Presidente Socovesa: "Los permisos para un proyecto inmobiliario se han transformado en un punto crítico del negocio"

De lleno en la contingencia que afecta a la industria inmobiliaria entró el presidente de Empresas Socovesa, Javier Gras en su último reporte anual enviado al regulador del mercado de valores.

El socio controlador sostuvo que "los estudios, autorizaciones y permisos que deben obtenerse para el desarrollo de un proyecto inmobiliario se han transformado en un punto crítico del negocio y han traído, como consecuencia, un ajuste en los plazos históricos de desarrollo de un proyecto".

A su parecer durante los últimos años, el sector inmobiliario ha desarrollado en un contexto regulatorio y de comunidades más complejo. Zonas con regulación urbana insuficiente o la falta de claridad en la normativa vigente, han generado conflictos por proyectos de alta densificación y revisión de permisos otorgados, como ha ocurrido en la comuna de Estación Central. En las comunas de Santiago Centro y Las Condes, se ha cuestionado la validez de los planes reguladores comunales en aquellos aspectos referidos a premios o incentivos normativos.

"También hay nuevas regulaciones generales, como la Ley de Aportes Espacio Público, que aún no rigen a cabalidad por el dilatado trámite de redacción de su reglamento. Por otra parte, se han generado diferencias de criterios entre los organismos llamados a interpretar la legislación urbana tales como Seremi, Contraloría y Tribunales de Justicia. Y finalmente, es indudable que las comunidades y ONG están más preparadas que nunca, con puntos de vista razonables y legítimos, que exigen del sector –cuando menos- un trabajo más riguroso", sostuvo Gras.

"Si antes el inicio de la construcción requería de 6 a 12 meses desde que el terreno era adquirido, hoy esos plazos han aumentado y fluctúan en un rango que va de los 12 a 24 meses en promedio. Los permisos críticos hoy son los medioambientales, los Eistu (Estudios de Impacto sobre el Transporte Urbano), los anteproyectos de edificación, que fijan el marco normativo de un proyecto específico, y los permisos de edificación, que autorizan el desarrollo inmobiliario en el marco regulatorio definido en el anteproyecto", complementó.

"Tiendo a pensar que un adecuado manejo de esta área generará algunas barreras de entrada que eventualmente beneficiarán a las empresas que hayan sabido sistematizar y controlar adecuadamente los diferentes procesos que deben llevarse a cabo para poder enajenar un producto inmobiliario", agregó.

Frente a los mayores riesgos que enfrenta la industria inmobiliaria, Socovesa puso en marcha un plan preventivo interno. Se ha fortalecido el trabajo multidisciplinario entre las diferentes áreas de la empresa para prevenir eventuales conflictos tanto regulatorios como comunitarios.

"Así, arquitectos, revisores independientes, desarrolladores, constructores y abogados analizan pormenorizadamente las diferentes aristas regulatorias de un proyecto antes de proponer su ejecución. Luego está el trabajo gremial".

Según Gras "los diversos conflictos que ocurrieron durante el año a nivel país terminaron por levantar la hipótesis de la incertidumbre normativa en muchos foros, gremios y actores de nuestra industria". "Sin desconocer que efectivamente se ha incrementado el número agregado de casos difíciles en Chile, particularmente en zonas metropolitanas, debemos preguntarnos si existe realmente un problema generalizado de falta de certeza jurídica en la industria que pudiera ponerla en riesgo. Es indudable que las controversias que se están presentando son relevantes e implican algún nivel de incerteza normativa en algunas comunas, pero la industria —en términos generales— sigue siendo una industria sana".

"Creemos que las reglas del juego han sido y siguen siendo razonablemente claras y consideramos que, como compañía, hemos logrado adaptarnos oportunamente a un nuevo contexto donde han surgido diversas dudas e interpretaciones".

"De cara al futuro, entendemos que la previsualización por parte de todos los stakeholders de un proyecto y la participación ciudadana serán temas relevantes para el desarrollo del negocio inmobiliario y su mayor legitimidad. La gestión de las diferentes controversias que ha tenido la Empresa nos ha demostrado que la participación ciudadana tiende a disminuir el riesgo de los proyectos y que no tiene costos realmente incidentes en la rentabilidad", remató.