La trama del alcalde Soto, la otra arista de la crisis de Rancagua

"En declaración prestada por el propio señor Soto en fiscalía, este manifiesta haber sido él quien decidía sobre los proveedores que se contratarían para la realización de actividades culturales con cargo a las subvenciones que la misma municipalidad había aprobado para la corporación, constatándose que existieron elevados gastos asociados a determinados proveedores por elevadas sumas de dinero (más de $200.000.000  en algunas ocasiones),  proveedores que habían trabajado previamente con el imputado en su campaña electoral como alcalde".

Con este escrito, la fiscalía de Rancagua insistió, la semana pasada ante el tribunal de Garantía de esa ciudad, con su solicitud de abrir las cuentas bancarias del alcalde de esa ciudad, Eduardo Soto (ex UDI), cuya causa hoy se inmiscuye con la denuncia que el fiscal Sergio Moya –titular de esta investigación- interpuso contra su superior, el jefe regional, Emiliano Arias. Esto, porque fue en la incautación realizada bajo la indagatoria al jefe comunal donde Moya tuvo acceso a los mensajes de whatsapp que Soto, en calidad de amigo, sostuvo con el ahora ministro del Interior, Andrés Chadwick, en 2017.

El tribunal rancagüino, sin embargo, resolvió este lunes 22 negar a la fiscalía el acceso a las cuentas de Soto, considerando que no hubo precisiones de lo que se imputa.

"Respecto del levantamiento del secreto bancario del imputado Eduardo Soto, y sin perjuicio de lo que pueda solicitarse con más y mejores antecedentes, por ahora, no ha lugar, por no haberse señalado los hechos que pudieren constituir actividades fraudulentas que el Ministerio Público investiga a su respecto, tipo o grado de participación que se le atribuiría, lapso que ello pudiera abarcar, montos que pudieren ser de su responsabilidad", dice el escrito.

La causa tiene como foco principal el Teatro Municipal de Rancagua. Y según ha señalado el propio fiscal Moya en la causa, el Ministerio Público indaga el destino de $3 mil millones, cifra que según peritajes, no posee respaldos en el presupuesto de la corporación cultural de Rancagua, la que administra el teatro. El Ministerio Público indaga las reiteradas contrataciones como proveedor del teatro de la productora Luna Negra. Al ser consultado por La Tercera PM, el dueño de esta sociedad, Marco Catalán, explica que es efectivo que trabajó para la campaña de Soto en 2016, así como lo ha hecho para las de otros candidatos UDI de la zona.

Según la declaración del exdirector del Teatro, Marcelo Vidal -formalizado en la causa-, la contratación de Luna Negra –que también figura como proveedora de la campaña de Soto- fue una instrucción de la alcaldía. "La adjudicación estaba hecha desde un primer momento a Luna Negra, no importaba el costo que tuviera, ellos harían el espectáculo sí o sí", dijo el ex director en su declaración que publicó Ciper Chile en 2018.

El Ministerio Público además indaga a otros proveedores de esta corporación.

Y entre las últimas actividades de esta causa, cuenta una cautela de garantía que interpuso ayer ante el tribunal, el abogado del alcalde Soto, Mario Vargas. En este plantea la violación a sus garantías en virtud de que se hayan hecho públicos los whatsapp entre su cliente, el ministro de Interior y su exabogado en la causa, Luis Hermosilla. "Desde el día 19 de abril del presente, por medio de la prensa, nos hemos informado que existen una serie comunicaciones por whatsapp entre mi cliente y diversas personas, las que han sido filtradas desde la causa de la referencia, no encontrándose dichas comunicaciones en las copias entregadas por el Ministerio Público a los intervinientes, lo que en definitiva, vulnera la garantía indicada precedentemente y el derecho a esta defensa de conocer efectivamente cuáles son todos los antecedentes existentes en la carpeta investigativa", dice el escrito ingresado ayer. Y donde se agrega: "Adicionalmente, y de mayor gravedad aún, es que dentro de las comunicaciones por whatsapp filtradas, existen conversaciones entre el Sr. Eduardo Soto y su abogado, en ese entonces, don Luis Hermosilla, lo que es una violación directa del derecho de secreto profesional entre cliente y abogado", puntualiza.

El tribunal fijará audiencia para la alegación sobre esta cautela, y el próximo 24 de mayo formalizará a Soto por malversación culposa, delito que alude a la responsabilidad del edil como director de la entidad.