Niños en riesgo y 32 personas fallecidas en Colchane en los últimos tres años: el complejo escenario de la crisis migratoria en el norte

“Tienen asma, los niños se ahogan”. Eran las 6.30 de la mañana del sábado 29 de marzo y un grupo de migrantes venezolanos increpa a funcionarios de la Policía Nacional de Perú, a metros de la frontera con Chile. Entre quienes intentan entrar al país vecino había una mujer, quien ante las cámaras de TVPE relataba la situación de salud de sus hijos.

Las palabras de la ciudadana reflejaban lo crítico de la situación y los hechos que han llevado a que no sólo el gobierno del Presidente Gabriel Boric y las autoridades locales monitoreen de cerca lo que ocurre. Desde el Poder Judicial han hecho lo propio ante posibles vulneraciones en contra de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, lo que actualmente ocurre en Arica no es una situación aislada ni propia del lugar, ya que, según un reporte de Carabineros, en zonas como Colchane, en la Región de Tarapacá, se han registrado una treintena de muertos y miles de menores de edad que han ingresado de manera irregular.

Un día antes del enfrentamiento entre la policía peruana y los migrantes apostados en la denominada “Línea de la Concordia” -espacio entre los pasos fronterizos de Chile y Perú-, el Poder Judicial catastró el número de personas que se encuentran en ese espacio, tratando de salir del país e ingresar al país vecino.

En cifras de los jueces que se constituyeron en la zona, hasta el mediodía del viernes, había 170 personas intentando ingresar a Perú. De estos, 34 son niños, niñas y adolescentes, de los cuales 10 son menores de dos años. La situación de NNA es de especial preocupación para las autoridades, además del sistema de justicia, ante posibles vulneraciones a los derechos de estos menores de edad.

El reporte de la Corte de Apelaciones de Arica sostiene que hasta entonces se habían recibido tres llamados por parte de carabineros que estaban en el lugar para denunciar vulneración a los derechos de estos niños, los cuales rápidamente fueron reubicados en residencias familiares en la misma comuna. Lugares que también fueron revisados por magistrados de familia con el fin de asegurar la disponibilidad de espacios en caso de ser necesario.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas, sostuvo que “con la escasa información oficial de que se dispone, la mayoría de estos niños y niñas estarían con sus familias de origen. Desconocemos hasta hoy la cantidad de documentos oficiales que puedan darse de aquello para evitar la comisión de algún delito de secuestro, por ejemplo”.

La actual situación de NNA en Arica, en la región del mismo nombre, es algo que ya se ha visto en lugares como Colchane, en la Región de Tarapacá, lo que demuestra el drama que viven las personas que intentan cruzar las fronteras de la zona norte por pasos no habilitados. Según un informe de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, por ese paso casi el 50% de quienes cruzan son NNA.

Consultada al respecto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostiene que “como institución desde el 2020 venimos insistiendo en que el abordaje de la crisis migratoria tiene que ser desde una mirada integral no sólo criminalizadora ni desde la perspectiva de seguridad, desafortunadamente los gobiernos no lo han entendido y hoy día la crisis sólo se agudiza y no se observan soluciones concretas”.

En esa línea, Muñoz detalla que ha tomado contacto con sus pares de Perú, Ecuador y Colombia, aunque de estos dos últimos países no ha habido respuesta a la situación. “Nos parece imprescindible que acá se entienda que los derechos de este grupo de la población tienen que ser particularmente protegidos, considerando las obligaciones reforzadas que a los estados nos asisten en esta materia (...) Como Defensoría de la Niñez seguiríamos insistiendo y demandando de nuestro Poder Ejecutivo, pero también de los poderes que involucren la participación de otros estados, acciones concretas que permitan que estos niños salgan de nuestro país y lleguen a su destino protegidos”.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, sostiene a La Tercera PM que lo que ocurre en la frontera actualmente es delicado. “Es una situación en la cual los migrantes quieren salir del país, y lamentablemente como son migrantes que entraron de manera irregular o que no tienen su situación migratoria al día, no están pudiendo cruzar la frontera. Por lo mismo, lo que nosotros tenemos que hacer como país es primero catastrar, enrolar e identificar y, en segundo lugar, entregar lo necesario para que estas personas puedan cruzar la frontera y llegar a sus países de origen”, explica.

Por lo mismo, y tras visitar la zona, el gobierno anunció cuatro medidas para hacer frente a la crisis. La primera de ellas es reforzar los puntos policiales y de Fuerzas Armadas en la zona, aumentar los puntos de información a las personas migrantes y de ayuda humanitaria. Pero, además de eso, la autoridad activó un proceso de enrolamiento de las personas que se encuentran en la frontera y que buscan pasar hacia Perú.

Gajardo explica que este proceso permite identificar a las personas que se encuentran sin la documentación requerida, pudiendo entregarles un número de identificación, pero además de poder identificar a personas que cuentan con causas pendientes con la justicia.

La autoridad asegura que “es realmente importante identificar, darle una identificación y tener una identificación biométrica de las personas sin documentación que se encuentran en el país, para nosotros eso es fundamental por temas de seguridad nacional, para tener una migración ordenada y segura, tenemos que saber cuántas personas se encuentran en esta situación en nuestro país y tenemos, además, que identificarlas. En segundo lugar, si logramos hacer estos cruces y efectivamente hay alguien que tiene una orden de detención pendiente se pone a disposición de los tribunales”.

Con todo, el gobernador de Arica, Jorge Díaz, indicó que se requieren más acciones. “Pedimos al gobierno central que se pueda prorrogar la vigencia de infraestructura crítica en la frontera que vence el 24 de mayo, a efectos de que se mantenga la presencia y el resguardo militar en los pasos irregulares o no habilitados que existen en el sector. Y, por otra parte, aspiramos a que el gobierno adelante la medida 31 que incorporó el Presidente cuando anunció el acuerdo transversal de seguridad. Esto implicaría que el cálculo de las dotaciones de Carabineros se calcule de forma separada en aquellas regiones que tienen que destinar personal para el resguardo fronterizo”, sostuvo.

El jueves 13 de abril, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja visitó Colchane para verificar en terreno las medidas que se han tomado, además de revisar la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica. En ese contexto, los parlamentarios se reunieron con el comandante de la unidad de Carabineros en la comuna.

En el acta de la visita quedó constancia de las cifras que entregó el teniente coronel Mario Palma respecto de la situación de uno de los pasos fronterizos de la zona norte. En ese contexto, la policía uniformada informó a los parlamentarios que en lo que va del 2023 se ha reconducido a 5.309 migrantes que ingresaron de manera irregular al país, de los cuales 1.062 son niños, niñas y adolescentes.

La situación de los niños también fue abordada por la jueza del Juzgado de Familia de Iquique, María Olga Troncoso, quien también participó de la visita de los diputados. Según reportó la magistrada, casi el 50% de los migrantes son menores de edad, destacando que en los últimos tres años se han concedido medidas de protección. Junto con eso, la jueza expuso que actualmente hay adolescentes que ingresaron al país sin compañía de un adulto y que están próximos a cumplir 18 años, quienes quedarán en situación de calle.

Pero otro reporte entregado por Carabineros a los parlamentarios fue la cantidad de personas que han fallecido migrando. En tres años, son 32 las personas que han perdido la vida en el cruce de Colchane, de los cuales dos son NNA. El 55% de los muertos son de nacionalidad venezolana.

El funcionario policial aseguró que la principal causa de muerte de las personas migrantes se debe a enfermedades de base, aunque también se reportan causas de intoxicación al intentar ingresar con droga, así como también otros que mueren congelados.