Niños sin padre: el efecto colateral de las expulsiones de migrantes

"Apenas nos dieron cinco minutos para despedirnos de él. Y desde que se fue, nuestra vida se despedazó. Acá teníamos trabajo, nos iba bien, vivíamos cómodos, juntos los cuatro en un departamento en Quinta Normal, frente al Parque Los Reyes. Pero cuando lo expulsaron ya no pude seguir pagando el arriendo, tuve que vender todas las cosas que tenía, sacar a mis hijos del colegio y venirme a esta pieza que me prestaron, al otro lado de la ciudad".

Ese es el relato de una madre colombiana de 27 años, identificada con las iniciales K. O., pareja de uno de los 25 ciudadanos de ese país que fueron expulsados por el gobierno a fines de marzo pasado, producto de haber sido condenados por un delito, y por los cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llegó hasta la Corte Suprema con un recurso de amparo, alegando una supuesta detención ilegal. La resolución, dada a conocer la semana pasada, rechazó el recurso.

No obstante, no fue la tesis del Instituto lo que llamó la atención de las organizaciones pro migrantes, sino la referencia que el fallo hace al "arraigo familiar, laboral y social" de las personas expulsadas, apuntando a la situación de los hijos menores de edad que esos ciudadanos colombianos dejaron en Chile.

"Tales circunstancias fueron ponderadas por la administración (gobierno), al rechazar fundadamente las impugnaciones administrativas que fueron deducidas contra la decisión de expulsión", dice la resolución de la Corte.

Según explica el abogado especializado del INDH, Alexis Aguirre, "en el amparo expusimos la relevancia de considerar el interés superior del niño para evitar la expulsión. Este es un concepto incluido en la Declaración de los Derechos del Niño y otras Convenciones ratificadas por Chile, pero, lamentablemente, la Corte no considera esta situación ni los otros antecedentes positivos de estas personas".

De esta forma, se puso el foco en los hijos de estos hombres, deportados el 28 de marzo, que quedaron en Chile. Sólo con esta expulsión, son 14 los menores de edad que vieron partir a su padre. De ellos, 11 tienen la nacionalidad chilena. Lo que preocupa a las organizaciones pro migrantes es esta situación de "separación familiar". Ayer partió un avión con 42 ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana, y al menos cuatro niños menores de edad fueron alejados de su padre.

K. O. llegó a Chile junto a su pareja, José, en 2015. Al poco tiempo, logró traer a su hijo mayor, hoy de nueve años. Acá consiguió trabajo estable y obtuvo su visa temporaria. José estableció un negocio de repartición de comida. Luego tuvieron otro niño, nacido en el país, que actualmente tiene poco más de dos años.

"Nosotros sentíamos que Chile era nuestro hogar" dice K. O. Un mes después de que José fue deportado tras ser condenado por un delito, ella y sus dos hijos tuvieron que trasladarse a una pequeña pieza que una vecina les prestó en La Cisterna, en un taller de muebles acondicionado como habitación. Allí, durmiendo en una cama de una plaza, sin calefacción y con una cortina en la puerta, espera que su familia en Colombia logre reunir cerca de un millón de pesos para comprar los pasajes que les permitan volver a su país de origen.

Ella asegura que sus hijos ya no van a colegio. "Si nos vinimos a Chile fue porque vivíamos en el barrio más peligroso, con más drogas, asesinatos y delincuencia de la ciudad de Pereira y no queríamos que nuestros hijos crecieran ahí. Hoy no tenemos más remedio que volver".

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió al mencionado fallo de la Corte Suprema durante el proceso de expulsión de personas migrantes concretado ayer.

"El año pasado se expulsaron aproximadamente dos mil extranjeros, y en muchos de estos casos se han puesto recursos judiciales. En todos los casos se ha fallado a favor de la decisión del gobierno de Chile. Siempre se ha dicho que las resoluciones están apegadas a derecho", dijo la autoridad.

Respecto del caso de los niños, afirmó que "se ponderó la situación, y dado el análisis que hizo la Suprema, se consideró que esto también está apegado a derecho. Lo que ratifica lo que hemos dicho tantas veces, que nosotros actuamos de acuerdo al debido proceso en todas las instancias, tanto con una orden judicial como con las expulsiones administrativas".

El asesor en política migratorio del Ministerio del Interior, Mijaíl Bonito, explica que en estos casos la autoridad valora cada situación. "La ponderación tiene que ver con cuál es el nivel de arraigo familiar versus la gravedad de la infracción o el delito. El interés superior del niño es un concepto de tipo general, pero que se aplica en cada caso por separado".

Entre la veintena de casos revisados por la Corte Suprema en el amparo del INDH, estaba el de la pareja de E. C. (31). Ella viajó desde Manizales en febrero de 2014 a Chile junto a sus dos hijas, quienes hoy tienen siete y diez años. Antes de tomar la decisión de emigrar, el padre habría cumplido en Colombia una pena por consumo de drogas en una fiesta en 2003.

Según relata el abogado de la familia, Ignacio Donetch, hay reportes del colegio donde asisten las menores en que, desde que se materializó la medida de expulsión, ellas han bajado su rendimiento académico, que se ponen a llorar a ratos y que se han vuelto menos sociables. También preguntan por su papá.

Si bien el fallo de la Suprema no se resolvió a su favor, Donetch no descarta interponer otro recurso de amparo o recurrir a organismos internacionales. Estima que, en estos casos, no se resguardó a la familia como debiese ser, además de no respetarse el principio llamado non bis in ídem, el cual estipula que un delito no se puede sancionar dos veces.

Actualmente, E.C. viajó a Colombia a contraer matrimonio con su pareja expulsada. Es una de las alternativas que ellos estiman que podría lograr la reunificación familiar en Chile.

Víctor Hugo Lagos, abogado del equipo jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes, interpuso a comienzos de esta semana dos recursos de amparo con el fin de suspender la expulsión de dos extranjeros deportados en el vuelo de ayer. Ambos tenían antecedentes penales, uno en Chile y otro en su país de origen. En los dos casos la pena estaba cumplida.

"Eran personas reinsertadas en la sociedad, con contratos de trabajo y aportando dignamente a su familia (…) En estos casos ocurre la separación de una familia constituida en Chile", asegura Lagos.

El abogado añade que los niños estaban inscritos en el sistema educacional chileno. "Separarse de su padre los afecta, porque ellos ven todo el proceso".

En la comunidad de extranjeros residentes reunidos en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile hay preocupación con este tema, ya que se teme que podría afectar a "mujeres, madres de niños pequeños, chilenos, a quienes les negaron la visa en el proceso extraordinario de regularización".

Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la U. Alberto Hurtado, advierte que "algunos de esos niños van a quedar en una situación muy crítica y dramática".