello, eso sí, debía existir previa autorización del órgano correspondiente.

De la misma forma, como se resaltó en su momento, permitía el intercambio de conocimiento especializado, resultados de análisis estratégicos y participación en actividades de capacitación.