Presos del estallido, perspectiva de género y anticorrupción: las conversaciones de la próxima ministra de Justicia con Abbott y Bermúdez

El martes 1 de febrero, a las 10 horas, la próxima ministra de Justicia, Marcela Ríos, llegó hasta la Fiscalía Nacional, en el centro de Santiago, para concretar una importante reunión protocolar con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y así avanzar en los acercamientos que el gobierno entrante busca concretar con distintas instituciones.

Lejos, al parecer, quedaron las aprensiones del nuevo gobierno con el liderazgo de Abbott en el Ministerio Público, luego de que el 10 de julio de 2018 un grupo de parlamentarios del Frente Amplio pidiera la remoción del fiscal, a través de una solicitud en la Corte Suprema. Si bien el requerimiento fue rechazado, el entonces diputado Gabriel Boric -y hoy presidente electo- manifestó su constante apoyo a esta idea.

Es más, el 27 de agosto del año pasado, a través de su cuenta de Twitter, Boric recordó esta solicitud y criticó nuevamente a Abbott: “En 2018 intentamos destituir al fiscal Abbott por su complicidad con la corrupción y perdimos, nos faltaron votos en la Corte Suprema. La mala noticia para los corruptos es que este año vota la gente, Chile está cambiando, y por eso, esta vez, les vamos a ganar”, dijo.

Ya con la elección ganada, el gabinete escogido y un tono más moderado, el gobierno entrante -en los hechos- no apunta a la destitución de Abbott. Así se puede desprender de la reunión que Marcela Ríos sostuvo con el fiscal nacional, donde se proyectó un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, para los próximos cuatro años.

En la cita se abordaron distintos temas que tienen en común la fiscalía con Justicia, como por ejemplo la situación de las personas detenidas durante el estallido social. Ambos coincidieron en que no sería una buena señal liberar a quienes hayan cometidos delitos graves durante las protestas, aunque Ríos le hizo ver que había un uso excesivo de las prisiones preventivas.

Sobre eso, Abbott le contestó que es la ley la que entrega el marco jurídico para pedir estas medidas cautelares, en los casos que se requiera, donde la fiscalía siempre se ajusta a los presupuestos materiales al momento de pedirlas. Conocedores de la cita, sin embargo, explicaron que todo se dio en buenos términos, dado que ambos se conocían por el trabajo que Ríos ejercía en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En esa misma línea, las mismas fuentes consultadas señalaron que Abbott quedó con una muy buena impresión de Ríos y que el hecho de que sea de profesión socióloga le aporta otra mirada al mundo de la Justicia, como por ejemplo, su idea de impulsar una perspectiva de género más marcada para el Ministerio Público.

Esto último, tomando en consideración que este año se deberá llevar a cabo la elección del sucesor o sucesora del fiscal nacional (quien termina su mandato en octubre próximo), donde Ríos le manifestó a Abbott que sería una muy buena señal contar con una mujer a la cabeza del Ministerio Público. “Nosotros no conformamos la quina de candidatos, pero yo espero poder tener buenas candidatas, eso es muy importante para darle un giro a ese cargo y tener a la primera fiscal nacional”, dijo el 30 de enero la futura ministra a La Tercera.

Consultada por La Tercera PM, Ríos señaló que esta reunión se enmarca “dentro de una ronda de conversaciones de trabajo para ocupar intensamente el tiempo antes de asumir el cargo. Tenemos muchos temas en común con la fiscalía que van desde lo protocolar a lo más particular. ¿Uso de prisiones preventivas? Se habló de todo lo que nos interesa”.

La ministra agregó que también pidió una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y distintas agrupaciones. “Quiero escuchar lo más que puedo”, señaló.

Luego de la reunión de Abbott, pero siete días después (el 8 de enero), Marcela Ríos se dirigió hasta las dependencias de Contraloría, en calle Teatinos. Allí se reunió a las 8.30 horas con el contralor, Jorge Bermúdez, con quien ya habían coincidido más de una vez, desde su cargo en el PNUD.

En este caso, la cita se centró en dos cosas: una que tenía que ver con mantener el trabajo que la Contraloría hizo con ella en el PNUD con la denominada “Agenda Anticorrupición”, pero ahora desde el Ministerio de Justicia, potenciando la fiscalíación, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas.

En ese sentido, Justicia tiene a su cargo a instituciones como Gendarmería, las que constantemente están siendo auditadas y fiscalizadas por el ente contralor. Por lo mismo, lo que se busca es potenciar y establecer un trabajo mancomunado con Justicia para avanzar en esa línea.

El segundo punto de importancia que se tocó fue la Ley de Denuncia Anónima, la cual está aún en tramitación en el Congreso, donde Justicia y Contraloría serán actores importante para su implementación. Será el ente contralor el que -en el caso de que se apruebe- quien deba canalizar estas denuncias y la cartera que liderará Ríos la que respalde el proyecto.