Presidente de Colegio de Abogados y crisis judicial en Rancagua: "Puede tener un efecto devastador"

La suspensión de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Hernández y Marcelo Albornoz Troncoso,investigados en tres indagatorias paralelas -nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias en la Fiscalía Sur; cohecho, prevaricación y enriquecimiento ilícito, en la de O'Higgins; y un sumario administrativo seguido en la Corte Suprema- ha sido tema central de la Convención Nacional de Colegios de Abogados que se realiza en Concepción.

Las causas suman una serie de aristas y arrastran no sólo a los tribunales de O'Higgins, sino también a una serie de profesionales de la zona. La Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua ordenó allanamientos en las oficinas de los abogados Gabriel Henríquez, Pablo Latorre, Víctor Beltrán, y Rodrigo Guerrero. Los profesionales son investigados por eventual tráfico de influencias. Para el presidente del gremio, Arturo Alessandri Cohn se está ante una situación inédita.

-¿Cómo observa el ingreso a oficinas de cuatro profesionales en O'Higgins?

-Aquí hay dos temas relevantes que deben equilibrarse: Está el secreto profesional establecido en favor de los abogados es una extensión del deber de confidencialidad que le debemos a nuestros clientes; por otro lado, está el deber de revelar la información confidencial para evitar la comisión o consumación de un crimen. Eso dice nuestro código de ética. Entonces si un abogado está en conocimiento de que se puede consumar un delito tiene la obligación de denunciar a la justicia. Pero acá se está en una situación diferente, porque aquí –de acuerdo a la investigación- el abogado ha sido el instrumento para cometer, supuestamente, irregularidades para favorecer a un cliente. De alguna manera se ha hecho cómplice, no sé si es el caso, con el cliente para obtener una resolución judicial de forma ilegítima. En ese marco, el allanamiento es para descubrir si aquí se cometió un delito o irregularidad: prevaricación, tráfico de influencias. Aquí se están mencionando hechos muy graves, no sólo familiaridad o cercanía entre abogados y jueces, sino también se ha denunciado el pago de dinero. Hay una serie de hechos que, de ser efectivos, serían muy graves.

-Lo diferencia, en esa línea,de lo ocurrido cuando se allanaron las oficinas de Enap y usted presentó un recurso de amparo.

- Es totalmente diferente. En el caso de Enap se trataba de una investigación ambiental que afecta a una empresa y ellos trabajan en esa empresa y en su oficina había un letrero que decía "abogados" y pese a eso la Fiscalía con la fuerza pública decide ingresar y llevarse toda la documentación. Eso nos parece que es una transgresión del secreto profesional que ampara al abogado y a toda la documentación que posee sobre un cliente. Ahora en cambio, estaría involucrado personalmente el abogado. El investigado es el abogado respecto de su relación con el poder judicial para favorecer a sus clientes.

-¿Qué consecuencias puede tener esta causa en la confianza ciudadana en la justicia?

-Puede tener un efecto devastador. Esto es gravísimo. Es completamente inédito que en una Corte de Apelaciones haya tres ministros suspendidos y haya una cantidad de funcionarios y abogados investigados. Estas trenzas, relaciones cercanas, tráfico de influencias es muy grave. Yo estoy ahora en una convención en Concepción de todos los colegios de abogados de Chile y este es un tema que nos ha ocupado parte importante de la discusión. De qué manera esto es una oportunidad para hacer presente al poder judicial la necesidad de hacer reformas sobre la carrera, las sanciones disciplinarias.

-¿Es posible que este tipo de irregularidades afecte también a otras regiones del país?

-No quiero creerlo, no tengo antecedentes, pero esto podría ocurrir en otras regiones y eso es lo que nos preocupa, porque cuando hay grupos pequeños, en zonas pequeñas, se crean lazos de amistad, se da pie a situaciones irregulares. Quiero creer que no, pero no lo puedo descartar, por eso estamos muy preocupados. Estamos exigiendo, por ejemplo, que la Corte Suprema mejore los canales de denuncia manteniendo el anonimato, de modo que estos hechos puedan denunciarse y prevenirse a futuro.