Prisión para alcalde Daniel Jadue se transforma en la peor derrota judicial del PC

Eran las 10.02 horas de este lunes cuando el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, era esposado y retirado del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para iniciar su período de prisión preventiva tras ser acusado por la Fiscalía como autor de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa en el marco del caso Farmacias.

A la misma hora que el alcalde era esposado y derivado al recinto carcelario Capitán Yáber, el presidente del PC, Lautaro Carmona, lo defendía en la explanada del Centro de Justicia, lugar al que llegó junto a la secretaria general, Bárbara Figueroa, y más de un centenar de adherentes del jefe comunal.

Y es que la decisión de la Fiscalía representa el golpe judicial más duro que ha recibido el Partido Comunista (PC) desde el retorno a la democracia, dado que el alcalde de Recoleta es una figura emblemática y fue el representante de la colectividad en las las primarias presidenciales de 2021.

El golpe, además, ocurre a un día del aniversario número 112 del PC, que se conmemorará en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a las 10.30 horas. Allí, el presidente del PC, Lautaro Carmona, entregará un discurso que preparó durante este lunes, en el que abordará la situación judicial de Jadue y la postura del partido.

Además de Carmona, asistieron al Centro de Justicia la diputada Lorena Pizarro y la exalcaldesa Claudina Núñez, ambas integrantes de la comisión política del PC, la instancia de mayor relevancia y espacio, en el que también está el alcalde de Recoleta. En la explanada de tribunales también había un equipo que servía consomés para la militancia y un pequeño grupo musical, que entonó cuecas y payas en defensa de Jadue y contra la justicia y el CDE.

“No es la cautelar que esperaba, pero bueno… Ella es la jueza y lo que viene ahora es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar”, dijo el timonel de la tienda de Vicuña Mackenna 31.

La prisión preventiva no estaba entre las posibilidades que evaluaban el PC y la mesa de Carmona. El jueves pasado, en la sesión de la comisión política que encabezó el timonel, se analizaron los distintos escenarios y se habló de las posibles medidas preventivas con las que podría quedar Jadue.

Sin embargo, en las filas comunistas creían que era más probable un eventual arresto domiciliario, la misma medida cautelar que recayó sobre otras figuras como la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ind. UDI), cuyo caso fue citado en el juicio por el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda.

En la comisión política del jueves se reafirmó el apoyo a la gestión política del alcalde, pero se intentó separar aguas respecto a su situación judicial, más allá de que la militancia PC ha insistido en la tesis del “lawfare” o guerra legal. Jadue no asistió a ese encuentro, ya que optó por ir a descansar tras un agitado segundo día de formalización.

Tras conocerse la decisión, Bárbara Figueroa publicó en su cuenta de X que “la medida cautelar contra el compañero Daniel Jadue es lamentable y desproporcionada, y creemos que se debe apelar. Como PC respetamos los tribunales de justicia y esperamos que esta etapa pública de la investigación y juicio termine por acreditar la inocencia de Daniel”.

En la misma línea, el comité central del PC emitió un comunicado en el que se planteó que “creemos desproporcionada la cautelar de prisión preventiva, porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jadue, al que seguiremos acompañando en este proceso. Tal como somos respetuosos de nuestro Estado de derecho y el pronunciamiento del Poder Judicial en este caso, defendemos el legítimo derecho a solidarizar con nuestro compañero”.

Durante este lunes el partido realizó una reunión extraordinaria de su comisión política para abordar el caso, en el que Jadue ya anunció que apelará. Dicho encuentro se inició a las 13.30, cuando Carmona retornó a la sede tras haber participado de un comité político ampliado en La Moneda, en donde se vio las caras con el Presidente Gabriel Boric. La cita, que terminó cerca de las 16.00 horas, también sirvió para hablar del aniversario de este martes.

Más allá del golpe sufrido, hoy en el PC cuentan con que Fares Jadue, concejal y candidato del oficialismo para suceder a Daniel Jadue, asuma el mando de Recoleta como subrogante.

Los diputados comunistas no tardaron en acusar una persecución política. “Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes”, escribió en sus redes sociales Carmen Hertz. “Se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha. Su objetivo tiene que ver fundamentalmente con detener lo que significa la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta”, lamentó la diputada Lorena Pizarro.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez sostuvo que “la persecución política es evidente contra Daniel Jadue. No hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad. Lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo”.

En tanto, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo -integrante de la comisión política del PC-, se remitió a indicar que la tarea del gobierno es “cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial”.

Incluso algunas voces fuera del PC se sumaron a ese mensaje. Por ejemplo, el diputado socialista Juan Santana afirmó que es “inentendible la ligereza con que se utiliza la prisión preventiva en Chile (...). Parece que el garantismo aplica a conveniencia cuando los juzgados son de cierto sector. Completamente desproporcionada la medida adoptada con Jadue”.

Otros, en cambio, optaron por tomar distancia y condenar al jefe comunal. “Daniel Jadue no es un preso político, no ha sido objeto de persecución política. El Ministerio Público y el Poder Judicial son órganos autónomos, independientes del Estado, que están haciendo su trabajo (...). Se trata de delitos extremadamente graves”, dijo esta tarde el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD).

Tras conocer la resolución, Carmona profundizó sus dichos en Radio Nuevo Mundo, sobre que “dependiendo del desenlace (de la formalización), puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.

“Un funcionario público, alguien que tiene tarea pública, deja de realizarla por esta cautelar, y ahora el juicio puede continuar”, afirmó este lunes en el Centro de Justicia, lugar al que concurrió también el primer día de la formalización del alcalde. En ese sentido, planteó que “si la cautelar no hubiera existido, él podría haber seguido funcionando como alcalde”.

Pese a las explicaciones, sus dichos no cayeron bien en el resto de la alianza de gobierno. “Hay que esperar que la justicia haga su trabajo. No corresponde a las autoridades políticas dar opiniones de fondo. Aquí hay instancias pendientes todavía, existe un recurso de apelación, por tanto yo prefiero ser respetuosa de la institucionalidad de nuestro país”, dijo esta mañana en La Moneda la senadora Paulina Vodanovic, a su llegada al comité político.

El líder de los radicales, Leonardo Cubillos, dijo que los dichos de Carmona “no se ajustan a la realidad de un país democrático y que respeta la institucionalidad de los poderes del Estado y su autonomía”.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló que “Lautaro hace una apreciación desde la molestia que le genera al PC esta formalización. Ahora, yo creo que la justicia tiene que operar. Tendrá que demostrar su inocencia en tribunales y ahí salir airoso. Pero, en general, como ha sido muy mediático, hay mucha preocupación de ellos por los efectos mediáticos. Yo creo que es un error”.

Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, marcó una diferencia. En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado afirmó que “yo no comparto eso. Cuando un fiscal pide medidas cautelares y cuando un juez las decide, está tomando una definición respecto al mérito de la causa (...). No creo que eso tenga, ni deba tener, ni nadie de nosotros se deba prestar para que tenga ninguna otra lectura más que hay una investigación penal respecto a una persona que es política”.

Sobre la continuidad de su militancia, el diputado Marcos Ilabaca (PS) aseveró que es una decisión que debe tomar el PC. Sin embargó, enfatizó que “al interior de mi partido cada vez que existe un involucrado en algún delito grave, se le ha suspendido la militancia o ha sido el propio militante el que lo ha solicitado”.