“Protección Civil y Convivencia Ciudadana”: El apellido que el gobierno quiere dar al Ministerio de Seguridad y las dudas que genera la demora por la nueva Ley de Armas

El 3 de mayo, la ministra del Interior, Izkia Siches, acompañada por el subsecretario Manuel Monsalve, llegaron hasta la comisión de Seguridad Pública para presentar el plan legislativo del gobierno. La idea era fijar las prioridades del Ejecutivo en esta materia donde destaca el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia, apurar el trámite del Ministerio de Seguridad y el despacho de una Ley Corta de Armas.

A más de un mes de esa exposición el Ministerio del Interior trabaja intensamente en ese plan, en coordinación con los asesores legislativos de los senadores oficialistas de la comisión, donde hay un tópico que llamó profundamente la atención de los parlamentarios, tanto en los partidos de gobierno, como en la oposición: el apellido para el Ministerio de Seguridad Pública.

El proyecto original fue presentado el 27 de septiembre del año pasado en el Senado, donde el gobierno de Sebastián Piñera planteaba separar al Ministerio del Interior de sus funciones respectivas a la Seguridad Pública y entregarle una nueva institucionalidad, lo que se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades. Aunque la iniciativa no ha avanzado, el trabajo prelegislativo ya está en marcha.

Y fue en esas conversaciones, entre los asesores legales de los parlamentarios y los enlaces legislativos del gobierno, que el Ejecutivo planteó una serie de cambios a la idea original del proyecto de la administración Piñera. Una de ellas es cambiar el nombre del ministerio y dejarlo como “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”, lo cual no generó el consenso esperado.

El presidente de la comisión de Seguridad, el senador PS, José Miguel Insulza, explica que “no es tan buena idea. Esto no tiene nada que ver con algo contingente y, en realidad, con menos apellidos mejor. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; los DD.HH son parte de la Justicia, entonces es redundante. No me gustan mucho. En ese caso prefiero que se enfoque en un 100% para lo que se pretende crear, que es la Seguridad Pública, ese tiene que ser el tema”.

Para el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a quien le tocó exponer sobre el proyecto en Senado una vez que fue ingresado, la idea “hay que ver cuál es el contenido de estos adjetivos, porque es más lo que confunden a lo que aclaran, porque cuando se agregan muchos nombres a los ministerios se pierden un poco el foco de su origen. En este caso, lo mejor es que tenga un foco director en la seguridad, ya que ese fue el diagnóstico en su momento”.

Otro de los cambios que el gobierno pretende ingresar al proyecto original consiste en eliminar las facultad de presentar querellas por parte de este ministerio, por lo que esta acción solo quedaría radicada en Interior. Otra de las críticas que hacen otros dos senadores de la comisión es que no hay referencias a la Ciberseguridad y se eliminan las referencias al terrorismo e infraestructura critica.

Insulza señala que “espero que eso ni siquiera se discuta, porque hay que centrarse en los principal, que son las facultades de este ministerio. Por ejemplo, el que querellarse quede o no en Interior, no me parece relevante, tampoco. Espero que eso, incluso, no se discuta. En todo caso, para eso también se extendió el plazo para entregar oficialmente las indicaciones (15 de julio a las 12.00 del día)”.

Además, el gobierno estaría buscando acentuar el control civil por sobre las policías, especialmente sobre Carabineros. En ese sentido, tanto los asesores legislativos de Interior como del PS, están revisando la posibilidad de, por ejemplo, hacer un férreo control civil por parte de este Ministerio de Seguridad a las finanzas de la policía uniformada.

Para Galli, esta idea, tampoco tendría mucho sentido. “El control que debe ejercer el poder político es un control que no es financiero contable, sino que político. Este ministerio tiene que fijar los objetivos y que se cumplan, haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos que ya existen desde el año pasado, como el del Ministerio del Interior, el cual cuenta con Consejos de Auditorías, y además también está el control de la Contraloría”.

El día que la ministra Siches y el subsecretario Monsalve presentaron sus intenciones legislativas en el Senado, además se pusieron una fecha límite. En el Power Point que mostraron dieron cuenta de una linea del tiempo en que se fija el mes de junio como el mes en que se ingresaría una denominada “Ley Corta de Armas”.

Sin embargo, terminado el mes de junio, aún no se presenta esa iniciativa legal, donde se pretende plantear un modelo en que la adquisición e inscripción de armas deba estar justificada y se otorgue sólo para fines calificados, además de restringir el acceso a las armas a quienes la hayan perdido o la hayan reportado hurtada o robada.

El exsecretario del Consejo para la Reforma de Carabineros, el abogado Ronald Von Der Werht, cree que “el gobierno ha improvisado en materia de seguridad. Prueba de ello es que no han puesto plazos fijos para cumplir las 33 medidas anunciadas y las que tampoco parecen ser suficientes. Además, los senadores de oposición han propuesto medidas concretas, pero sin ser escuchados, por lo que falta una visión de un Sistema de Seguridad Pública Integral”.

En esa línea aún no hay un plazo nuevo para ingresar esta Ley Corta de Armas, sin embargo, este tema no es algo prioritario para el senador Insulza, lo cual deja en evidencia que no será una batalla fácil para el gobierno en el Congreso, dado que no es un tema que actualmente encuentre consenso. El exministro del Interior (2000-2005) lo resume así: “El tema son las armas ilegales, entonces ¿qué sacas legislar sobre las armas inscritas?. Quizás ponerle habría que ponerle más restricciones a los compradores, o el test sicológico para estos... pero este no es el momento”.