Nueva ofensiva de la derecha para beneficiar a presos de Punta Peuco pone en alerta al oficialismo

A menos de cuatro meses de que un proyecto con un objetivo similar fuera rechazado en su idea de legislar en el Senado, diputados de oposición presentaron un indicación en una iniciativa distinta para entregar beneficios carcelarios a mayores de 75 o que se encuentren con una enfermedad grave.

Una medida de esa naturaleza favorecería mayoritariamente a condenados por causas de DD.HH. hoy recluidos en los penales de Punta Peuco y Colina I.

“Se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación”, dice la propuesta firmada por los parlamentarios Diego Schalper (RN), Johannes Kaiser (ind.-exrepublicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano).

Esta enmienda, introducida al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, se aprobó con una mayoría circunstancial de tres votos a favor y dos en contra en la Comisión de Seguridad de la Cámara.

En contra votaron los diputados Jaime Araya (indep.-PPD) y Lorena Fries (Frente Amplio), mientras la mayoría se alcanzó por la postura favorable de Kaiser, Andrés Longton (RN) y Cristián Araya (republicano).

Sin embargo, el oficialismo y el gobierno pretenden cuestionar la admisibilidad de la indicación en la sala (ese punto ya se había votado en la misma comisión), toda vez que al haberse rechazado un proyecto de objetivo similar en el Senado el 24 de enero de este año, debiera esperarse un año antes de reponer la discusión de una norma de características parecidas, según la interpretación que tiene la alianza gubernamental de las restricciones que establece la Constitución.

Además del efecto que tendría en condenados por violaciones a los DD.HH., en el oficialismo alerta que también abre la puerta para presos que están cumpliendo sanciones penales por crímenes comunes, pero igualmente graves, como narcotraficantes, abusadores sexuales, homicidas y secuestradores.

De hecho, esa consideración fue determinante en el fracaso de la otra iniciativa que se rechazó en el Senado en enero de este año. Esa fallida iniciativa, iniciada en moción de los senadores de RN Francisco Chahuán, Carlos Kuschel y Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Enrique van Rysselberghe (UDI), planteaba que puedan cumplir penas en su domicilio personas condenadas que padezcan enfermedades terminales o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, en el caso de los hombres 70 años y de las mujeres, 65.

Ante el riesgo de abrir la puerta a criminales comunes, algunos senadores de derecha se ausentaron de la votación y, al final, el proyecto se rechazó en general por 23 votos en contra y solo 21 a favor, a pesar de que las fuerzas opositoras hoy suman 27 representantes en la Cámara Alta.

El diputado Jaime Araya (indep.- PPD) cuestionó que esta nueva arremetida opositora en la Cámara vuelve a abrir peligrosamente una ventana para distintos casos graves. “Este proyecto es inadmisible. Este proyecto está pensado para sacar de la cárcel a quienes violaron los derechos humanos en la dictadura. Es una pésima señal. Pero, además, los que voten a favor tendrán que dar explicaciones de que van a liberar, por ejemplo, a condenados que violaron niños. Espero que se rechace”, sostuvo.

Por su parte los diputados comunistas Lorena Pizarro y Matías Ramírez comentaron que la medida “fomenta la impunidad y el genocidio”

“Nos parece impresentable lo aprobado por la Comisión de Seguridad. La derecha, esa que hace gárgaras con la defensa de la gente, quiere liberar a los peores criminales que ha conocido nuestro país”, aseveró Pizarro.

En respuesta, el diputado Cristián Araya (republicano) comentó que el proyecto en cuestión, al que se le agregó esta indicación, busca endurecer la mano contra los crímenes más atroces, pero esta es una apertura para reconocer el derecho a las personas a poder morir en su hogar y no terminar esposado a una camilla. “Efectivamente es una apertura, pero eso no implica que una persona que siga siendo un peligro para la sociedad salga en libertad. Esa distinción se realiza en la indicación y es responsabilidad de los tribunales tomar esa decisión”, dijo.

En el debate que se dio el lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Fries (Frente Amplio) argumentó que “es efectivo que hay personas adultas mayores en todos los centros penitenciarios, pero la concentración de adultos mayores está efectivamente en Punta Peuco”.

Y añadió: “Yo estaría de acuerdo con un proyecto así si se hubiera hecho la excepción respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Porque bajo esta indicación es posible también que esas personas que no han contribuido, que ingresaron tardíamente a los recintos penitenciarios, pasaron muchos años en libertad. La verdad es que no me parece de justicia”.

En defensa de la indicación, Kaiser (independiente), por su parte, dijo que “hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad, algunos de 80, 84, 90 años, incluso más, que se encuentran muchas veces en estado de demencia, que se encuentran sufriendo enfermedades terminales, y que no pueden ser, por tanto, sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta, sus necesidades y demandas de atención que son distintas a las de la población general”.

Esta indicación y el reciente proyecto rechazado en el Senado se suman a la enmienda que el Partido Republicano del Consejo Constitucional ingresó para modificar el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Esa disposición, que no prosperó con el rechazo a ese texto constitucional en el último plebiscito, indicaba: “Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.

En su momento, el Ministerio de Justicia informó que la población penal mayor de 75 años en Chile era de 325 internos, de ellas, 246 son personas condenadas por violaciones a los DD.HH.