¿Por qué los indultos de Castillo y Montenegro se firmaron un día después que los otros once? Las incoherencias sin responder del error del gobierno

Los 13 indultos del gobierno a personas condenadas -en su mayoría- por delitos vinculados al estallido social están rodeados de una serie de incoherencias que, a una semana desde que fueron comunicados por La Moneda, siguen sin responderse.

El episodio -y las dos derrotas consecutivas en el nombramiento del fiscal nacional ante el Senado- tiene en un complejo momento a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien junto con enfrentar una acusación constitucional que el próximo lunes presentará Chile Vamos, sufre de una mala evaluación por parte del equipo del Presidente.

A las solicitudes de renuncia de la oposición se le suma las palabras de la timonel PS, Paulina Vodanovic, quien apuntó a Justicia como responsable de los consecutivos traspiés políticos que han seguido de los indultos. En Palacio -donde Ríos llegó alrededor del mediodía de hoy a una seguidilla de reuniones- existe la convicción de que su cuenta corriente está agotada y no se descarta que pueda salir del cargo en los próximos días. De hecho, una versión asegura que este jueves estaba previsto que se le pidiera la renuncia, lo que finalmente no ocurrió.

Como sea, el capítulo de los indultos aún deja incógnitas sin resolver, las que se acrecentaron este jueves, cuando la cartera de Justicia publicó, a través de transparencia activa, los decretos de todos los condenados que recibieron este beneficio presidencial.

Una vez que se hicieron públicos estos documentos hubo un dato que, de inmediato, llamó la atención. En total hay 13 decretos de indultos, de los cuales 11 fueron firmados el jueves 29 de diciembre y dos se firmaron el 30 de diciembre. Estos dos últimos corresponden a Luis Castillo Opazo (37), condenado por desórdenes y robo en lugar no habitado; y Sebastián Montenegro Coo, condenado por porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones (25).

Esta diferencia de fechas lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué pasó entre el jueves y el viernes que hizo que el gobierno agregara dos decretos más? La respuesta a esa interrogante lleva de inmediato a una serie de cabos sueltos que no calzan y que tienen su origen en lo que el propio gobierno calificó como un error.

La historia parte a las 13.00 del viernes 30 de diciembre. Fue a esa hora cuando Presidencia envió un comunicado oficial del gobierno que llevaba como título: “Presidente de la República indulta a 11 personas”. La escueta comunicación enumeraba el listado de indultados.

Hasta ese momento todo parecía ir bien. La noticia comenzó a ser divulgada por los medios de comunicación y de a poco se comenzaba a saber quiénes habían sido los beneficiados por el Presidente Gabriel Boric. La calma se terminó media hora después.

Pasadas las 13.30 un miembro de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia empezó a alertar, en privado, a los periodistas. Desde la propia cartera se advertía que la lista publicada por Presidencia tenía errores.

La equivocación, tal como fue manifestado en privado y de forma explícita por Justicia, fue que Castillo y Montenegro no estaban indultados. Esto último iba remarcado en mayúsculas y negrita.

Al final se añadía un último comentario: “Alejandro Carvajal Gutiérrez SÍ INDULTADO y Matías Rojas Marambio SÍ INDULTADO”. Es decir, dos nombres del listado oficial de Presidencia -Castillo y Montenegro- no habían sido indultados y en cambio dos nuevos condenados -Carvajal y Rojas- habían sido omitidos de la comunicación del Ejecutivo, pero sí recibirían el beneficio. Carvajal había sido condenado por quemar la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, y Rojas, por lanzamiento de artefacto incendiario.

Cuando salió el primer comunicado de Presidencia, la senadora Fabiola Campillai (Independiente) -quien fue la principal impulsora de los indultos- guardó silencio. Ante las solicitudes para que se refiriera a la decisión del gobierno, el equipo de Campillai, pasado algunos minutos, transmitió que el listado estaba equivocado y que no hablaría hasta que La Moneda aclarara el asunto. La senadora pudo identificar de inmediato el error: ella misma había hecho gestiones por estos condenados y estaba en conocimiento de que tanto a Carvajal como a Rojas sí les correspondía el beneficio.

La advertencia de Justicia enredó todo. Ese viernes en la tarde las autoridades de La Moneda guardaban silencio y el ambiente se tensionó por varias horas entre los inquilinos de Palacio y los del Ministerio de Justicia. Los equipos del Presidente se contactaron con los de la cartera liderada por la ministra Marcela Ríos para corroborar que la lista original que les habían enviado correspondía efectivamente a los indultos concedidos por el Mandatario.

Una semana después esta cadena de errores se vuelve a enredar aún más. Al ver la fecha de los decretos ya publicados, la primera versión entregada por Justicia -que Castillo y Montenegro no habían recibido el indulto y que tenían que ser reemplazados por Carvajal y Rojas- tiene aún más sustento. Los indultos habían sido firmados el día anterior (29 de diciembre) y en ellos no estaba los dos primeros, pero sí los otros dos condenados. Por eso para Justicia, hasta ese momento, el error era evidente, ya que el comunicado de Presidencia no calzaba con los decretos que se habían firmado el día anterior.

La molestia de Presidencia fue tal, que presionaron para que Justicia se hiciera cargo, esta vez de manera pública, del error que ellos mismos estaban advirtiendo. El silencio del gobierno fue rotundo y duró hasta las 16.13 de ese viernes 30 de diciembre.

Pese a todo, en las últimas horas ha surgido otra versión en La Moneda: que el error en la nómina de indultados habría sido del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien tuvo un rol activo en todo el proceso de selección de los casos.

Volviendo al viernes 30 de diciembre, fue pasadas las 16.15 cuando la entonces directora de comunicaciones del Ministerio de Justicia, Alejandra Lazo, envió la versión oficial. “El ministerio informa que, por error, la unidad de comunicaciones del ministerio envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas por S.E. el Presidente de la República”, se leía en el documento, agregando que “al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia”.

Si esta última versión de Justicia fuera cierta, no tiene sentido que haya 11 indultos firmados el 29 de diciembre y solo dos firmados el 30 de diciembre. Más aún cuando los dos condenados que resultaron beneficiados un día después que el resto son justo los que la cartera de Ríos había informado que no recibirían el beneficio.

¿Qué fue lo que pasó entre el 29 de diciembre y el 30 de diciembre? ¿Por qué se decidió agregar, a último minuto, a dos condenados más dentro del listado de beneficiados? ¿Quién solicitó agregarlos? ¿Por qué si antes no habían calificado para el indulto, luego sí calificaron el viernes 30 de diciembre? ¿Hubo algún cambio de criterio? Todas esas preguntas siguen sin responderse.

La Tercera PM solicitó con tiempo a la Unidad de Comunicaciones de Justicia una explicación sobre lo ocurrido. Pese a la insistencia, la cartera de Ríos optó por el silencio y no respondió ninguna de las consultas realizadas.

La oposición calificó esta secuencia de errores como “graves”. Pese a la magnitud de lo ocurrido, hasta el momento ninguna autoridad de Justicia se ha hecho responsable. Lo único que pasó fue que el viernes en la tarde Lazo presentó su renuncia y la ministra la aceptó.