Multa por no votar para todos y feriado irrenunciable: la tironeada fórmula que sondea Elizalde para salvar la reforma electoral

En otro giro de la trama, una nueva propuesta comenzó a sondear el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), con el fin de resucitar la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales y que implementa otras medidas electorales.

El titular de la Segpres, quien desde el viernes inició algunas conversaciones preliminares (telefónicas y presenciales), llegó temprano al Congreso para intensificar sus contactos. Inicialmente había concentrado sus tratativas con presidentes de partidos del oficialismo, de la oposición y de grupos no alineados como la DC. Sin embargo, hoy abrió el diálogo con más parlamentarios, especialmente con jefe de bancadas.

Según confirman al menos seis legisladores que fueron contactados por Elizalde, la nueva fórmula, que el gobierno plasmaría en un veto presidencial, implicaría reponer la multa a todos los electores que no voten en las próximas elecciones, a cambio de que la oposición se allane a restituir el feriado irrenunciable, al menos el día domingo, para los trabajadores del comercio. Este último punto ha sido demandado especialmente por el PC y por la diputada Camila Musante, quien hizo reserva de constitucionalidad por este tema.

En todo caso, para persuadir a los disidentes del oficialismo, el Ejecutivo propondría que la multa -que se aplicaría a chilenos y a extranjeros- solo tendría efecto este año, ya que a futuro existe un proyecto en trámite con implementación permanente, el cual debiera resolver todas las dudas jurídicos que dejó esta discusión.

Si bien el proyecto que despachó el Congreso ya resolvió los dos días de elección en octubre, precisamente había rechazado la sanción pecuniaria a quienes no concurran a las urnas. Esta medida es clave para dar ejecución al sufragio obligatorio, si no, en la práctica, operaría una suerte de voto voluntario. En el trámite legislativo tampoco fueron aprobados el recorte al financiamiento electoral que entrega el Fisco a candidatos y a partidos y la regulación de la propaganda en medios regionales y en redes sociales.

Sin embargo, la sanción monetaria se transformó en el principal nudo, más aun cuando la redacción original de la iniciativa también aplicaba la multa a los extranjeros que están habilitados para votar, sin estar nacionalizados. Ese factor, que podría incidir en el resultado electoral en comunas céntricas como Santiago, Independencia y Recoleta, llevó a Elizalde a convencer a los senadores oficialistas para que desecharan la propuesta que había hecho la comisión mixta, que se constituyó a inicios de julio con el fin de buscar una solución.

Tras el fracaso de la propuesta de la comisión mixta, el mismo Elizalde, quien proponía inicialmente excluir a los extranjeros de la multa, anunció que el gobierno presentaría un veto presidencial. No obstante, en vista de que la molestia de la oposición seguía creciendo, el viernes pasado anunció una ronda de consultas para concordar una nueva propuesta.

El problema es que el lunes, en un nuevo giro, la vocera de gobierno subrogante, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), dejó en suspenso en envío del veto, supeditando su presentación al resultado de las gestiones iniciadas por Elizalde. En caso de que el Presidente Gabriel Boric decida no vetar el proyecto despachado por el Congreso, estaría obligado a cursar la promulgación de la nueva ley de elección en dos días, pero sin multa a los electores que no concurran a votar.

Para dirigentes opositores y aliados del gobierno, la última oferta, que el ministro ha comenzado a sondear, sería un nuevo cambio en la estrategia gubernamental.

De hecho, la ministra Jara se comunicó con el presidente del Senado, José García (RN), para informarle que el gobierno no ha renunciado al veto.

Si bien reponer la multa a todos los electores y restituir el feriado irrenunciable es una fórmula que hace sentido en la DC y en la derecha, no todos están completamente convencidos en el oficialismo.

En el Frente Amplio, en el PPD, en el Partido Liberal, en el PS y en el PC prefieren que los inmigrantes sean excluidos de la sanción.

“Voy a esperar la formulación del Ejecutivo (el veto), pero en lo personal, lo que dije y lo mantengo, es que la obligatoriedad es para los ciudadanos (chilenos), no para los extranjeros, lo que no quiere decir que les estemos prohibiendo votar”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio).

“Esperamos que sea una multa razonable. Estamos a la espera de la decisión en términos de que creemos que el derecho obligatorio al voto debe ser para los ciudadanos chilenos”, expresó el jefe de los diputados PS, Daniel Melo.

Incluso hay legisladores frenteamplistas y liberales que no quieren sanción a ningún elector, nacional o inmigrante.

La resistencia del oficialismo, no es el único tironeo.

La idea original de Elizalde de aplicar una multa solo a ciudadanos chilenos encontró reparos de juristas, entre ellos ciertos exministros de Tribunal Constitucional (TC), que a través de columnas de opinión y declaraciones han advertido que esa fórmula podría no pasar el respectivo filtro de constitucionalidad.

Por si fuera poco. El factor tiempo complica aun más las gestiones del ministro, ya que el próximo lunes vence el plazo para declarar candidaturas, por lo tanto cualquier cambio electoral tendrá que hacerse con una campaña formalmente en curso. Incluso autoridades del Congreso advierten en privado que si el gobierno decide presentar observaciones para corregir la reforma electoral, la tramitación del respectivo veto podría demorarse hasta dos semanas.

La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de diputados de RN, advirtió al gobierno que si el veto no llega, se abrirá la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Elizalde e, incluso, contra el propio Presidente. “Nosotros hicimos un acto de fe... Si el veto no llega, evaluaremos nuestras opciones junto a todos los partidos dispuestos a actuar en conjunto”, concluyó Ossandón.

Por su parte los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, anunciaron que presentarán una reforma legal nueva para garantizar la sanción a quienes no voten en vista de la demora del Ejecutivo a enviar el veto.