A más de dos años del episodio de contaminación ambiental que afectó a las zonas de Quintero y Puchuncaví, el 23 de septiembre la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) reabrió la investigación y reformuló cargos en contra de Enap Refinerías S.A. (ERSA), titular del proyecto “Terminal Marítimo de Quintero”, al detectar nuevas infracciones.

Frente al escenario adverso, el 15 de octubre la petrolera estatal presentó una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Santiago en contra de la resolución y lanzó una fuerte arremetida, acusando a la autoridad de “sesgo”, “secretismo” y “prejuzgamiento”. En su escrito, la petrolera estatal -que cuenta con 70 páginas y que se mantenía en reserva a la espera del análisis de admisibilidad- cuestionó directamente al superintendente Cristóbal de la Maza, asegurando que “ha faltado al principio de imparcialidad” y “el debido proceso”.

De igual manera, Enap aseguró que previamente a notificar la resolución de reformulación de cargos, el jefe del servicio -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- apareció en distintos medios de prensa anunciando la reapertura del caso y culpando públicamente a ERSA. “Más allá del prejuzgamiento, llama la atención que la información haya sido incluso comunicada antes de que fuera notificada a esta parte, y que además quien apareciera haciendo declaraciones y atribuyéndose el acto de reformular cargos fuera el superintendente, y no el fiscal instructor del caso, como corresponde según la separación legal de funciones”, acotó Enap.

A modo de ejemplo, la petrolera citó la entrevista que concedió el superintendente a El Mercurio de Valparaíso el 24 de septiembre de 2020. En ella la autoridad sostuvo que “después de ir avanzando en la investigación, detectamos nuevas infracciones que permiten vincular las acciones que se realizaron en el Terminal Marítimo de Enap con los episodios de las atenciones médicas que se observaron el 2018, y por ende, se amplió la investigación. Vamos a reformular los cargos y reiniciar el procedimiento, pero ahora, por siete infracciones, entre ellos dos cargos gravísimos que son finalmente los que derivaron con efecto a la salud.”

“Llama la atención que, de acuerdo a los tiempos verbales utilizados por el Superintendente y la fecha de su publicación considerando la hora de notificación a ERSA, la entrevista fue realizada incluso antes de que se dictara la Resolución Recurrida. En este sentido, no sólo interfirió en labores que son propias del fiscal instructor y faltó al principio de objetividad, sino que además adelantó el contenido de un acto administrativo, que no es de su competencia, de forma previa a que el mismo fuera notificado a nuestra representada”, advirtió Enap.

A su juicio, “como resultado de la imperiosa necesidad que ha demostrado la SMA de encontrar alguna razón para culpar a ERSA de los eventos de intoxicación ocurridos en Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, ha pasado por alto las normas del debido proceso administrativo”. Así las cosas, “no sólo mantuvo por más de 500 días cerrada la investigación mientras realizaba importantes diligencias probatorias que fueron ocultadas a nuestra representada, en abierta contradicción con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, sino que también le ha imputado a nuestra representada supuestas actuaciones dolosas sin fundamento serio alguno y con el solo efecto de justificar su inexcusable demora y su inesperado giro argumentativo con la Reformulación de Cargos”.

Ayer el tribunal acogió a trámite la reclamación y ordenó en un plazo de 10 días a la Superintendencia de Medio Ambiente presentar sus descargos.

Según la Empresa Nacional del Petróleo, desde el 8 de mayo de 2019 -fecha del cierre de la investigación-, el procedimiento sancionatorio entró en “una fase de secretismo y reserva absoluta”. Más dura en el tono, Enap calificó de “curioso” que la SMA no cerrara el caso, sino que volviera al origen de la investigación a fin de mantener la misma tesis de culpabilidad. De hecho, en su reclamación Enap advirtió que por expresa orden del superintendente, la SMA ejecutó diligencias que le fueron “ocultadas”.

Entre las diligencias que -según Enap- no le fueron informadas, figura el informe del DICTUC sobre modelaciones climatológicas. Según publicó La Tercera PM, el informe indicaba que sería técnicamente imposible que los contaminantes supuestamente emanados del Terminal hayan llegado a Quintero y fueran la causa del evento de intoxicación que se le imputaba a nuestra representada.

La SMA "no sólo mantuvo por más de 500 días cerrada la investigación mientras realizaba importantes diligencias probatorias que fueron ocultadas a nuestra representada, en abierta contradicción con la LOSMA, sino que también le ha imputado a nuestra representada supuestas actuaciones dolosas sin fundamento serio alguno y con el solo efecto de justificar su inexcusable demora y su inesperado giro argumentativo con la Reformulación de Cargos”, aseguró en su escrito Enap representada por José Domingo Ilharreborde y Pedro Echeverría, socios de E-I Abogados.

La defensa de Enap también recordó el ultimátum que entregó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al entonces superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz a quien en medio de una conferencia de prensa solicitó que “antes de 48 horas entregue los resultados de investigación”. En esa línea, dijo, “es incomprensible que, en un plazo de dos semanas, la SMA haya sido capaz de reunir toda la información necesaria para imputar la responsabilidad en las intoxicaciones”. Más aun cuando -dijo- “la misma SMA declaró que, el caso concreto, envolvía un conglomerado de más de 15 industrias de gran escala, ubicadas una junto a la otra y de las cuales se emiten rangos semejantes de contaminantes en casi todas ellas”.

Por otro lado, la presentación de Enap también destacó la relevancia que tiene el terminal de Quintero para el abastecimiento del 85% de las gasolineras de la Región Metropolitana. Asimismo, recordó que los días 8 y 9 de agosto de 2018 se descargaron en dicho terminal 81.409 m³ de crudo iraní proveniente del buque Cabo Victoria, el cual contaba con altas concentraciones de ácido sulfhídrico. Para ello contrató a la empresa Baker Hughes del grupo General Electric para descargar el combustible. Todo este proceso se llevó a cabo con un circuito cerrado y se almacenó en tres tanques ubicado en el área de ampliación del terminal.

Para Enap la prueba más irrefutable de que no es responsable de las intoxicaciones que se le imputaron es que desde el 24 de agosto de 2018 el sistema de tratamiento de riles del terminal Quintero se encontraba completamente paralizado por determinación de la SMA. Sin embargo desde esa fecha continuaron ocurriendo cientos de nuevos casos de intoxicaciones en la zona, demostrando que las instalaciones de esa no era la causante de los intoxicaciones.

El caso cobra relevancia si se considera que en la reapertura de la formulación de cargos contra Enap, la SMA apuntó como nueva arista investigativa las acciones de descarga, almacenamiento y posterior drenaje del crudo iraní. Según planteó el organismo en ese entonces, esto se realizó por medio de la adición de un secuestrante en base a “formaldehído”, generando un riesgo en la población por los niveles de contaminación.

“Se infringió el deber de facilitar la fiscalización ambiental al no informar estas acciones durante nuestras inspecciones. La Ley Orgánica de la SMA es muy exigente en esta materia y establece la obligación de colaborar activamente con la investigación”, aseveró el superintendente De la Maza en septiembre, cuando reformuló los cargos contra la petrolera.

La Tercera PM contactó a la autoridad para conocer su visión sobre las acusaciones. A la hora de cierre de este artículo aún no se recibía respuesta.