“Presiones indebidas” y un “llamado a retiro encubierto”: la carta de diputados de la UDI en que respaldan a Yáñez y critican el “criterio Tohá”
22 parlamentarios gremialistas señalaron que si el gobierno espera que el general director de Carabineros renuncie, debe llamarlo a retiro. De lo contrario, dicen, se está infringiendo la Constitución. Además, piden que no deje su cargo, lo que sería "una decisión valiente".
La bancada de diputados de la UDI afirmó que el gobierno ha ejercido “presiones indebidas” para concretar la renuncia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien, hasta ahora, deberá enfrentar a la justicia el 1 de octubre por delitos omisivos de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social.
En una carta dirigida a la máxima autoridad de Carabineros, donde presentan su respaldo a la gestión de la máxima autoridad de la policía uniformada, los parlamentarios critican el denominado “criterio Tohá”, aquel donde si una autoridad de gobierno va a ser formalizada debe renunciar a su cargo.
De hecho, la misiva parte citando una declaración de la ministra del Interior, de abril de este año. Esa vez la secretaria de Estado señaló: “Si un funcionario del gobierno o de instituciones dependientes de la Presidencia se enfrenta a un proceso de formalización, deberá dejar su cargo”, esto, con el fin de “evitar distracciones en el ejercicio de sus labores y proteger a las instituciones involucradas durante el desarrollo de las indagatorias”.
Durante el lunes, en Renovación Nacional (RN) y Evópoli también llamaron al gobierno a mantener a Yáñez en el cargo. “El criterio Tohá, de que si alguien es formalizado debe abandonar su cargo, me parece un pésimo criterio de cómo deben ocurrir las cosas en el país”, dijo el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea. Y es que en la coalición apuntan a que con la actual crisis de seguridad sería una mala señal realizar cambios.
Dicha declaración se vio reforzada por otra en el mismo tono de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emitida días después: “No hay ningún cambio ni innovación en el criterio que hemos fijado frente a autoridades que son formalizadas”.
Estos comentarios, a criterio de 22 diputados gremialistas, terminaron creando “presión” a Yáñez, lo que incluso, dicen, sería inconstitucional.
“Vale hacer presente que, según lo dispone el artículo 104 de la actual Constitución Política, para que el Presidente de la República proceda con el llamado a retiro del general director de Carabineros, antes de completar su respectivo período, deberá hacerlo “mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado”, lo que por ahora no ha ocurrido”, argumentan, y agregan: “Por lo mismo, a nuestro entender, la instauración de un criterio político que lo obliga, en la práctica, a presentar su renuncia antes de la formalización del 1 de octubre no es más que un llamado a retiro encubierto por parte de las actuales autoridades de gobierno, que a nuestro juicio infringe nuestra Carta Fundamental”.
“Si el Presidente de la República -en su legítimo derecho- decide que por la mera formalización usted debería dejar el cargo de general director de Carabineros, lo que corresponde entonces es que lo llame a retiro, cumpliendo todo el procedimiento que hoy establece la Constitución”, complementan en ese sentido.
Piden que permanezca en el cargo
En otro párrafo presentan su respaldo a la autoridad de Carabineros y piden que permanezca en el cargo hasta el término de su período, el 19 de noviembre: “La presente misiva no solo tiene por motivo manifestar nuestro más absoluto respaldo a la gestión que usted ha desarrollado durante estos casi cuatro años, sino que también solicitar, respetuosamente, que se mantenga en sus funciones hasta el último día de su mandato constitucional, descartando así cualquier posibilidad de presentar una renuncia”.
Para argumentar su petición ponen sobre la mesa la actual crisis de seguridad que enfrenta el país: “En medio de la crisis delictual por la que atravesamos y que se ha visto gravemente recrudecida durante los últimos meses, nuestro país no se puede permitir que la principal institución a cargo de la seguridad pública se vea descabezada de esta manera”.
En ese sentido, agregan que “la estabilidad de Carabineros de Chile, sobre todo en este minuto, es fundamental si queremos seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos, de tal manera que su salida anticipada solo traería mayor inestabilidad, tanto al interior de la institución como también hacia el exterior”.
Asimismo, la carta también tiene palabras para la fiscal que formalizará a Yáñez. “No queremos ahondar en las razones que, a nuestro juicio, motivan la persecución que el Ministerio Público mantiene en su contra, encabezada por los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, toda vez que fue este gobierno el que, respondiendo únicamente a las exigencias de un extremo de su coalición, decidió fijar un criterio que lo obligaría a renunciar”.
“Como Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) quisiéramos reiterar nuestra solicitud en orden a que pueda mantenerse en el cargo de general director de Carabineros hasta el término de su mandato constitucional. Una decisión así de valiente contaría, sin duda alguna, con el respaldo no solo de todos los integrantes de nuestra bancada, sino que también del resto de la ciudadanía y los chilenos”, afirmaron.
Última jugada para aplazar la formalización
Anoche, antes de la medianoche, la defensa del general director de Carabineros presentó un nuevo recurso de amparo con el fin de solicitar la postergación de la audiencia programada.
Esta jugada judicial, ahora ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se da luego que en dos oportunidades el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara aplazar su formalización.
La petición surgió debido a que uno de sus abogados, Jorge Martínez, se encuentra enfermo por una cardiopatía y no podrá asistir a la audiencia de la próxima semana. En ese sentido, sus otros abogados no tendrían tiempo de conocer la totalidad de la carpeta investigativa de la Fiscalía Centro Norte.
A juicio de sus defensores, esto vulneraría su derecho a defenderse contemplado en la Constitución.
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