Objeción de conciencia se toma el debate, ahora por proyecto sobre eutanasia

"El médico requerido para practicar la asistencia médica para morir podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de Salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones durante el procedimiento (…)", dice parte del artículo que fue aprobado ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención, que aprueba la objeción de conciencia, pero sin explicitar prohibición para instituciones.

Luego señala el mismo artículo "en este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante al paciente. Si en el establecimiento de salud todos los facultativos que podrían practicar la asistencia médica para morir son objetores de conciencia, el establecimiento deberá derivarlo en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción".

Un debate similar al que marcó la tramitación de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, se tomó ayer la sesión de la Comisión de Salud. En el marco de la discusión del proyecto que busca legalizar la eutanasia, tanto la oposición como el oficialismo se enfrentaron en torno al derecho a la objeción de conciencia de quienes, en este caso, por consideraciones éticas o religiosas, opten por no practicar la asistencia médica a un paciente que solicite ese procedimiento.

Y pese a que en el proyecto original que presentó la oposición se prohibía la posibilidad de que las instituciones manifestaran su objeción de conciencia –lo que en el caso del aborto fue declarado inconstitucional por el TC, organismo que eliminó una palabra del texto despachado por el Congreso, extendiendo así ese derecho a los centros de salud–, el mismo sector presentó una indicación que establece la objeción de conciencia individual y no explicita ninguna prohibición respecto de los establecimientos médicos.

Con la aprobación de esa enmienda, todo el resto de las indicaciones que habían sido presentadas por Chile Vamos para incorporar el derecho de las instituciones a objetar de conciencia, se dieron por rechazadas.

En la oposición habían advertido que el explicitar esa prohibición, en vista del antecedente que se sentó con el fallo del TC en materia de aborto, podría traer problemas en las siguientes etapas de la tramitación de la iniciativa. Así, explican en el sector, se optó por eliminar ese elemento de la redacción. Lo que pase luego en el TC, dicen, es otro asunto.

"Lo que nosotros aprobamos ayer es que el médico y el equipo médico puedan tener la posibilidad individual de la objeción de conciencia. Este es un proyecto de inspiración liberal que reconoce esa libertad al médico. Dejamos fuera de la ley la posibilidad de objeción de conciencia institucional, las indicaciones que presentó Chile Vamos en esa dirección fueron rechazadas, y entonces ahora la discusión es que pasará en el TC", dice el diputado Vlado Mirosevic, uno de los impulsores de la iniciativa.

En esta línea, el presidente de la instancia, Ricardo Celis (PPD), advierte que en caso de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional parte de la normativa al no considerar a las instituciones "tal vez ocurra, pero eso no va a ser con nuestros votos".

Para el diputado, también integrante de la Comisión de Salud, Jaime Bellolio (UDI), lo aprobado ayer por la instancia no puede ser considerado como una imposibilidad para las instituciones de ejercer el derecho a la objeción de conciencia. "Lo que se aprobó en ningún caso prohíbe, porque sería completamente inconstitucional, que haya una objeción institucional", sostiene.

Con todo, aún queda tiempo para que esa discusión se dé fuera del Congreso, ya que la iniciativa se encuentra recién en su primer trámite constitucional.

La Comisión de Salud, además, abordó ayer el proyecto de cuidados paliativos que presentó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que se encuentra con urgencia suma. Según el diputado Celis, la idea es tramitar ambos proyectos de manera paralela, para que en julio ambos sean despachados por la comisión.

En todo caso, en la oposición siguen exigiendo al Ejecutivo que presente un informe financiero para garantizar que la normativa tendrá los fondos para su ejecución en caso de ser aprobada por la Cámara.