Ni por correo ni online: Servel y La Moneda avanzan en proyecto de voto anticipado para las próximas elecciones

Plebiscito 2020

Para hacer efectiva la nueva modalidad de votación, se trabaja hoy en la búsqueda de un mecanismo que permita abrir anticipadamente las mesas de votación.


“La experiencia de lo ocurrido con las elecciones en Estados Unidos son sirvió bastante de muestra”, dice uno de los integrantes de la mesa de trabajo que conformaron el gobierno y el Servicio Electoral para avanzar en los proyectos de ley pendientes de cara al proceso electoral.

Desde hace semanas el grupo trabaja en la redacción de un proyecto de ley que establece una modalidad de votación anticipada que permitirá la participación electoral de personas privadas de libertad, con riesgo de contagio o con problemas de movilidad a sus lugares de votación.

La alusión a las recientes elecciones norteamericanas en las que finalmente salió electo John Biden por sobre Donald Trump apuntan al hecho de que el gobierno y el Servel descartaron la posibilidad de establecer un sistema de votación por correo electrónico como el que utilizan en Estados Unidos y que el saliente mandatario norteamericano ha puesto en tela de juicio. La modalidad de votación online ya había sido desechada antes de iniciar las conversaciones.

Así, la opción local -confirman desde el Ejecutivo y el Servel- es la votación presencial anticipada que el Gobierno aspira a que esté aprobada antes de las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyente del 11 de abril.

¿Cómo se llevaría a cabo? Para hacer efectiva la nueva modalidad de votación se trabaja hoy en la búsqueda de un mecanismo que permita abrir anticipadamente las mesas de votación. Para ello se evalúa la apertura transitoria de locales de votación en dependencias de los gobiernos regionales, en el Servicio Electoral o en la sede de servicios públicos. Todo el sistema operaría sobre la base de establecer una inscripción previa de manera de tener un cálculo de las personas que van a participar en el proceso.

Establecer la modalidad de voto anticipado para las próximas elecciones implicará una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios (18.700) que regula los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de todas las elecciones.

Para la elaboración del proyecto de ley de voto anticipado se ha mirado el modelo de Corea del Sur y también las experiencias de Ucrania, Canadá y Ecuador.

¿Y los contagiados con Covid?

Hasta ahora -dice un integrante de la mesa- no hay a la vista una fórmula para abordar la situación de los ciudadanos contagiados por Covid en las próximas elecciones.

Esta es una de las materias que deberá tratar la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo, dado que previo al plebiscito del 25 de octubre quedó a la vista que no había un criterio claro si prevalecía el derecho legal a sufragio o las normas sanitarias emanadas del Ministerio de Salud.

Al final el 31 de agosto, el Servicio Electoral descartó que las personas con coronavirus pudieran sufragar en el plebiscito, apuntando a que el gobierno se negó a patrocinar alguna iniciativa en esta línea.

La mesa de trabajo del Gobierno y el Servel ha sesionado con regularidad a través de zoom. El director del Servel, Raúl García, ha sido uno de los integrantes regulares de esa instancia. El ministro Cristián Monckeberg (Segpres) –según un integrante- ha asistido con regularidad también.

Por ahora se trabaja en los informes técnicos del proyecto de voto anticipado y se ha escuchado a subdirectores y personal de finanzas del Servel para ver el gasto que implicaría la instalación de mesas en las cárceles y otros lugares de atención.

En paralelo al trabajo de la mesa convocada por el Gobierno, en la comisión de gobierno interior de la Cámara de Diputados se avanza en una agenda paralela de cara a los próximos procesos electorales.

Allí se ha avanzado en una serie de propuestas de modificaciones legales que van a pasar a la sala de la Cámara en primer trámite y que abarcan desde la modernización del padrón electoral hasta normas relacionadas con el financiamiento y la rendición de cuentas de los partidos.

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