La fórmula que permitiría estudiar postítulos a la que apunta el gobierno con su proyecto que deja atrás el CAE

Desde casi siempre los rectores de las instituciones de educación superior chilenas -universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales- han reclamado en alto que el beneficio de la gratuidad solo se entregue durante el tiempo formal de duración de los estudios, incluso llegando a la situación de que miles de estudiantes han perdido el beneficio por atrasarse en sus carreras. No comparten que el Estado financie solo la duración nominal de las carreras, pero no la duración real, sumándole a la crítica que los aranceles regulados tampoco alcanzan para cubrir los gastos.

Con esto como contexto, el gobierno avanza a paso firme a presentar en aproximadamente dos semanas un plan para reformular el sistema de financiamiento de la educación superior. Este, básicamente, apunta a que el Estado financie los estudios y ese dinero luego sea “devuelto” por el beneficiario una vez entre al mundo laboral. La lógica sería similar a la de la gratuidad, con nuevos aranceles regulados -lo que ya puso en alerta a diversos rectores-, pero con un aspecto clave que cambia: el tiempo que el Estado financiará los estudios, o, dicho de otra forma, cuántos serán los años de formación académica que el Estado debe cubrir entregándoles ese dinero a las casas de estudios a la espera de la futura recaudación con los beneficiarios.

En ese sentido, conocedores del trabajo fino que están llevando a cabo entre los ministerios de Hacienda, Educación, Segegob y Presidencia para ultimar los detalles del proyecto señalan que hay una idea que está sobre la mesa: un ‘N+1′ para carreras de pregrado. Esto quiere decir que el Estado cubriría los costos de las carreras por su duración nominal según sea el caso -por ejemplo, cinco en la mayoría de los casos de títulos universitarios-, sumándole un año extra en caso de atraso.

¿Y qué pasa si el alumno no se retrasa? Entendidos en la redacción del proyecto aseguran que el beneficio podría usarse para financiar total o parcialmente estudios de postítulo, tipo diplomado o magíster, entre otros.

Algunos rectores, de hecho, saben que la idea está sobre la mesa. “Hay un proyecto muy interesante de la Subsecretaría (de Educación Superior) que ellos le llaman el N+1, que es el número que dura la carrera más un año más, que si el estudiante se retrasa le cubre ese año y si no se retrasa podría cubrirle un primer año de un magíster, por ejemplo. Es un proyecto que también está allí, que esperamos que se apruebe, y que podría ser muy estimulante para el estudiante que diga: ‘si logro terminar mi carrera en los tiempos todavía tengo un año para iniciar un programa de posgrado’”, deslizó hace algunos días Rodrigo Vidal en Radio Usach, máxima autoridad de la casa de estudios homónima.

Eso sí, hay quienes dicen que aún hay voces que plantean que la fórmula podría ser un ‘N+2′, dando dos años de margen. Otras personas, en tanto, han planteado que este nuevo modelo de financiamiento podría ser la oportunidad para acortar en un año las carreras en Chile (algo que anhelan en el Mineduc), idea que, aseguran las mismas fuentes, ha sido bien recibida incluso por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuya cartera es la que tiene la última palabra cuando de números y financiamiento se trata. Eso sí, no todos en dicho ministerio están de acuerdo con esto.

Como sea, lo cierto es que esta fórmula vendría al menos a aplacar el descontento sobre el tiempo de cobertura del beneficio (el otro descontento apunta al monto) que han planteado los rectores, sobre todo de universidades, quienes ya se han enfrentado al Mineduc, resumidamente, porque desde las instituciones señalan que el dinero regulado no es suficiente para cubrir el costo real de las carreras y que esto les ha implicado mermas financieras.

En el pasado, por ejemplo, Ignacio Sánchez (U. Católica) dijo a La Tercera que “se mantuvo siempre la duración de la carrera como política, lo que es una complicación mayor”, mientras que Aliro Bórquez, su par de la UC de Temuco, señaló que la gratuidad “parte con una ley que ha generado ciertas dificultades” para alumnos e instituciones por la limitación de los años nominales que dura la gratuidad y que “una buena solución es poder avanzar al ‘N+1′, que, como se ha dicho, es sumarles un año más a los plazos nominales de cada carrera.

Así también lo ha dicho Osvaldo Corrales (U. de Valparaíso): “Evidentemente ha traído dificultades para las instituciones, que pasan a cofinanciar la gratuidad, porque ese año que los estudiantes se atrasan las universidades solo pueden cobrarles la mitad del arancel”. Por su parte, Eduardo Hebel (U. de la Frontera) aseveró que “es urgente conversar sobre la necesidad de extender en un año, al menos, la duración de la gratuidad, considerando que solo el 16% de (todos) los estudiantes concluyen sus estudios de acuerdo a la duración real de las carreras (...) creemos que es clave que se pueda cambiar este aspecto”.