“No se obtuvo la autorización requerida”: El portazo del Ejército al Consejo de Monumentos para visitar el regimiento declarado sitio de memoria

Hasta el momento ha sido una de las medidas que más han pesado en el Ejército, en el marco de los 50 años del golpe militar: la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de declarar como sitio de memoria al regimiento N°23 de Copiapó.

El acuerdo se tomó el 17 de mayo y fue anunciado por el propio ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre. “Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura”, luego de la sesión extraordinaria celebrada en el Salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda.

En seguida, en el Ejército hubo coletazos internos. En las filas uniformadas no cayó bien la medida, pues ese regimiento es una unidad de total importancia para la institución por el rol operativo que representa y que declararlo como “sitio de memoria” -según reconocen al interior de las filas uniformadas- afecta su seguridad.

El argumento que entregan en privado es que el regimiento quedaría expuesto a visitas y pondría en riesgo sus operaciones, como también la total disposición del recinto para realizar sus ejercicios y entrenamientos con explosivos y armas.

Sin embargo, en el gobierno le han bajado el perfil al tema. La ministra de Defensa, Maya Fernández, expuso el 31 de mayo ante la comisión de Defensa del Senado sobre la situación y, aunque reconoció que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, le transmitió sus aprensiones, sostuvo que su postura era “importante, pero no vinculante. Los consejeros aún con una opinión contraria pueden tomar una decisión distinta”.

En el Ejército nunca han estado cómodos con esta iniciativa, la cual se arrastra desde 2020, cuando la Agrupación de Familiares de Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama presentó la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales.

Sin embargo, es este año, en medio de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, que la declaración de sitio de memoria comenzó a agilizarse con más fuerza y para eso se decretaron una serie de diligencias, donde el Ejército dejó en clara su rechazo a la iniciativa.

Así da cuenta el acta del Consejo en que se aprobó la solicitud, junto a otros seis recintos utilizados durante el régimen militar como centros de tortura.

Según el documento, “el Regimiento de Infantería Motorizada N° 23 de Copiapó fue uno de los 20 recintos que se habilitó en la Región como lugar de detención y torturas, funcionando desde 1973 a 1975. Desde los primeros días posteriores al Golpe de Estado los detenidos eran llevados al Regimiento para ser sometidos a interrogatorios, incluyendo el traslado desde otros recintos, como la Cárcel de Copiapó. En el segundo piso del edificio del Regimiento funcionaba la Fiscalía Militar y una sala destinada a interrogatorios y torturas y la enfermería”.

Y, justamente, es en este segundo piso donde se quiere hacer la declaración de sitio de memoria, pero al cual nunca pudieron acceder los representantes del Consejo.

“En la planimetría original se reconocen dos volúmenes. Uno de ellos, por su forma, se distingue como el edificio ‘L’, en el cual funcionaba la Fiscalía Militar, la enfermería y una sala exclusiva para interrogatorios y torturas. Se realizó la solicitud de autorización al Ejército de Chile para acceder al bien y registrar su estado, sin embargo, no se obtuvo la autorización requerida”, dice el texto.

Según quedó consignado en el escrito, sólo se pudo hacer una fijación fotográfico desde afuera, lo cual en el Ejército -comentan en privado- se debe a que se trata de un regimiento que no cuenta con acceso al público general por motivos de seguridad. Según la institución, allí se realizan ejercicios militares y propios de su función.

El acta en que, finalmente, se tomó la decisión que molestó al Ejército se detalla que “el bien es una expresión de la historia reciente del país, de la represión como política de Estado y de la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su preservación en el tiempo es una contribución a la educación y promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad, como una expresión de la obligación estatal de garantizar la verdad de los hechos, reparar simbólicamente a la víctimas, sus familiares, a la sociedad en su conjunto y generar garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio”.

Por ahora, en la entidad castrense no han tenido más noticias de la declaración del regimiento como sitio de memoria. Los 50 años para el Ejército sigue siendo una agenda que incomoda y que, esperan, pase pronto.